RESUMEN EJECUTIVO
La semana del 23 al 27 de febrero de 2026 quedará registrada como una de las más densas del año en términos de confluencia de riesgos. Tres eventos de naturaleza distinta —el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inconstitucionales los aranceles generales impuestos vía IEEPA, el lanzamiento de la operación militar “Furia Épica” contra Irán el sábado 28 de febrero, y la publicación del proyecto de decreto colombiano que ordenaría el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones— actuaron como catalizadores de una reconfiguración simultánea del riesgo en múltiples clases de activos y geografías. No fue una semana de un solo titular: fue una semana en la que cada mercado procesó su propia versión del mismo fenómeno de fondo, que es el deterioro de la predictibilidad de las reglas de juego tanto en el orden global como en el doméstico.
En el plano internacional, el reordenamiento arancelario estadounidense añade $2,4 billones a la deuda pública de EE.UU. hasta 2035 y obliga a Washington a improvisar instrumentos legales alternativos mientras el Congreso no provea cobertura legislativa. La operación contra Irán pone sobre la mesa el riesgo de una interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz —por donde pasa entre el 20% y 25% del petróleo mundial— en un mercado físico que ya presenta excedente. El oro superó los US$5.000 por onza y los Treasuries perforaron el 4% en el bono a diez años: ambos movimientos son señales de que los mercados no encuentran certidumbre en ninguna clase de activo convencional. Europa aceleró la integración de su mercado único y aplicó provisionalmente el acuerdo con el Mercosur eludiendo al Parlamento, movimientos que revelan que la presión externa está forzando decisiones que el consenso político europeo habría postergado indefinidamente.
En Colombia, la semana expuso con claridad inusual la fragilidad de varios frentes simultáneos. El mercado laboral mostró la tasa de desempleo más baja para un enero desde 2001, pero con seis de cada diez empleos en el rebusque y la informalidad sin ceder. El proyecto de decreto pensional encendió alarmas jurídicas, fiscales y de confianza inversionista que el propio presidente Petro reconoció al anunciar diálogo con la banca. El impuesto al patrimonio empresarial bajo emergencia climática elevó la tasa efectiva de tributación corporativa en casi 6 puntos porcentuales y generó dudas constitucionales por retroactividad. Las proyecciones macroeconómicas para el año se han degradado desde una inflación esperada del 3,6% hace doce meses hasta una cercana al 7% hoy, con tasas que podrían superar el 12% y un déficit fiscal aproximándose al 8% del PIB. El COLCAP cayó 8,1% en la semana y los TES de la parte media de la curva se desvalorizaron hasta 143 puntos básicos en una sola semana. El mercado no está sobreactuando: está leyendo con precisión la convergencia de riesgos que este resumen documenta sección a sección.
El hilo conductor de esta edición es la simultaneidad. Rara vez coinciden en una misma semana un reordenamiento del régimen de comercio global, una operación militar con potencial de reconfigurar los mercados energéticos, un debate pensional que cuestiona la integridad del ahorro privado y un deterioro acelerado de las proyecciones macroeconómicas domésticas. Cuando esa simultaneidad ocurre, el margen para errores de política —en Washington, en Bruselas o en Bogotá— se reduce de forma proporcional a la velocidad con que los mercados lo descuentan.
ESTADOS UNIDOS
PIB del 4T 2025: desaceleración transitoria, fundamentos privados sólidos
El PIB de Estados Unidos creció 1,4% anualizado en el cuarto trimestre de 2025, frente al 4,4% del trimestre previo, cerrando el año con un avance del 2,2% frente al 2,8% de 2024. La desaceleración obedece en gran medida al cierre gubernamental de octubre, que contrajo el gasto público 1,3% intertrimestral y restó 0,2 puntos porcentuales al resultado. Excluido ese efecto transitorio, la demanda privada mostró solidez: el consumo creció 0,6% y la inversión se aceleró al 0,6% desde el 0,2% previo, con la inversión en inteligencia artificial y tecnología como motor —equipo de procesamiento +8% intertrimestral, aportando 0,3 puntos al crecimiento—. El consenso anticipa recuperación en el primer trimestre de 2026, aunque persisten riesgos en el segmento de hogares de menores ingresos, donde la morosidad crediticia muestra señales tempranas de tensión.
El fallo de la Corte Suprema reordena el tablero arancelario y agrava el panorama fiscal
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional, por mayoría de 6 a 3, el uso de la IEEPA para imponer aranceles generales, al considerar esa competencia exclusiva del Congreso. La sentencia anuló los gravámenes aplicados a Canadá, México y China, así como los del Liberation Day. La respuesta fue inmediata: la administración Trump activó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo un arancel universal del 10% por 150 días con posibilidad de escalar al 15%. El arancel efectivo promedio pasó del 14% bajo la IEEPA a un 7% momentáneo, recuperándose al 11% con la nueva medida.
Las implicaciones fiscales son considerables. El Tesoro había acumulado $195.000 millones en derechos de aduana hasta septiembre de 2025. La pérdida de esa fuente de ingresos elevará la deuda pública en $2,4 billones hasta 2035, equivalente a 8 puntos del PIB, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB). Esto agrava un panorama donde la One Big Beautiful Bill Act añade $4,1 billones adicionales al déficit en la misma década y el servicio de la deuda consume cerca del 20% de los ingresos federales. Los principales beneficiados son China —cuya tasa arancelaria efectiva cae del 36,8% al 21,2% según Natixis CIB—, Brasil e India, que enfrenta ahora un 10% frente al 18% negociado bilateralmente en febrero.
Reserva Federal: entre señales de estanflación y recortes que se postergan
Las actas de la Reserva Federal revelaron escasa disposición a recortar tasas en el corto plazo, con algunos miembros abiertos a subirlas si la inflación se mantiene elevada. El PCE se aceleró inesperadamente en diciembre y el IPP de enero superó expectativas con un 0,5% frente al 0,2% previsto. El mercado descuenta dos recortes de 25 puntos básicos en el año con el primero no antes de julio, aunque las actas contemplan el escenario de un solo ajuste. La confianza del consumidor cayó al 33,2% ante la incertidumbre arancelaria, en tanto que una contratación laboral más sólida de lo previsto en enero de 2026 ofrece algo de margen a una Fed que navega entre señales contradictorias.
Operación contra Irán: la variable geopolítica de mayor impacto sobre los mercados energéticos
El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques preventivos contra Irán en la operación “Furia Épica”, el mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio desde 2003. La variable económica crítica es el Estrecho de Ormuz: por ese corredor transita entre el 20% y 25% del petróleo mundial y cerca del 20% del gas natural licuado global. Irán realizó ejercicios de cierre parcial del estrecho el 16 de febrero como señal de capacidad disuasiva. Una interrupción sostenida del tránsito energético representaría un choque de oferta de primera magnitud con efectos directos sobre la inflación global, el margen de maniobra de los bancos centrales y los mercados de deuda soberana de economías emergentes con alta dependencia energética importada. La evolución del conflicto en las próximas semanas constituye el principal factor de riesgo exógeno para el escenario macroeconómico global del primer semestre de 2026.
