CAPÍTULO 3.
Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en Antioquia
Al 19 de julio de 2022, 1.384 exguerrilleros y exguerrilleras -firmantes del Acuerdo de Paz- adelantan su ruta de reincorporación en Antioquia. De ellos, 331 habitan en los cuatro Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR- (ARN, 2022); es decir, 1.053 (76%) están dispersos en diferentes municipios del departamento, siendo Medellín y el Área Metropolitana la región receptora de mayor cantidad de firmantes con 325 personas (24%).
Los AETCR (antiguas Zonas Veredales Transitorias de Normalización) son plataformas territoriales desde las cuales se diseñan, implementan y ejecutan los proyectos productivos asociativos de los firmantes; donde además se realizan actividades de encuentro y actos de reconciliación con las comunidades aledañas; y donde se monitorea el proceso de reincorporación territorial y comunitaria (Conpes, 3931 de 2018).
De los cinco ETCRs creados en 2017 solo tres continúan en pie: Carrizal (Remedios), Llanogrande (Dabeiba) y La Plancha (Anorí). El ETCR de Vidrí (Vigía del Fuerte) fue suprimido por decisión unilateral del gobierno Santos, y el ETCR de Santa Lucia (Ituango) se trasladó en julio de 2020 a Becuarandó (Mutatá). Este traslado fue resultado de un episodio de desplazamiento forzado de 74 firmantes y 45 núcleos familiares.
A estos cuatro AETCR, se suman las Nuevos Áreas de Reincorporación (NAR) de Mandé (Urrao), La Fortuna (Mutatá), San José de Apartadó, Godó (Dabeiba), San Francisco (Yondó) y el NPR-urbano de Medellín.
Estos nuevos asentamientos cuentan con el acompañamiento de la institucionalidad nacional e internacional y del partido Comunes; su configuración evidencia la movilidad de los exguerrilleros que salieron de los AETCR buscando nuevos territorios para adelantar sus proyectos productivos asociativos, así como mejores oportunidades de empleo o mayor cercanía con familiares o comunidades receptoras más afines a su proceso de reincorporación.
Una de las principales dificultades en la estabilidad del proceso de reincorporación en Antioquia se encuentra en que gran parte de la oferta institucional se concentra en los AETCR.
De ahí que los firmantes que no habitan en estos lugares se vean excluidos de los proyectos de vivienda, y si bien la competencia de la reincorporación la tiene la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), el 31 de octubre de 2017, en la gobernación de Luis Pérez, se instaló la Mesa Departamental de Reincorporación, convertida en la administración de Aníbal Gaviria en el Consejo Departamental de Reincorporación.
Se esperaba que este fuera el espacio donde se logrará articular los esfuerzos nacionales, departamentales e internacionales para avanzar en la reincorporación. En efecto, el Consejo resultaba importante pues sería el escenario donde se definirían, entre las entidades y los firmantes, los lineamientos centrales de la política de reincorporación.
Según el firmante Manuel Gonzáles Benítez, lo que se ha evidenciado es que “existe una dispersión de esfuerzos, pues por un lado están las acciones de la ARN, en otro la autogestión colectiva de los firmantes, por otro las agencias de cooperación internacional y por otro están las de la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia”.
Según la citada Secretaría, el Consejo Departamental de Reincorporación se encuentra funcionando y acompaña el proceso de reincorporación con la puesta en marcha de cinco mesas técnicas:
- Mesa de Sostenibilidad Económica y Proyectos Productivos
- Mesa de Acceso a Tierras y Habitabilidad
- Mesa de Oferta Social
- Mesa de Seguridad
- Mesa de Género
No obstante, los firmantes consideran que estas mesas no se han articulado a una política integral de reincorporación y que actúan sobre la base coyunturas; además, no cuentan con la participación activa de la población en proceso de reincorporación o con la concurrencia de instancias como el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Federación de Economía Solidaria Efraín Guzmán o el partido Comunes. Es decir, no hay nivel de articulación.
Frente a los proyectos productivos, el Consejo Nacional de Reincorporación ha aprobado 13 de carácter colectivo que se impulsan desde las 12 cooperativas que están organizadas en la Federación de Economía Solidaria Efraín Guzmán: Coofortuna, Coomurri, Cotepaz, Coomuldesna, Asopenderisco, Coomande, Coomusepaz, Agroprogreso, Coopemprender, Coomudes, Coomufupaz y Asoituangüinos. Infortunadamente, estos proyectos productivos no han logrado generar las condiciones para que los firmantes tengan estabilidad económica, incluso muchos de ellos han tenido que ser replanteados por temas financieros, técnicos, de seguridad, entre otros.
El apoyo del gobierno departamental a estos proyectos productivos no ha sido estructural y se ha limitado a un mero acompañamiento a la ARN y a la cooperación internacional.
Finalmente, sobre las garantías de seguridad para los firmantes, el balance en el departamento no es positivo, pues a julio de 2022 van 32 asesinados y 3 desaparecidos, sumado a los desplazamientos forzados de los colectivos en el ETCR de Vidrí en 2018, donde alrededor de 200 firmantes se dispersaron en municipios de Antioquia y Chocó, y del ETCR de Santa Lucia Ituango en julio de 2020, donde 74 firmantes y 45 núcleos familiares se desplazaron de manera forzada hacia Mutátá; estos hechos evidencian un accionar sistemático en contra de quienes firmaron el Acuerdo de Paz.
Se requieren acciones efectivas para proteger la vida e integridad de los reincorporados y sus familias.
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