La iniciativa privada es la facultad de toda persona natural o jurídica, de emprender o desarrollar, con plena autonomía, cualquier actividad económica de su preferencia, a través de la disposición e intercambio de bienes y/o servicios. La iniciativa privada no se limita a las actividades directamente lucrativas, sino que se extiende a las no lucrativas, con muy diversos fines, como las fundaciones; confluyendo con la llamada iniciativa social, como las organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa privada desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía, tanto en términos económicos como sociales, debido a que es el principal generador de empleos e inversión, Colombia cuenta a cifras de julio de 2018 con 22’331.000 de personas empleadas, de estos, el 95,9% son empleados en el sector privado. El sector privado colombiano está constituido principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, que generan trabajos calificados, respaldando las prácticas de responsabilidad social empresarial dentro de sus empresas y buscando la integración con las cadenas de valor local, nacional, e internacionales.
Está claro que la iniciativa privada es la fuerza que impulsa el desarrollo social y económico de un país, pese a las problemáticas que enfrenta, varias de éstas se encuentran fuera del alcance de las empresas, debido a que el encargado de solucionarlas es el Estado por medio de políticas públicas en materia económica. Sin lugar a dudas, la iniciativa privada necesita la formulación de políticas publicas que generen mayor confianza y estabilidad a la hora de crear o invertir en negocios y favorezcan el crecimiento de las iniciativas privadas, permitiendo el acceso a mercados nacionales e internacionales, y, a una información más clara, y confiable con los negocios, servicios de asistencia técnica y financiamiento. El Gobierno desarrolla un papel importante en la iniciativa privada, pues debe establecer los lineamientos bajo los cuales las empresas deben operar. Las reglas del juego deben asegurar y permitir la existencia de mercados competitivos, siendo primordial un marco jurídico y normativo, claro, estable, confiable y adecuado.
El Estado debe promover un marco regulatorio donde se genere un buen ambiente de negocios en términos de costo, estabilidad, tiempo y trámites; los procesos regulatorios deben ser más simples y transparentes para facilitar la constitución de nuevas iniciativas privadas, fomentar el crecimiento económico y con esto lograr favorecer la formalidad en los empleos, incrementar la recaudación fiscal y reducir la corrupción. La iniciativa privada puede desempeñar un papel mucho más activo en el desarrollo de la sociedad, mediante la innovación social y tecnológica, en la producción de bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la población.
Finalmente, para contribuir a la prosperidad del país, la iniciativa privada debe avanzar en articular y fomentar una sana relación con el gobierno nacional para generar una mayor confianza que permita a todos los actores trabajar en la misma dirección ¿Logrará el Gobierno Duque avanzar en esta dirección? ¡Tarea de todos!
