“Si las extintas FARC están verdaderamente comprometidas con la consolidación de la paz, deberán —al igual que ocurrió con ETA en España e IRA en Irlanda—, circunscribir su acción exclusivamente a la contienda democrática, ganando elecciones y sometiéndose a la Constitución y la Ley. Cualquier otra forma distinta a la participación política, como en años anteriores, resultaría inadmisible.”
El año 2026, marcado por una creciente tensión y algidez política, se perfila como un punto de inflexión para la democracia colombiana. De un lado, sectores cercanos al Presidente Petro buscan dar continuidad a su proyecto político con figuras como el senador Iván Cepeda, quien se proyecta, después de haber ganado la consulta interna del Pacto Histórico, como heredero natural de las banderas progresistas. Ahora bien, resulta menester recordar que el actual mandatario, en ocasiones, insiste en la idea difusa de una constituyente, ¡quién sabe para qué! Por otro lado, existe un bloque denominado “antipetrista” que agrupa sectores del centro y la ultraderecha cuya finalidad es impedir que el progresismo continúe en el ejecutivo nacional.
Sin embargo, en medio de estas confrontaciones, la opinión pública pareciera pasar por alto un hecho trascendental que marcará el rumbo del país: la salida del partido Comunes, antigua guerrilla de las FARC, del Congreso de la República. Este acontecimiento, previsto desde la firma del Acuerdo de Paz, entraña tanto oportunidades como riesgos, que pretendo abordar en esta columna de opinión.
Gracias a los Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 03 de 2017, por medio del cual se reguló el componente de reincorporación política de los insurgentes. Es precisamente este acto que estableció, entre otros, los siguientes asuntos: i) le reconoció personería jurídica al Partido Comunes, colectividad política creada por los exmiembros de las FARC; ii) los facultó a acceder en las mismas condiciones y en los mismos medios que los demás partidos; iii) les otorgó curules fijas en el Congreso de la República con 5 escaños para las legislaturas de 2018-2022 y 2022-2026, cuestión que implica que el próximo año ya no las tendrán.
El principal reto que esto supone es que la colectividad, que ahora es de naturaleza política, retorne a sus orígenes bélicos. Eso es algo que no puede acontecer, pero más que una acción del Estado, el compromiso real debe provenir por parte de ellos. En consecuencia, si las extintas FARC están verdaderamente comprometidas con la consolidación de la paz, deberán —al igual que ocurrió con ETA en España e IRA en Irlanda—, circunscribir su acción exclusivamente a la contienda democrática, ganando elecciones y sometiéndose a la Constitución y la Ley. Cualquier otra forma distinta a la participación política, como en años anteriores, resultaría inadmisible.
En síntesis, el reto que esto supone es evitar caer en dinámicas del pasado donde la insurgencia era una amenaza latente, pero la oportunidad de la presente situación es que ya no estarán automáticamente en el Congreso de la República, cuestión que sentará muy bien a sus víctimas a lo largo y ancho del país.
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