Estados Unidos afronta simultáneamente tres frentes de incertidumbre: un reordenamiento del régimen arancelario cuyo resultado final sigue indefinido; una Reserva Federal que no puede recortar con libertad mientras la inflación no ceda de forma convincente; y un flanco geopolítico en Oriente Medio que puede reconfigurar los precios energéticos globales en semanas. La solidez de los fundamentos privados de la economía —consumo, inversión en IA, mercado laboral— ofrece un colchón real frente a estos riesgos, pero no los neutraliza. El margen de error de la política económica de Washington es más estrecho de lo que sugiere la retórica oficial.
EUROPA
BCE y ciclo de precios: la inflación cede en los datos, pero no en la percepción
La inflación preliminar de la eurozona en febrero de 2026 se ubicó en 2,3% anual, en línea con enero pero por encima del 2,2% esperado. La lectura subyacente repuntó al 2,7%, una décima por encima del consenso, rompiendo tres meses consecutivos de estabilidad en el 2,6%. La presión proviene principalmente de servicios y alimentos elaborados, dos componentes con alta inercia. En ese contexto, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoció ante el Parlamento Europeo que la caída de la inflación no ha sido percibida como tal por los hogares: las encuestas del BCE muestran que la inflación percibida supera en promedio 1,2 puntos porcentuales a la medida, fenómeno que atribuye al mayor peso psicológico de las subidas frente a los recortes y a la indexación mental de los consumidores sobre bienes de compra frecuente como alimentos y combustible. La inflación subyacente se redujo al 2,2% tras el 2,3% de diciembre, y el BCE estima que tenderá al 2,1% hacia finales de año.
La eurozona creció 0,3% en el cuarto trimestre de 2025 y 1,5% en el conjunto del año, crecimiento modesto sostenido por servicios —especialmente tecnología e información— mientras el sector manufacturero acusa la debilidad de la demanda externa y la incertidumbre arancelaria. Los indicadores de confianza de enero decepcionaron: la Confianza Económica cayó a 98,3 frente al 99,8 estimado, y la Confianza de Servicios se situó en 5,0 frente al 7,4 previsto, una divergencia respecto a los PMIs en expansión que sugiere que la mejora de actividad coexiste con una fragilidad de expectativas aún no resuelta.
La Comisión Europea activa el acuerdo con el Mercosur eludiendo el Parlamento
La Comisión Europea anunció la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con el Mercosur eludiendo la ratificación del Parlamento Europeo, cuya mayoría había remitido el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en enero. La decisión es legal —el Consejo no está obligado a esperar el consentimiento parlamentario para autorizar la aplicación provisional— pero políticamente disruptiva: el acuerdo puede comenzar a reducir aranceles dos meses después del intercambio de notificaciones con Argentina y Uruguay —que ya lo ratificaron— y próximamente con Brasil y Paraguay.
El acuerdo, negociado durante 25 años, podría eliminar cerca de 4.000 millones de euros en aranceles a exportaciones europeas, convirtiéndose en el mayor tratado de libre comercio de la UE por reducción arancelaria potencial. Alemania y España lo defienden como contrapeso al proteccionismo de Washington y como vía de acceso a minerales críticos sudamericanos. Francia, el mayor productor agrícola de la UE, lo rechaza por las implicaciones sobre sus agricultores, y el presidente Macron calificó la decisión de la Comisión de “irrespetuosa” hacia el Parlamento. El fallo arancelario de la Corte Suprema de Estados Unidos actuó como acelerador: bajo el nuevo escenario con aranceles del 10%–15% para productos europeos, la urgencia de diversificar flujos comerciales es para Bruselas una necesidad estratégica antes que una elección.
Mercado único, autonomía estratégica y la presión de Trump como catalizador
La reconfiguración del vínculo transatlántico bajo la administración Trump ha actuado como catalizador de proyectos que Bruselas venía postergando. La cumbre de febrero fijó el horizonte de 2027 para avanzar en la integración del mercado único, con la novedad de una Europa a dos velocidades: un grupo de países lideraría el proceso mediante el mecanismo de cooperación reforzada, eliminando la parálisis que genera la exigencia de consenso entre los 27 Estados miembro. El objetivo es crear un régimen regulatorio único —el denominado “régimen 28″— que permita a las empresas escalar sin enfrentar veintisiete marcos jurídicos distintos. El BCE respaldó la iniciativa señalando que las barreras internas del mercado único debilitan la competitividad europea más que los aranceles externos. En simultáneo, avanza el debate sobre preferencia europea en compras públicas, fusiones de grandes grupos industriales —con especial urgencia en telecomunicaciones y tecnología— y reducción de la dependencia financiera de mercados de capital norteamericanos. El FMI advirtió esta semana que la deriva arancelaria global supone un obstáculo real para el crecimiento, presión adicional sobre una UE que construye su competitividad en un entorno que ya no le da el beneficio de la duda.
Rusia: el déficit fiscal escala y las finanzas regionales acumulan tensión
El déficit presupuestario de Rusia cerró 2025 en el 2,6% del PIB, el mayor desde la pandemia, y las proyecciones de los analistas para 2026 apuntan a un rango del 3,5%–4,4% frente al 1,6% presupuestado oficialmente, impulsadas por la caída de los ingresos petroleros. El primer ministro Mijaíl Mishustin reconoció ante la Duma haber sostenido reuniones nocturnas de emergencia con el presidente y la directora del Banco Central, Elvira Nabiúllina, para evaluar opciones de financiamiento, señal inusual de tensión en un Gobierno que históricamente evita proyectar vulnerabilidad sobre sus finanzas públicas. A nivel regional, 74 de las regiones rusas cerraron 2025 con déficit —frente a 50 en 2024— y el déficit consolidado regional creció 3,6 veces en un año, alcanzando 1,478 billones de rublos. El alza del IVA del 20% al 22% introducida en enero añadió presión inflacionaria en un contexto donde el espacio de política fiscal se estrecha con rapidez.
Europa transita una semana en la que la presión externa aceleró decisiones internas que el consenso político habría postergado. La aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur y el impulso al mercado único son respuestas concretas a un entorno donde Washington ya no garantiza reglas estables y Pekín compite con subsidios que Bruselas considera desleales. El BCE administra una desinflación técnicamente exitosa pero socialmente incompleta, con hogares que no reconocen en los datos oficiales su experiencia cotidiana de precios. Y Rusia exhibe por primera vez señales de estrés fiscal que sus propias autoridades ya no pueden disimular. El conjunto configura un bloque que se reinventa bajo presión, con plazos que la geopolítica impone antes que el calendario político europeo.
