“La administración pública no puede prescindir de quienes la estudian y la profesionalizan, porque en ellos reside la llave para un Estado eficiente y justo.”
En Colombia, la función administrativa es el corazón de la gestión pública, un engranaje esencial para el buen funcionamiento del Estado. Sin embargo, llama la atención cómo, a pesar de su importancia, la carrera de Administración Pública está muchas veces relegada y no es requisito para ocupar múltiples cargos en la administración estatal. Esta realidad genera una brecha preocupante entre la preparación profesional que se necesita y la asignación real de cargos, lo que puede dañar la eficiencia y calidad en la gestión pública.
Los administradores públicos cuentan con una formación integral, que incluye no solo conocimientos técnicos y éticos, sino también una sólida base científica. Esta formación científica es fundamental para que puedan analizar, investigar y aplicar metodologías rigurosas en la solución de problemas públicos complejos. Así, la administración pública no es solo una práctica burocrática, sino una disciplina que combina ciencia, arte y ética para gestionar proyectos, políticas y recursos en beneficio de la sociedad.
Pensemos en el personero municipal, ese representante legal del pueblo, cuyo acceso se reserva únicamente para abogados según la Constitución y la Ley 136 de 1994. Aunque es comprensible la necesidad de conocimientos jurídicos, resulta llamativo que cerca del 70% de sus funciones tienen que ver con tareas administrativas, como la vigilancia del buen funcionamiento del ente público y la protección de los derechos ciudadanos. ¿No sería lógico que un administrador público, con su formación científica y especializada en gestión estatal, pudiera ejercer estas funciones con igual o incluso mayor efectividad?
Esta exclusividad profesional no solo limita la participación de expertos en administración pública, sino que subestima su aporte esencial para una gestión eficaz, ética y profesional. Más allá del personero, existen otros cargos en la administración pública que también están reglamentados para profesiones específicas, sin contemplar la preparación integral que tiene el administrador público. La Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, promueve el ingreso por mérito y capacitación técnica para hacer de la carrera administrativa un espacio de verdadera profesionalización.
Por eso, hoy es imperativo repensar y reestructurar los perfiles y requisitos para cargos públicos, abriendo espacios donde el administrador público pueda aportar con su perspectiva técnica, ética y comprometida. Esta apertura fortalecerá no solo la eficiencia administrativa, sino también la justicia y la inclusión en el Estado.
Años de estudio y reflexión con profesores como Miguel Cerón Hurtado nos han demostrado que la carrera de Administración Pública es vital y posee cualidades que superan a menudo las de otras profesiones. Sin embargo, sigue relegada en el acceso a cargos donde perfectamente podría brillar.
Este es un llamado a reconocer el valor real de la administración pública y a construir un Estado más profesional, inclusivo y preparado para los desafíos que tenemos por delante.
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