“¿La acción de Estados Unidos en Venezuela es ilegal? Sí
¿Esa intervención es legítima? Totalmente”
La intervención de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela ha suscitado diversas reacciones en las personas: desde quienes lo celebran por la deposición del poder de Nicolás Maduro, hasta quienes denuncian la legitimación que se autoconfiere EE.UU. para intervenir en otros países.
La opinión pública ha repetido argumentos sostenidos en falacias lógicas, como la que afirma que denunciar la intervención de EE.UU. es legitimar la dictadura de Maduro, o aquella que confiere validez a la opinión en función de la nacionalidad de quien opina. También han estado presentes argumentos con mayor estructura que han ocupado las esferas académicas, pero no han sido traducidos a la realidad de un pueblo que, habiendo agotado las vías de hecho y de derecho, ahora goza de ver materializado el deseo popular de la salida del poder de Maduro como figura visible de la opresión de Venezuela.
La conversación no es tan simple como citar los tratados internacionales o hablar solo de la voluntad del pueblo venezolano pues, como todo en política, coexisten argumentos éticos, legales y de poder, todos válidos y, en algunos casos, excluyentes.
Empezaré por referirme a la legalidad de la intervención a la luz de los tratados internacionales, pues diversas figuras políticas como Álvaro Uribe o Paloma Valencia arguyeron la legítima defensa, la responsabilidad de proteger, la violación a los derechos humanos y a los principios democráticos como justificación para las acciones emprendidas por Estados Unidos en Venezuela; sin embargo, toda intervención militar por parte de Estados Unidor debe ser aprobada por el congreso norteamericano, lo cual no sucedió y por ende constituye un acto ilegal. Por su parte, los tratados internacionales establecen que las amenazas y las violaciones de tratados internacionales no permiten invocar el derecho de legítima defensa, pues la legítima defensa es permitida únicamente en caso de ataque armado, lo cual no sucedió.
El argumento de la responsabilidad de proteger o R2P establece que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población del genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y el poyo de la comunidad internacional se limita al uso de los medios diplomáticos, humanitarios o cualquier otro medio pacífico. En caso tal de que un Estado no pueda proteger a su población, el Consejo de Seguridad debe determinar que existe una amenaza y aprobar una respuesta colectiva. Esto no sucedió.
Respecto a la clara violación a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro, podría argumentarse la “intervención humanitaria” que refiere al uso de la fuerza en otro país para proteger a la población de violaciones a los derechos humanos, pero esta acción, como en los casos anteriores, debe ser aprobado por el consejo de seguridad de la ONU. Esto tampoco sucedió.
¿La acción de Estados Unidos en Venezuela es ilegal? Sí
¿Esa intervención es legítima? Totalmente.
La norma no puede ser entendida por fuera del contexto social o de forma literal, dejando de lado los valores que inspiran los diferentes postulados normativos. Ante esta realidad, cobra relevancia el análisis ético de la situación, pues ¿de qué sirven las normas que protegen la soberanía, si van a ser un impedimento para proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos?
Al régimen de Nicolás Maduro se ha enfrentado la población civil obteniendo como respuesta fuertes represiones, desapariciones forzadas, presos políticos, emigración masiva, censura de medios de comunicación y violaciones a los derechos humanos. Los ciudadanos venezolanos se han manifestado en diversas ocasiones contra el mandatario y han denunciado la ilegitimidad de su poder, en tanto se ha elegido en condiciones irregulares y cuyos resultados electorales no han sido reconocidos por la comunidad internacional, todo esto, con unas fuerzas armadas del lado del régimen y sin posibilidad real de que por las vías legales o de hecho, Maduro dejara el poder.
Al autoritarismo represivo de Nicolás Maduro se suma la desesperanza de un cambio real en la política nacional, puesto que las elecciones no eran libres ni transparentes y un golpe de Estado sin el respaldo de las fuerzas militares resultaba impensable. A esto se añade una comunidad internacional cuya única acción a favor del pueblo venezolano consistía en imponer sanciones contra el país, medidas que terminaban perjudicando a la población. Al haberse agotado las vías jurídicas, el apoyo internacional efectivo y las opciones de acción interna, la intervención de Estados Unidos emerge como una respuesta necesaria ante el contexto histórico, político y social de Venezuela.
Frente a este panorama, la inacción de la comunidad internacional no podía entenderse como el respeto a los tratados internacionales, los acuerdos de no agresión o como defensa a la soberanía territorial, porque las vías pacíficas no habían mostrado ser efectivas, la soberanía había sido un escudo para la tiranía y la autodeterminación de los pueblos estaba limitada por el poder violento del Estado. En estas condiciones hay un deber moral de corregir el sometimiento de los pueblos y proteger a la población, por lo que la intervención de Estados Unidos tendría sentido y sería legítima.