ASIA
China: gestión del yuan y preparación estratégica para las Dos Sesiones
El Banco Popular de China redujo el coeficiente de reserva de riesgo cambiario del 20% a 0% a partir del 2 de marzo, revirtiendo restricciones que buscaban contener la depreciación del yuan y adoptando ahora la postura contraria: frenar su apreciación para preservar la competitividad exportadora. La medida responde a entradas netas de divisas por US$79.900 millones en enero, flujos que presionan al alza sobre la moneda en un momento en que el alivio arancelario derivado del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos beneficia a los exportadores chinos. El ajuste de reservas ilustra cómo Pekín administra activamente el tipo de cambio como variable de política económica, no como precio de mercado. En el plano estratégico, China se alista para las “Dos Sesiones” de marzo, donde se definirán los objetivos del 15º Plan Quinquenal 2026–2030, el marco que orientará la política industrial, tecnológica y fiscal del país durante el resto de la década.
Japón: consumo que acelera, industria que decepciona y debate sobre normalización monetaria
Los datos de enero presentaron una lectura bifurcada. Las ventas minoristas sorprendieron al alza con un crecimiento del 1,8% anual frente al 0,1% estimado, señal de un consumidor más resiliente apoyado en un mercado laboral estable y en expectativas de inflación moderada que incentivan el adelantamiento de decisiones de gasto. En contraste, la producción industrial creció apenas 2,3% frente al 5% esperado, reflejando una demanda externa débil e incertidumbre empresarial sobre la sostenibilidad de la recuperación doméstica. El perfil resultante es un crecimiento desequilibrado, dependiente del consumo interno y vulnerable a shocks en el canal del comercio global.
La inflación subyacente de Tokio cayó al 1,8% en febrero, por primera vez por debajo del 2% en 16 meses, impulsada por subsidios energéticos que redujeron los costos de energía un 9,2% y recortes al impuesto de gasolina. Sin embargo, los alimentos sin frescos subieron 5,5% y el arroz un 18,2%, presiones que el Banco de Japón (BoJ) monitorea de cerca.
El debate de política monetaria se intensificó con las declaraciones del ex gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, quien llamó a continuar las subidas de tasas hacia un rango de 1,5%–1,75% en 2026–2027 y a endurecer la política fiscal, advirtiendo que el plan de gasto de la primera ministra Sanae Takaichi —incluida la suspensión del impuesto sobre alimentos— podría alimentar presiones inflacionarias y elevar los rendimientos de los bonos soberanos. La tensión entre una política fiscal expansiva y una política monetaria en proceso de normalización configura el principal riesgo de inconsistencia macroeconómica interna para Japón en el corto plazo. El BoJ mantiene por ahora una postura dependiente de los datos, con la tasa de referencia en 0,75%, mientras los mercados observan si Takaichi presionará al gobernador Ueda para postergar nuevas alzas.
Asia presenta esta semana dos economías en momentos de transición delicada. China administra los beneficios inesperados del fallo arancelario estadounidense mientras prepara el marco estratégico de la próxima década, con el tipo de cambio como instrumento activo de competitividad. Japón enfrenta la paradoja de haber logrado inflación después de décadas de deflación y no saber con precisión cómo normalizar sin desestabilizar: el arquitecto del estímulo pide ahora austeridad, mientras la primera ministra resiste el ajuste. El desenlace de esa tensión determinará si el yen se estabiliza o continúa siendo una variable de volatilidad para los mercados financieros globales.
AMÉRICA LATINA
México: deterioro laboral, déficit comercial y el riesgo crediticio del factor seguridad
México inició 2026 con señales de estrés en varios frentes simultáneos. En el mercado laboral, enero registró una pérdida neta de 8.100 empleos, reversión que contrasta con el sesgo dovish que mantiene Banxico tras sostener la tasa en 7% con una inflación subyacente del 3%. El banco central elevó su proyección de crecimiento de 1,1% a 1,6% para 2026, apoyada en consumo y exportaciones, aunque advierte que las tensiones comerciales aplazarían la convergencia a la meta de inflación hasta 2027.
La balanza comercial de enero arrojó un déficit de US$6.481 millones, reversión drástica frente al superávit de US$2.430 millones de diciembre. Las exportaciones crecieron 8,1% pero no lograron compensar unas importaciones que avanzaron 9,8%, impulsadas por bienes intermedios para la industria. Las exportaciones petroleras se desplomaron 33,5% por la caída en precio y volumen —de 585.000 a 355.000 barriles diarios— señal del deterioro estructural de Pemex que se acumula sin reversión visible.
La agencia Moody’s advirtió que los episodios de violencia derivados de la operación contra el líder del CJNG representan un factor de riesgo para el perfil crediticio del país, en particular si la inestabilidad alcanza zonas de manufactura, turismo o corredores logísticos clave. La gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos meses será determinante para la revisión del T-MEC y para la imagen del país de cara al Mundial 2026.
Brasil: inflación por encima del consenso y primer recorte de tasas en el horizonte
El índice IPCA-15 de Brasil subió 0,84% en el período hasta mediados de febrero, superando el 0,57% esperado y representando el mayor incremento mensual en un año. La inflación anual se desaceleró al 4,1% desde el 4,5% anterior, aunque sigue por encima del 3,82% previsto. El Banco Central de Brasil mantiene tasas en el 15% —máximo de casi dos décadas— con señal de primer recorte en marzo. El dato de inflación eleva el riesgo de que el ajuste sea de 25 puntos básicos antes que los 50 que anticipaba el consenso, aunque analistas de Capital Economics y Pantheon Macroeconomics mantienen la expectativa del recorte mayor condicionada a los datos del PIB de la próxima semana.
Argentina: giro de política económica y tipo de cambio real bajo tensión
El equipo económico ejecutó esta semana un giro de énfasis: tanto el Tesoro como el Banco Central inyectaron pesos para descomprimir tasas, después de dos meses de absorción estricta. En la última licitación el Tesoro refinanció apenas el 93% de los vencimientos sin emitir deuda a tasa fija. El dólar cerró la semana en torno a $1.397 con el tipo de cambio real multilateral retornando a 90 —base 100 post salida del cepo de Macri— tras haber tocado 87 en el punto de mayor apreciación. La inflación de febrero se ubicaría cerca del 2,9% de enero, con tarifas y precios de la carne como vectores de presión para marzo.
El dilema estructural persiste: el tipo de cambio real se ubica en niveles similares a los de 2017–2018, antes de la crisis cambiaria del final del gobierno de Macri. La formación de capital ronda el 16% del PIB y la capacidad instalada industrial opera al 53,8%. La colocación de un bono en dólares por US$251 millones a una tasa del 5,74% con vencimiento posterior a la primera vuelta electoral descomprime el corto plazo, pero la estrategia financiera sigue dependiendo de que el riesgo de ballotage en 2027 no se materialice.
