Los andinos no estamos exagerando ni alarmándonos sin razón. La reciente controversia en Antioquia por el uso de la empresa Rentan para ejecutar interventorías por casi un billón de pesos no es un hecho aislado ni lejano; por el contrario, guarda una preocupante similitud con lo que hoy ocurre en nuestro municipio a través de EDUAN.
En Antioquia, la Gobernación decidió no contratar bajo la estricta y obligatoria Ley 80, que garantiza publicidad, competencia y control, sino trasladar esa función a una empresa industrial y comercial del Estado con régimen de contratación privado. En Andes, ocurre algo muy parecido: una entidad que debería ser instrumento de desarrollo se ha convertido en el principal canal de contratación, sin que exista una veeduría ciudadana efectiva y total sobre sus actuaciones.
El problema no es la figura jurídica en sí. El problema es el uso sistemático de estas entidades para evadir los controles reales de la contratación pública. Porque cuando se contrata por régimen privado, aunque se invoquen los principios de la función administrativa, se pierde lo esencial: la transparencia plena.
Como bien lo han señalado reconocidos juristas frente al caso Rentan, estamos ante una situación que “puede ser legal, pero no es transparente” y que se mueve en la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal. Esa misma reflexión aplica hoy para EDUAN en Andes.
Estas entidades terminan funcionando como secretarías paralelas, intermediarios que administran recursos públicos, cobran comisiones, subcontratan con terceros y concentran decisiones que deberían estar sometidas al escrutinio ciudadano. Cuando no hay licitaciones abiertas, cuando los contratos se entregan de manera directa y cuando la información no es clara ni oportuna, la desconfianza no solo es válida: es necesaria.
La experiencia reciente del departamento debería servirnos de advertencia. Rionegro tuvo a Edeso. Antioquia hoy tiene a Rentan. Ambos casos están rodeados de cuestionamientos, investigaciones y elefantes blancos. Andes no puede permitirse recorrer ese mismo camino en silencio.
No se trata de atacar personas ni de oponerse al desarrollo. Se trata de defender lo público, de exigir que cada peso de los andinos sea administrado con reglas claras, con control real y con participación ciudadana efectiva. La contratación pública no puede convertirse en un atajo para concentrar poder ni en una caja cerrada inaccesible para la comunidad.
Como ciudadanos de Andes, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades municipales para que:
- Garanticen transparencia total en los procesos adelantados por EDUAN.
- Permitan veeduría ciudadana plena y sin restricciones.
- Expliquen con claridad por qué se privilegia la contratación directa sobre los mecanismos abiertos.
- Recuerden que lo legal no siempre es legítimo cuando se gobierna de espaldas a la ciudadanía.
Porque cuando el Estado cambia las reglas para “agilizar”, muchas veces no se agiliza el progreso, sino el camino para que los recursos públicos se pierdan sin responsables claros.
Andes merece desarrollo, sí, pero con transparencia, control y respeto por lo público.
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