El punto de inflexión se encuentra en la justificación del gobierno de Donald Trump para intervenir Venezuela. La motivación de Trump no era respetar el deseo soberano del pueblo venezolano de derrocar a Maduro del poder, o la protección de la población frente a los crímenes de lesa humanidad de Maduro, lo cual, como mencioné anteriormente, podría legitimar la intervención. Diferente a lo anterior, el argumentó que usó la administración Trump para desplegar su fuerza sobre Venezuela fue la “lucha contra el narcotráfico” y es ahí donde la conversación deja de ser legítima, para dar paso a las cuestiones de poder.
La intervención de Trump en Venezuela se justifica por la lucha contra el narcotráfico, lo cual es impreciso, desproporcionado e ilegal. Es impreciso porque la producción de estupefacientes de Venezuela no tiene como destino principal los Estados Unidos, así como no son tampoco la principal oferta de narcóticos del país, sumado a que las lanchas bombardeadas con el mismo pretexto de las drogas no tuvieron un proceso legal que constatara la versión oficial de que estuvieran vinculadas al narcotráfico. Es desproporcionado bombardear un país cuya respuesta militar es insuficiente para combatir el imperio norteamericano; además, no solo fue inexistente una respuesta armada de Venezuela, sino que no había amenaza inminente contra Estados Unidos. Es ilegal en tanto dicha acción debía ser aprobada por el congreso de los Estados Unidos y no sucedió de esa forma.
El malestar de muchos, incluido yo, no es haber quitado a Maduro del poder, sino la justificación que se usó para eso, porque abre la posibilidad de intervenir en cualquier país del mundo por razones tan abstractas como el “interés nacional” de los Estados Unidos, pero con el respaldo de la norma internacional al usar la figura de la jurisdicción universal.
Es acuciante que la comunidad internacional coloque sobre la mesa el debate respecto al derecho penal extraterritorial de Estados Unidos, pues este faculta al país a emprender acciones contra países extranjeros simplemente por la intención de llevar drogas a EE.UU., incluso si no son enviadas, lo cual borra por completo los límites al poder de un país sobre otro.
La intervención en Venezuela debe movilizar a Colombia a conversaciones urgentes sobre la política antinarcóticos de Estados Unidos. Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y tras la designación de Gustavo Petro por parte de EE. UU. como una persona vinculada con actividades de narcotráfico, se justifica la transgresión de la inmunidad soberana del mandatario y se abre la puerta a la aplicación de medidas extraterritoriales estadounidenses en territorio colombiano.
La discusión se complejiza debido a la profunda polarización política que persiste en la sociedad colombiana. Esta división ha llevado a un sector del país (la oposición) no solo a apoyar la intervención de Estados Unidos, sino a clamarla, asumiendo que simplemente derrocarán al presidente que no es de su agrado. Pedir intervención de Estados Unidos en Colombia pasa por alto que Gustavo Petro es un presidente electo democráticamente, con apoyo popular como lo muestran las encuestas de intención de voto, además de que no pueden ser justificados durante su mandato delitos de lesa humanidad, por lo que dicha intervención respondería únicamente al capricho de un sector político que desconoce cómo ejercer una oposición responsable y que no evalúa las graves consecuencias de los intereses, condiciones y maneras en que EE.UU. administraría al país durante el vacío de poder.
Donald Trump no solo incluyó a Gustavo Petro en la lista Clinton, sino que también lo responsabilizó del aumento en las hectáreas de coca cultivadas, lo vinculó con organizaciones narcoterroristas y, en declaraciones recientes, afirmó que “está enfermo” (sea lo que eso signifique). Por tanto, resulta no solo insensato, sino un acto de total ignorancia, creer que estos no son motivos suficientes para que Trump decida administrar a Colombia mientras se elige a otro presidente que, evidentemente, debe ser de su agrado.
La intervención directa de Donald Trump en la política latinoamericana durante los períodos electoral y preelectoral es descarada, colonial e ilegal. Considero que esta acción no solo pone en duda los ya lesionados tratados y organismos internacionales, sino que cuestiona el sistema democrático en sí mismo. Existen precedentes contundentes que demuestran que los acuerdos colectivos son cumplidos por países militar y económicamente débiles, mientras que las potencias pasan por encima de ellos. De igual forma, las normas internacionales han dejado de ser un límite al poder de las potencias y no existen consecuencias reales para los poderosos que transgreden el fundamento mismo de la convivencia global y la norma: los acuerdos colectivos.
En un mundo donde el cumplimiento de los acuerdos internacionales y los límites al poder son selectivos, ¿qué detiene a los salvadores convertidos en tiradnos?
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