La región presenta tres economías con estrés de distinta naturaleza pero con un denominador común: la fragilidad del ancla fiscal o cambiaria como variable de confianza. México enfrenta simultáneamente deterioro laboral, desequilibrio comercial y riesgo de seguridad con implicaciones crediticias. Brasil inicia su ciclo de relajación monetaria con una inflación que no termina de ceder, limitando el ritmo del ajuste. Y Argentina administra con precisión los tiempos de una estabilización que depende tanto de los datos como del calendario electoral de 2027. En los tres casos, el margen para errores de política se ha reducido.
COLOMBIA
Mercado laboral: mejora estadística con fragilidad estructural
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó la tasa de desempleo de enero de 2026, que se ubicó en 10,9%, lo que representa una caída de 0,7 puntos porcentuales frente al 11,6% registrado en el mismo mes del año anterior. Desde una lectura estadística, el resultado es históricamente favorable: se trata del dato más bajo para un mes de enero desde 2001. Sin embargo, la composición del empleo generado obliga a una lectura más cuidadosa antes de extraer conclusiones optimistas sobre la salud del mercado laboral.
De los 324.000 nuevos ocupados registrados frente a enero de 2025, aproximadamente 60% corresponden a trabajadores por cuenta propia, es decir, a la categoría que en la tradición analítica colombiana se asocia con el empleo de subsistencia o «rebusque». La categoría de patrón o empleador aportó 115.000 puestos, mientras que el empleo asalariado público añadió 45.000 posiciones. Este patrón de creación de empleo, liderado por modalidades informales o de baja productividad, es coherente con un ciclo en el que la inversión privada permanece deprimida y el sector formal carece de los incentivos necesarios para expandir su nómina.
La informalidad, que continúa siendo la variable de mayor profundidad estructural del mercado laboral colombiano, sigue sin mostrar una corrección relevante. De los 23,2 millones de personas ocupadas, 12,7 millones trabajan bajo condiciones informales, mientras que apenas 10,4 millones cuentan con un empleo formal. La brecha de género también persiste con claridad: la tasa de desocupación masculina se ubicó en 8,7% frente a 13,8% para las mujeres, una diferencia de 5,2 puntos porcentuales que revela inequidades de acceso que no ceden pese a las mejoras agregadas. El desempleo juvenil, por su parte, alcanzó 15,3% en el trimestre móvil, una cifra que limita la capacidad de la economía para ampliar su base de capital humano activo.
Desde la perspectiva territorial, el contraste es marcado. Quibdó registró la tasa de desocupación más alta del país con 24,6%, seguida por Cartagena (14,6%) y Riohacha (13,6%). En el extremo opuesto, Bogotá (7,5%), Manizales (7,7%) y Villavicencio (7,7%) operan muy por debajo del promedio nacional. Esta dispersión refleja la heterogeneidad productiva y la desconexión entre los mercados laborales regionales, un riesgo que se intensifica cuando el empuje del empleo proviene predominantemente del sector informal.
Un elemento adicional que merece atención es el aumento del salario mínimo de 23% aprobado para 2026. Aunque su impacto sobre la creación neta de empleo aún se está materializando, los empresarios ya señalan que el alza encarece la contratación formal e induce sustitución hacia modalidades no asalariadas. La economía colombiana podría estar enfrentando, paradójicamente, una situación en la que un salario mínimo históricamente elevado impulsa la informalidad antes que la protección laboral que busca garantizar.
Reforma pensional: el decreto que amenaza la integridad del sistema de ahorro
La semana estuvo dominada por un debate que trasciende lo técnico y adquiere dimensiones jurídicas, fiscales y de confianza institucional. El Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto que ordenaría el traslado de más de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones en un plazo de apenas 15 días. Los recursos corresponden a los ahorros acumulados por aproximadamente 118.000 afiliados que se acogieron a la denominada ventana de oportunidad de traslado habilitada por la Ley 2381 de 2024.
El problema de fondo es que la propia reforma pensional, en su artículo 76, estableció con claridad que los recursos de quienes se trasladen deben permanecer administrados por las AFP hasta el momento en que cada afiliado consolide su derecho pensional, y que en ese momento serían dirigidos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República. Este diseño tenía una lógica técnica precisa: blindar esos recursos como reserva de largo plazo, separándolos del flujo ordinario de caja de Colpensiones y del Presupuesto General de la Nación. El proyecto de decreto desmontaría esa arquitectura antes de que la norma sea siquiera aplicada en su totalidad.
El gremio Asofondos fue el primero en alertar sobre las implicaciones, señalando que la medida viola tanto la Ley 2381 como el Auto 841 de 2025 de la Corte Constitucional. Su presidente, Andrés Velasco, advirtió que la iniciativa buscaría usar los ahorros pensionales de manera contraria a lo ordenado por la ley, con el efecto de liberar recursos del presupuesto en el corto plazo a costa de agravar la sostenibilidad del sistema en el largo. Si los $25 billones ingresan a la caja operativa de Colpensiones antes de que los afiliados se pensionen, el Gobierno obtendría un alivio fiscal inmediato mientras se debilita la reserva estructural que debería respaldar las pensiones de las próximas décadas.
Las advertencias del sector empresarial fueron igualmente contundentes. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, planteó una cadena de consecuencias financieras que el Gobierno parece no haber incorporado en su análisis. Para cumplir el traslado en el plazo ordenado, los fondos privados tendrían que liquidar aceleradamente una parte significativa de su portafolio, cuyo activo principal es deuda soberana colombiana. Una venta forzada de TES en esa magnitud deprimiría los precios de los títulos y empujaría las tasas de interés al alza, incrementando el costo de financiamiento del Gobierno en un momento en que el pago de intereses ya consume uno de cada tres pesos del recaudo tributario. La ironía del mecanismo es notable: el intento de obtener liquidez inmediata podría encarecer la deuda del propio Estado.
El contexto político agrega una capa de complejidad. El presidente Gustavo Petro anunció que sostendrá reuniones con el sector bancario para revisar los plazos y mecanismos del traslado, reconociendo implícitamente que podrían presentarse tensiones de liquidez en los fondos privados durante la transición. La decisión de cuándo y cómo avanzar con el decreto marcará en buena medida el tono de la relación entre el Gobierno y el sector financiero durante el primer semestre de 2026, que es además un año de campaña electoral.
Presión tributaria: el impuesto al patrimonio y la señal fiscal que el mercado no ignora
En el marco del estado de emergencia declarado por las lluvias, el Gobierno expidió un decreto que establece un nuevo impuesto al patrimonio para empresas con una tarifa general del 0,5% y una tarifa diferenciada del 1,6% para los sectores financiero y extractivo. El ANIF estimó que el recaudo potencial de la medida asciende a $13,4 billones, cifra significativamente superior a los $8 billones proyectados por el Gobierno. Independientemente de cuál estimación resulte más precisa, el impacto macroeconómico relevante no es el recaudo sino la señal.
