Este Gobierno ha sido reconocido por muchas cosas, principalmente por apostarle a reformas que den cumplimiento a lo que prometieron en campaña y lo que plasmaron en su plan de desarrollo. Poco les ha funcionado, pues encontrar el anclaje entre la realidad versus lo que narran en los micrófonos. El verdadero reto siempre está en mostrar y resolver los desafíos reales, sin dejar de lado, los sueños y expectativas de país en el mediano y largo plazo.
Un ejemplo de esta encrucijada es la Reforma a la Salud. Con la promesa de fortalecer la atención primaria y eliminar intermediarios, el proyecto ha generado un clima de incertidumbre en el sector y, por supuesto, los usuarios. Uno de los mayores desaciertos ha sido la aparente subestimación del papel de las EPS, entidades que actualmente gestionan alrededor del 90% de los afiliados al sistema de salud. La propuesta de desmantelarlas sin una hoja de ruta clara para su reemplazo ha encendido las alarmas, seguida de la crisis en la prestación de servicios, especialmente, para los más de 50 millones de colombianos que dependen de ellas. Iniciativa con consecuencias graves en el servicio de urgencias que presenta ocupaciones reiteradas por encima del 180%, desabastecimiento de medicamentos y colapso en la asignación de citas, ni qué hablar de las tutelas por la falta de prestación de los servicios.
Por otro lado, la Reforma Pensional que ha buscado garantizar una vejez digna para todos, proponiendo un sistema de pilares que incremente la cobertura y que su principal desacierto radica en la financiación y la sostenibilidad a largo plazo. Se ha estimado que la reforma podría requerir subsidios por más de 18 billones de pesos anuales del presupuesto nacional, una cifra que es preocupante ante la capacidad fiscal del Estado para asumir esta cifra sin comprometer otros sectores esenciales, o lo que es más rimbombante, sin recurrir a un mayor endeudamiento que hipoteque las futuras generaciones.
En cuanto a la Reforma Laboral, el gobierno ha perseguido el objetivo de dignificar el trabajo desde las narrativas y se cierran en reducir la precariedad. Pero su principal lunar ha sido la potencial afectación al empleo formal y la competitividad empresarial. Estudios como el de ANIF(que es de mérito leer), ya han advertido que la propuesta podría llevar a la destrucción de hasta 450 mil puestos de trabajo formales, al encarecer la contratación y reducir la flexibilidad, especialmente, para las pequeñas y medianas empresas que son el corazón de nuestra economía, lo cual podría generar un incremento desbordado de la informalidad.
Finalmente, la Reforma a la Educación, esta no ha sido tan mediática pero también ha presentado sus retos. El intento por fortalecer la educación pública y transformar el sistema se ha visto empañado por la falta de un plan de implementación detallado y la ausencia de consensos con diversos actores. Un dato preocupante es la persistente brecha en la calidad educativa entre zonas rurales y urbanas, que la reforma aún no logra abordar de manera real, dejando a millones de estudiantes en desventaja y haciendo permanentes los ciclos de desigualdad. El camino es largo y las reformas son necesarias, pero el acierto no solo reside en la intención, sino en la capacidad de construir sobre lo existente y de escuchar todas las voces para evitar que la búsqueda de un ideal termine por desdibujar la realidad de un país que clama por soluciones tangibles. Este Gobierno ha sido ciego y sordo ante las solicitudes multisectoriales que son las que realmente conocen y padecen las dificultades.
Aquí algunas de nuestras realidades, que más allá de mostrar las posturas, visiones y desaciertos, invitan a pensar y ejecutar las reformas estructurales que nos permitan realmente mejorar el sistema.
Por encima de las anteriores iniciativas, impera mantener la democracia en medio de tanta narrativa y afán de implementar modelos probados y fracasados a nivel mundial. Impera mantener y potenciar lo bueno y pensar en cómo mejoramos lo que no funciona. Impera además retomar el rumbo para que las regiones y los grandes proyectos de país, no dependan de la ideología del presidente de turno, la verdadera reforma que necesita Colombia es la autonomía fiscal, ya incorporada en nuestra Constitución del 91, pero tímidamente desarrollada en materia de distribución de los recursos generados por los ciudadanos, que no es cosa distinta a que los departamentos y municipios tengan más plata, de la que ellos mismos producen, para invertir directamente en las realidades y problemáticas de sus territorios.
En el 2026 no podemos improvisar, Colombia merece retomar el buen rumbo, para encaminar a sus ciudadanos al progreso y desarrollo.
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