“La realidad de los desplazamientos masivos en Buenaventura”
El Distrito de Buenaventura es una zona caracterizada por su importancia portuaria y su ubicación estratégica en la costa del pacifico colombiano, sin embargo, enfrenta múltiples desafíos en términos de violencia, pobreza y la falta de infraestructura básica para el desarrollo del territorio.
En ese sentido, las comunidades negras e indígenas pertenecientes a las zonas rurales del distrito son las más vulnerables a estas situaciones de riesgos, dado que el poder adquisitivo que ha adquirido los grupos armados ilegales y la falta de atención gubernamental, con lleva a que las comunidades se desplacen de sus territorios para salvaguarda sus vidas.
Aunado a lo anterior, en el primer semestre de 2024 (enero a junio), CODHES reporta que en Buenaventura se han registrado cuatro eventos de desplazamientos múltiples y masivos (DMM), afectando a 1.030 personas en el distrito. Cabe destacar que, según el SISDHES, el 100% de los DMM en el Valle del Cauca ocurrieron en Buenaventura.
Todas estas situaciones, complejizan la estabilización de las comunidades en el territorio y el desarrollo cultural de cada una de ellas, generando que estas tengan que abandonar sus territorios y sus prácticas culturales con el fin de salvaguardar sus vidas.
CAUSAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS MASIVOS:
Los desplazamientos individuales y colectivos en Buenaventura son el resultado de múltiples factores, como la violencia de grupos armados que operan en la zona, la falta de respuesta integral por parte de la institucionalidad local, regional y nacional en el distritos de Buenaventura y la falta de inversión social para que los jóvenes puedan establecer sus proyectos de vida, estas dinámicas han llevado a que las comunidades se vean obligadas a abandonar sus territorios, surgiendo así un desarraigo cultural y ancestral en la población bonaverense.
CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS:
El desplazamiento masivo no solo afecta a las comunidades de zonas rurales del distrito de Buenaventura, también tiene profundas repercusiones en la estructura social del territorio y en la economía, las familias y las comunidades desplazadas enfrentan barreras significativas en el acceso a los derechos y libertades fundamentales, tales como la educación, el goce de las prácticas culturales y asentarles, el pan coger como su actividad diaria, claramente este fenómeno debilita el tejido social, perpetuando así el ciclo de violencia y marginalidad. Es preciso destacar que el distrito de Buenaventura no hay albergues para proteger a las personas se desplazan en situaciones de emergencia, lo que lleva a la institucionalidad local a crear albergues autogestionados que no cumplen con las garantías mínimas de protección y dignidad. Exponiendo a la población a múltiples riesgos y condiciones precarias, causando así una doble afectación con daño.
CONSECUENCIAS PARA EL ACCESO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES:
Es preciso resaltar que las comunidades rurales del pacifico Colombiano han mantenido y fortalecido con el pasar de los tiempos sus prácticas culturales y ancestrales, como símbolo de ello, la partería, es una práctica fundamental para las comunidades, donde las mujeres gestantes requieren el acompañamiento de las mayoras, las parteras para tener sus hijos, en ese sentido, esta hermosa practica ha sido históricamente invisibilizada, especialmente cuando las personas pertenecientes a las comunidades indígenas o negras se enfrentan a múltiples hechos victimizantes que los obliga abandonar sus territorios y se desplazan hasta el casco urbano en busca de proteger sus vidas.
Una de las principales consecuencias de esta situación es que, al nacer mediante la partería, muchas personas no acceden al derecho a la identidad, nacionalidad, al registro civil de nacimiento, a la salud entre otros derechos que son inherentes a la vida del ser humano, colocándolos en una situación de apatridia. En contexto, cuando se presenta un desplazamiento individual o masivo es donde surge la vulneración a los derechos mencionados, dado que, la falta del reconocimiento oficial de la persona impide que las víctimas puedan acceder a los derechos como víctimas y quedar incluidos en el registro único de victima establecido por la ley 1448 del 2011, por lo tanto, limitándolos así a acceder a las medidas de reparación y garantías de no repetición.
RETOS PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL:
La atención integral a las poblaciones desplazadas en el distrito de Buenaventura ha sido un tema recurrente de crítica, por la insuficiencia de políticas públicas como por la falta de una coordinación efectiva entre las diferentes entidades gubernamentales. A pesar de los esfuerzos institucionales, persisten desafíos significativos para garantizar la protección y el bienestar de las personas afectadas por los hechos victimizantes que generan los actores armados, lo que subraya la urgencia de una planificación más integral y de largo plazo para la población civil. Es importante que la institucionalidad local, regional y nacional, implemente políticas más efectivas que no solo respondan a las emergencias, si no que promuevan una inclusión social generando el acceso a los servicios básicos a través de rutas claras para realizar la exigibilidad de los derechos, en este contexto la sociedad civil, como los lideres y lideresas juegas un papel crucial, no solo en la sensibilización sobre las problemáticas que surgen en el territorio, sino también en la defensa activa de los derechos humanos desde el enfoque étnico diferencial.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno local, regional y nacional en el territorio, es la falta de un compromiso claro y eficiente con relación al plan de contingencia, el cual es fundamental para mitigar los efectos de los hechos victimizantes que consagra en la ley 1448 del 2011. En ese sentido, en el año 2020 al 2023, el gobierno local no contemplo el plan de contingencia con el propósito de tener una ruta clara para responder a las emergencias que se podrían presentar mediante las diferentes alteraciones de orden público por los actores armados que operan en las zonas rurales y urbanas de Buenaventura, permitiendo así evidenciar la falta de preparación institucional frente a los riesgos de violencia. Esta carencia aumento la vulnerabilidad de las comunidades, dificultando así una respuesta en inmediatez correspondiente a la institucionalidad, donde las comunidades empezaron a enfrentar acciones con daño por parte de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
En la actualidad, se está elaborando un nuevo plan de contingencia diseñado para abordar de manera integral las necesidades de las comunidades desplazadas por los actores armados ilegales que hacen presencia en el distrito de Buenaventura. Este proceso es crucial para construir una ciudad más resiliente, capaz de enfrentar de forma sostenida los desafíos sociales. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá, en gran medida, del grado de compromiso y de la capacidad institucional para llevarla a cabo y obtener una aprobación en el comité de Justicia transicional y de esta manera poderlo incluir en el plan de desarrollo del distrito de Buenaventura. Asimismo, es fundamental que el plan de contingencia sea socializado en los diferentes territorios del distrito, de modo que los líderes y líderesas puedan conocer las rutas para exigir de manera efectiva el respeto y cumplimiento de los derechos de las poblaciones víctima del conflicto armado. La participación de la sociedad civil, junto con la implementación de políticas claras, resulta esencial para lograr una transformación duradera en el territorio bonaverense.
CONCLUSIONES:
Los desplazamientos masivos en Buenaventura constituyen un desafío complejo que exige una respuesta integral y sostenida tanto del Estado como de la sociedad. Enfrentar esta problemática no es únicamente una cuestión de políticas públicas, sino también un compromiso ético y social que exige la colaboración activa de todos los actores involucrados para garantizar la dignidad y los derechos de las personas afectadas desde el enfoque étnico diferencial.
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