El gravamen recae directamente sobre la acumulación de activos, no sobre las utilidades generadas, lo que introduce una distorsión adicional sobre la decisión de inversión empresarial. Según el análisis de ANIF, la tasa efectiva de tributación del sector corporativo colombiano subiría del 29,8% al 35,5%, un salto de casi 6 puntos porcentuales que deteriora la competitividad tributaria del país frente a otras economías de la región en la disputa por la atracción de inversión.
La Asobolsa advirtió que la combinación del impuesto al patrimonio con la sobretasa al impuesto de renta podría elevar la carga fiscal de las sociedades comisionistas de bolsa hasta el 54%, nivel que en opinión del gremio desincentiva la intermediación financiera y reduce la capacidad del mercado de capitales para transformar el ahorro privado en inversión productiva. Este canal, que articula los recursos de los hogares con el financiamiento de empresas e infraestructura, es precisamente el que el sistema pensional también requiere para rendir de manera adecuada en el largo plazo. Las tensiones sobre uno y otro segmento se retroalimentan.
La firma Bastet Family & Corporate Consulting añadió una alerta de naturaleza jurídica que podría derivar en litigios prolongados: el decreto incluye una cláusula de retroactividad que obliga a incorporar en el cálculo del impuesto decisiones societarias adoptadas entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026. Esta disposición vulnera el principio de seguridad jurídica y genera interrogantes adicionales sobre la proporcionalidad del trato diferencial entre sectores. La exclusión del régimen simple, que permite a compañías con patrimonios similares quedar fuera del tributo, también plantea dudas de equidad que eventualmente podrían ser examinadas por la Corte Constitucional.
Deterioro de proyecciones macroeconómicas: el año que pudo haber sido
Las proyecciones macroeconómicas para Colombia en 2026 se han degradado de manera acelerada en los últimos dos meses. Hace un año, el consenso de analistas anticipaba un crecimiento del PIB cercano al 3%, una inflación descendiendo hacia 3,6% al cierre del año y tasas de interés en torno al 6%. Las estimaciones más recientes apuntan en una dirección radicalmente distinta: inflación proyectada cercana al 7%, tasas con potencial de superar el 12% y un crecimiento moderado, que replicaría los registros de 2025 antes que representar una aceleración.
El Banco de Occidente sintetizó el deterioro con elocuencia en un informe titulado “Debí tirar más fotos”, en el que identificó tres factores determinantes del cambio de escenario: el incremento histórico del salario mínimo de 23% para 2026, que alimenta tanto la inflación de costos como la cautela empresarial frente a la contratación formal; la persistencia de una tasa de inversión en torno al 17% del PIB, nivel que financia el crecimiento presente pero no construye el capital necesario para sostenerlo en el mediano plazo; y el empeoramiento del panorama fiscal, con un déficit que podría acercarse al 8% del PIB en un contexto de vencimientos de deuda superiores a $60 billones y necesidades de financiación crecientes.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha documentado que entre 2019 y 2024 el gasto público en Colombia creció quince veces más que los ingresos. En el plano comparado, mientras Brasil y México expandieron su gasto público en 10% y 8% frente a los niveles prepandemia, respectivamente, Colombia lo hizo a una tasa del 20%. En ese sentido, el endeudamiento del Gobierno ha crecido en $331 billones en los últimos tres años, una expansión que, en ausencia de un crecimiento equivalente de los ingresos, se traduce en un spread soberano más elevado y en mayor costo de financiamiento para toda la economía.
Tensión comercial Colombia–Ecuador y señales desde los gremios
La relación comercial entre Colombia y Ecuador, una de las más dinámicas al interior de la Comunidad Andina, atravesó una semana de incertidumbre. El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la ANDI emitieron un pronunciamiento conjunto en el que, sin desconocer la legitimidad de las medidas de seguridad fronteriza, advierten que una escalada arancelaria entre los dos países podría afectar cadenas de valor regionales, elevar costos para los consumidores finales y generar despidos en zonas fronterizas con alta dependencia del comercio bilateral.
Los gremios hicieron un llamado explícito a los dos gobiernos para que privilegien los canales diplomáticos y técnicos existentes, evitando decisiones unilaterales en un momento en que la demanda interna de ambos países enfrenta presiones. La señal de fondo es relevante: cuando la confianza empresarial doméstica ya opera en territorio frágil, una tensión comercial con el segundo socio andino de Colombia se convierte en un riesgo adicional para las perspectivas del primer trimestre de 2026.
Tasa de usura y crédito: el costo de financiamiento sigue en ascenso
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó que la tasa de usura para la modalidad de consumo y ordinario se ubicará en 25,52% efectivo anual durante marzo, en comparación con el 25,23% vigente en febrero. El incremento responde a que el Interés Bancario Corriente (IBC) para esa categoría subió 19 puntos básicos, situándose en 17,01%. Es el segundo mes consecutivo de alzas en el costo del crédito al consumidor, en un entorno donde la inflación elevada y las señales fiscales complejas reducen el espacio para que el Banco de la República retome una senda de recortes de tasas en el corto plazo.
Los segmentos de crédito productivo también reflejaron presión alcista: el crédito productivo urbano pasó del 57,23% al 58,04%, mientras que el crédito popular productivo rural escaló hasta 71,31%. En el contexto de un debate sobre la calidad del empleo generado y la cautela empresarial frente a la inversión, la tendencia al alza en el costo del crédito productivo reduce adicionalmente los incentivos para la expansión de la planta productiva, cerrando un ciclo en el que la política de ingresos, la señal fiscal y el entorno de tasas apuntan en la misma dirección restrictiva.
Confianza empresarial: el comercio rebota pero la industria retrocede
La Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo correspondiente a enero de 2026 ofreció una lectura mixta que refleja con fidelidad el estado de la economía colombiana. El Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 26,0%, con un alza de 8,2 puntos porcentuales frente a diciembre y de 4,4 puntos frente a enero de 2025, impulsado principalmente por mejores expectativas sobre el semestre siguiente y una reducción en el nivel de inventarios.
El Índice de Confianza Industrial (ICI) mostró la dirección contraria: se situó en -1,5%, con una disminución de 0,8 puntos frente a diciembre y de 3,5 puntos en la comparación anual. El retroceso estuvo explicado por menor volumen de pedidos y acumulación de inventarios, señales clásicas de una demanda que no justifica expansión de la capacidad instalada. El módulo de exportaciones del cuarto trimestre de 2025 reportó variaciones negativas en valor exportado, pedidos y rentabilidad de la actividad exportadora, identificando la tasa de cambio peso-dólar como el principal factor desfavorable. La combinación de un comercio moderadamente optimista sobre sus expectativas de corto plazo con una industria que contrae pedidos y acumula inventarios sugiere que el crecimiento del primer trimestre de 2026 descansará nuevamente en el consumo de los hogares antes que en la producción y la inversión, patrón que no resuelve los desequilibrios estructurales de fondo.
La semana quedará registrada no por un dato singular sino por la confluencia de varias señales que apuntan en la misma dirección. Colombia cierra febrero de 2026 con un mercado laboral que mejora en términos de tasa pero deteriora en términos de calidad; con una reforma pensional que regresa al centro del debate en condiciones que generan dudas sobre la integridad jurídica del sistema de ahorro; con una carga tributaria que se expande sobre el sector productivo en un momento de ciclo económico ya fragilizado; y con proyecciones macroeconómicas que hace doce meses nadie habría anticipado.
El contraste con el escenario que los analistas proyectaban a inicios de 2025 no es menor ni puede atribuirse únicamente al entorno externo. Colombia atraviesa un período en el que las decisiones de política económica han operado de manera procíclica respecto a las fragilidades existentes: un salario mínimo con incremento extraordinario que alimenta la inflación de costos, un gasto público que crece a una velocidad que los ingresos no acompañan, y una señal tributaria que desincentiva la acumulación de capital privado justamente cuando la inversión es la variable que más necesita tracción.
La próxima administración heredará un balance fiscal deteriorado, un mercado de capitales con menor profundidad, un sistema pensional en transición con tensiones no resueltas y una economía que habrá crecido dos años consecutivos por debajo de su potencial. La magnitud de los ajustes estructurales requeridos es proporcional al espacio que se está consumiendo hoy. La diferencia entre una corrección ordenada y una ajuste forzado dependerá, en buena medida, de las señales que se emitan en los meses que quedan antes del cambio de Gobierno.
Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Asofondos, ANDI, Asobolsa, ANIF, Banco de Occidente, SuperFinanciera.
RENTA VARIABLE
Mercados globales: repricing de tasas, dudas sobre el AI trade y aversión al riesgo
La semana del 23 al 27 de febrero cerró con tono defensivo en los mercados accionarios globales, bajo la convergencia de tres vectores de presión. El primero fue la sorpresa alcista del Índice de Precios al Productor (PPI) de enero en Estados Unidos, que avanzó 0,5% mensual y 2,9% anual con aceleración también en el componente subyacente, reforzando la narrativa de inflación persistente y comprimiendo los múltiplos de valoración en segmentos growth sensibles a tasas. El segundo fue la reacción negativa del mercado ante los resultados de Nvidia: pese a superar expectativas, la acción cayó con fuerza, arrastró al sector de semiconductores y tecnología, y alimentó el escepticismo sobre si los elevados gastos de capital en inteligencia artificial de las grandes plataformas son sostenibles en el mediano plazo. El tercer vector fue un sesgo risk-off por incertidumbre arancelaria y temores de disrupción sectorial por IA, ilustrado por el anuncio de Block —la fintech de Jack Dorsey— de despedir a más de 4.000 empleados, casi la mitad de su plantilla.
Los tres índices de referencia cerraron en números rojos en febrero. El S&P 500 finalizó en 6.878,88 con una variación semanal de -0,4%; el Dow Jones cerró en 48.977,92 con una caída de 1,3%; y el Nasdaq Composite terminó en 22.668,21 retrocediendo 1,0%. En el plano de emisores individuales, Salesforce cayó 3% y Microsoft retrocedió 2%, lastrando el Dow. Apollo y Jefferies cedieron 8% y 10% respectivamente, presionados por el colapso del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions. En Europa, el Stoxx 600 cerró mixto con avances en el FTSE 100 pero caídas en el DAX y el CAC 40. En Asia, el Nikkei 225, el Hang Seng y el Shanghai avanzaron, mientras el Nifty 50 retrocedió.
Colombia: el COLCAP registra la mayor caída semanal del año con un shock político como detonante
El MSCI COLCAP cerró la semana en 2.222,92 con una caída semanal de 8,1%, la más pronunciada del año, con un desplome diario de 4,13% el 26 de febrero como epicentro del movimiento. El detonante inmediato fue una encuesta presidencial que elevó abruptamente la percepción de riesgo político y desencadenó un sell-off amplificado por tres factores concurrentes: el escalamiento del conflicto comercial con Ecuador mediante el Decreto 170/2026 que establece aranceles del 30%, incrementando la incertidumbre sobre márgenes en sectores exportadores; flujos técnicos previos al rebalanceo del índice efectivo el 2 de marzo, que amplificaron movimientos en emisores puntuales incluyendo presiones vendedoras estimadas en Cementos Argos; y la menor profundidad del mercado colombiano, que magnifica el impacto de flujos de salida concentrados.
En el plano corporativo, Grupo Sura presentó resultados sólidos para 2025, con recuperación del sector financiero y expansión de activos bajo administración compensando impactos no recurrentes de la venta de Banistmo y la escisión de Cementos Argos. La guía de ROE para 2026 se ubica entre 13%–14%, aunque advierte que el impuesto al patrimonio podría erosionarlo entre 80 y 90 puntos básicos. Grupo Éxito anunció un dividendo de COP$160 por acción en tres cuotas, y Grupo Sura definió un dividendo de COP$2.000 por acción en cuatro cuotas. Ecopetrol fue la acción más negociada de la jornada con COP$44.629 millones. Las mayores caídas semanales recayeron sobre Grupo Éxito (-8,99%), PF Grupo Aval (-3,91%) y Cementos Argos (-3,90%), mientras la BVC encabezó las ganancias con +6,92%
Los mercados de renta variable cierran la semana con una lectura de fondo que va más allá de los movimientos de índices. En Estados Unidos, el debate sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial ha dejado de ser académico y se ha convertido en un factor de repricing real: cuando Nvidia cae tras superar expectativas, el mercado está cuestionando el retorno marginal del capital invertido en IA, no los resultados del trimestre. En Colombia, la caída del COLCAP es la intersección de tres riesgos que este resumen ha documentado a lo largo de la semana: el político, el fiscal y el comercial. El mercado accionario colombiano no cayó a pesar del entorno; cayó precisamente porque ese entorno se materializó de forma simultánea y concentrada en pocos días.
Fuentes: Bloomberg, Bolsa de Valores de Colombia, MSCI, reportes corporativos Grupo Sura, Grupo Éxito, Ecopetrol. Cifras al cierre de edición del 28 de febrero de 2026.
RENTA FIJA
TES Colombia: desvalorización generalizada con epicentro en la parte media de la curva
El mercado de renta fija local registró durante la semana una desvalorización generalizada, con presiones más marcadas en el tramo medio de la curva de TES Tasa Fija. Los movimientos más pronunciados se concentraron en los vencimientos noviembre 2027 (+143,8 pbs) y abril 2028 (+107,5 pbs), seguidos por la zona 2029–2031 con incrementos entre 69 y 84 puntos básicos. El movimiento respondió a cuatro factores concurrentes: mayores expectativas de una postura monetaria más restrictiva del Banco de la República; percepción de mayor oferta de títulos desde el sector público; ampliación del CDS y depreciación del COP tras conocerse encuestas presidenciales que elevaron la prima de riesgo político; e incertidumbre regulatoria asociada al decreto de emergencia económica con impuestos sobre patrimonio y utilidades y la discusión sobre el traslado de fondos de pensiones a Colpensiones. Un factor técnico adicional fue la colocación de COP$1,12 billones en TES TF feb-2030 a una tasa de corte de 13,9%, que ancló las expectativas de tasas en niveles elevados a lo largo de la semana.
El viernes ofreció un cierre algo más constructivo, apoyado por la valorización de los Treasuries estadounidenses y una revaluación del peso, con el mercado atento a la reunión entre el Gobierno y la banca sobre inversiones forzosas. En el segmento de TES UVR, la semana inició con desvalorización acompañando el movimiento de tasa fija, pero mostró episodios de rotación de portafolios a mitad de semana y un mejor tono al cierre, consistente con el ajuste al alza en las expectativas de inflación anual, lo que favoreció el apetito relativo por cobertura inflacionaria.
En la parte larga de la curva, el tono fue más constructivo: el TES febrero 2033 cerró en 13,94% (-8 pbs), el junio 2032 en 13,90% (-15 pbs) y el octubre 2050 en 13,29% (-22 pbs), en un ajuste técnico tras el fuerte empinamiento previo y toma de utilidades en niveles históricamente elevados de tasa real. El soporte provino de flujos privados y offshore: en los primeros veinte días de febrero los inversionistas extranjeros compraron COP$5,78 billones netos en TES, los bancos adquirieron COP$6,13 billones y las AFP sumaron posiciones en COP y UVR. En contraste, las entidades públicas, incluido Hacienda, fueron vendedoras netas por cerca de COP$2,96 billones, confirmando que la oferta primaria sigue siendo un factor de presión que por ahora absorbe la demanda privada y offshore. El apetito externo acumuló compras récord superiores a COP$61 billones en 2025 y continúa actuando como ancla estructural de la curva.
Treasuries: el bono a 10 años perfora el 4% y registra su mejor mes en un año
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos extendieron el rally que ha caracterizado a febrero, con el rendimiento del bono a 10 años perforando el nivel del 4% —mínimos desde noviembre— y acumulando una caída cercana a 25 puntos básicos en el mes, la mejor performance mensual en un año. El movimiento fue impulsado por flujos de refugio ante tensiones geopolíticas en Oriente Medio, disrupciones asociadas al avance de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral y mayor sensibilidad al riesgo en crédito privado. La liquidez del mercado también mejoró estructuralmente: el fin del QT y la reanudación de compras de reservas por parte de la Fed, junto con programas de recompras del Tesoro, han fortalecido la capacidad de los dealers para absorber riesgo, con volúmenes promedio diarios superiores a US$1,0 billón, un 20% por encima del año previo. No obstante, con la Fed en pausa y sin un deterioro claro del mercado laboral, el espacio para descontar recortes adicionales luce acotado, y las preocupaciones sobre mayor oferta estructural de deuda deberían mantener el 10 años oscilando en el rango 4%–4,5% hacia adelante.
Europa: Bunds con sesgo constructivo y reapertura del debate sobre recortes del BCE
El mercado de renta fija europeo mostró un sesgo constructivo, con los Bunds alemanes apoyados por el tono favorable de los mercados globales y un trasfondo inflacionario de la eurozona que se mantiene contenido. Las lecturas preliminares de Francia y España sorprendieron ligeramente al alza y limitaron momentáneamente el rally, pero los datos regionales de Alemania apuntan a presiones de precios más contenidas, reduciendo el riesgo de que la inflación agregada de la eurozona supere el 1,7% anual estimado para febrero. El mercado ha comenzado a reabrir la discusión sobre un eventual recorte adicional del BCE en el actual ciclo, especialmente si la próxima actualización de proyecciones introduce revisiones a la baja. El soporte sobre la curva alemana luce más táctico que estructural: los diferenciales frente a los Treasuries cubiertos limitan el potencial de compresión adicional en el tramo largo.
La renta fija cierra la semana con una divergencia que merece atención estratégica. Mientras los Treasuries registran un rally ante flujos de refugio y mejora de liquidez estructural, los TES colombianos registran uno de sus peores episodios semanales del año, con la parte media de la curva absorbiendo simultáneamente riesgo político, riesgo fiscal y riesgo regulatorio. La tasa de corte del TES feb-2030 al 13,9% no es un dato técnico: es la síntesis de lo que el mercado le cobra al Gobierno colombiano por financiarse en un entorno donde la credibilidad de las reglas de juego está en cuestión. El apetito externo récord de 2025 ofrece un colchón real, pero no es ilimitado. Si la señal fiscal y regulatoria no se estabiliza, el costo de financiamiento soberano seguirá escalando, cerrando el círculo vicioso que este resumen ha documentado semana a semana.
DIVISAS
Dólar global: firmeza por inercia relativa más que por impulso direccional
El índice DXY cerró la semana con un sesgo ligeramente alcista, ubicándose alrededor de 97,8 y encaminándose a su primera ganancia mensual desde octubre (+0,6%), respaldado por un dato de IPP más fuerte de lo esperado y por renovada demanda de refugio ante las tensiones EE.UU.–Irán. Sin embargo, el comportamiento intrasemanal fue errático: el dólar alternó entre episodios de revaluación por aversión al riesgo —derivada de la falta de avances en las negociaciones con Irán y los temores asociados al impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo— y jornadas de corrección a la baja por la incertidumbre arancelaria tras el fallo de la Corte Suprema y el ajuste del mercado hacia un tono menos constructivo para el USD. El trasfondo macro sostiene un dólar relativamente firme: la Fed mantiene pausa al menos hasta junio con una inflación que no termina de ceder, mientras el mercado descuenta cerca de 60 puntos básicos de recortes hacia final de año.
En el bloque desarrollado (G10), la mayoría de las monedas se apreció frente al dólar en las sesiones de corrección. El euro se mantuvo estable cerca de 1,18 pero cerró el mes con ligera pérdida. El yen japonés fue la principal excepción en el bloque desarrollado: se depreció de forma persistente en la zona de 156 por dólar por señales de interferencia política —comentarios de la primera ministra Takaichi sobre el ciclo de alzas y nominaciones percibidas como acomodaticias— que redujeron la probabilidad implícita de endurecimiento monetario del BoJ. La libra retrocedió hacia 1,345 afectada por factores políticos internos. El conjunto configura un entorno en el que el dólar global se sostiene más por inercia relativa que por un impulso direccional contundente.
USD/COP: dinámica idiosincrática con beta superior frente a pares emergentes
El peso colombiano combinó durante la semana episodios de revaluación —por atractivo de carry, flujos técnicos y soporte del repunte del Brent— con jornadas de corrección cuando se deterioró el entorno: caída del Brent, escalamiento de las tensiones comerciales con Ecuador y ruido político derivado de encuestas presidenciales. El episodio más visible fue el salto abrupto del USD/COP hasta COP$3.830 el jueves, seguido de una corrección el viernes a COP$3.752 (-COP$77) con un volumen de US$1.379 millones, evidenciando toma de utilidades y recomposición técnica luego del overshooting asociado al ruido electoral. El peso se apreció cerca del 1,9% en esa jornada, superando a sus pares emergentes, aunque acumula una segunda caída semanal consecutiva con la prima política aún elevada.
Casas como Citi han optado por reducir exposición a Colombia ante la cercanía de eventos electorales. A nivel regional, el real brasileño avanzó +1% apoyado por una sorpresa bajista en el IPC de la primera quincena de febrero; el peso chileno permaneció débil; el sol peruano operó estable; y el peso mexicano se depreció por factores idiosincráticos vinculados a la situación de orden público. El complejo EM cerró con balance mixto, apreciándose cuando repuntaron las materias primas y cayó la aversión global, y cediendo cuando el DXY se fortaleció en los tramos de risk-off. Más que el entorno global, el determinante clave del USD/COP sigue siendo la percepción de riesgo interno, lo que sugiere que la volatilidad permanecerá elevada aun en un entorno de dólar global relativamente estable.
El mercado cambiario de la semana ofrece una lectura que complementa y refuerza el diagnóstico del resto del resumen. A nivel global, el DXY no refleja convicción: su firmeza es el resultado residual de una Fed que no puede recortar libremente y de tensiones geopolíticas que empujan flujos de refugio, no de una economía estadounidense que acelere con claridad. A nivel local, el USD/COP es el termómetro más sensible y de mayor frecuencia del riesgo colombiano: cada encuesta, cada decreto, cada señal fiscal se refleja en el tipo de cambio antes que en cualquier otro activo. La corrección del viernes es técnica; el nivel de COP$3.750–3.830 como rango de operación en un entorno electoral es una señal de equilibrio frágil que el mercado está monitoreando con atención.
Fuentes: Bloomberg, Banco de la República, Citi Research, datos de mercado al cierre del 28 de febrero de 2026.
COMMODITIES
Petróleo: prima geopolítica sostiene precios en un mercado físico con excedente
El petróleo avanzó durante la semana con alzas del 1,3% en el WTI y del 1,0% en el Brent, cerrando en US$67,28 y US$72,48 por barril respectivamente. El movimiento estuvo impulsado exclusivamente por la prima de riesgo geopolítico ante el endurecimiento del tono de Washington frente a Irán y la incertidumbre sobre las negociaciones nucleares en Ginebra. Las conversaciones técnicas, pese a reportar avances parciales que redujeron momentáneamente la prima, siguen condicionadas a una exigencia de Washington —paralización total del enriquecimiento de uranio— que Teherán rechaza. Un acuerdo diplomático presionaría los precios a la baja; una escalada militar ampliaría el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz y reconfiguraría el mercado energético global.
Los fundamentos físicos apuntan en sentido contrario a los precios: las reservas de Estados Unidos aumentaron 16 millones de barriles en la semana, la mayor subida semanal en tres años, por aumento de importaciones, caída de exportaciones y menor actividad refinera. El mercado físico está bien abastecido y presenta excedente. A ello se suma que la OPEP+ se reunirá el 1 de marzo con disposición a aprobar un aumento de producción a partir de abril, lo que añadiría oferta en un momento en que la demanda china, aunque en recuperación tras el feriado del Año Nuevo Lunar, no muestra tracción suficiente para absorberla. El balance sugiere que sin el componente geopolítico, los precios operarían en rangos significativamente más bajos.
Metales preciosos e industriales: el oro supera los US$5.000 y el cobre repunta con China
El oro avanzó 3,0% en la semana hasta US$5.259 por onza, consolidándose por encima del umbral psicológico de los US$5.000. El activo se beneficia simultáneamente de tres vectores: demanda de refugio por las tensiones EE.UU.–Irán, incertidumbre sobre la política arancelaria de Washington y el retroceso de los rendimientos de los Treasuries —que reduce el costo de oportunidad de mantener el metal— ante la caída del bono a 10 años por debajo del 4%. La plata replicó la dinámica con mayor beta, escalando 10,6% hasta 93,6.
El cobre ganó 2,7% cerrando en 605,7, respaldado por la reapertura de los mercados chinos tras el feriado y un mejor sentimiento cíclico ante expectativas de menor fricción comercial derivada del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles. La tonelada en Londres se mantiene en torno a los US$13.300. El desempeño del cobre en las próximas semanas dependerá de la solidez de la demanda industrial china durante el primer trimestre y de la evolución del acuerdo comercial bilateral EE.UU.–China en el nuevo escenario arancelario.
Agrícolas: el cacao se desploma 50% en el año y el café colombiano cierra bajo presión cambiaria
El cacao mantiene su tendencia a la baja con los precios mundiales cayendo por debajo de los US$3.000 por tonelada —mínimos desde abril de 2023— y acumulando una caída del 50% desde el 1 de enero. La corrección responde a la confluencia de dos fuerzas simultáneas: por el lado de la oferta, la normalización de las cosechas en Ghana y Costa de Marfil —que concentran cerca del 60% de la producción mundial— tras la sequía severa de 2024 que había disparado los precios a máximos históricos; por el lado de la demanda, los grandes fabricantes de chocolate han reducido sus compras ante una reformulación de productos que busca reducir el contenido de cacao, mientras el consumidor final acusa el agotamiento de su capacidad de gasto discrecional tras años de inflación acumulada.
En Colombia, el precio de referencia del café fijado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) cerró el 27 de febrero en COP$2.118.000 por carga de pergamino seco de 125 kilogramos, con una leve baja frente a los COP$2.174.000 del día anterior. El precio interno del café es función directa de la cotización internacional en la Bolsa de Nueva York y del tipo de cambio USD/COP: la volatilidad cambiaria de la semana —con el peso oscilando entre COP$3.752 y COP$3.830— se tradujo directamente en incertidumbre sobre el ingreso de los caficultores, ilustrando cómo el riesgo político y electoral colombiano permea hasta los productores del sector agrícola.
El mercado de materias primas cierra la semana con una lectura que sintetiza las tensiones del entorno global: el petróleo sube por geopolítica mientras los fundamentos físicos apuntan a la baja; el oro alcanza nuevos máximos históricos porque los mercados no encuentran certidumbre en ninguna clase de activo; y el cobre avanza apoyado en China, cuya demanda industrial sigue siendo el principal termómetro del ciclo global. Para Colombia, el comportamiento del café es el recordatorio de que la volatilidad del USD/COP no es un fenómeno exclusivamente financiero: se trasmite al ingreso rural, a la balanza comercial y a la inflación de alimentos con una velocidad que los modelos macroeconómicos tienden a subestimar.
Fuentes: Bloomberg, OPEP, Federación Nacional de Cafeteros, London Metal Exchange, EIA. Cifras al cierre del 28 de febrero de 2026.
NOTA DEL AUTOR
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