El último acuerdo sobre justicia transicional logrado en la mesa de La Habana entre la delegación del gobierno de Santos y las FARC parece que ha llevado el proceso de paz a un punto de no retorno. Sobre todo porque los capos han logrado lo que querían, llevar la justicia a un escenario donde se sientan cómodos, donde puedan tapar el prontuario criminal que cargan en sus espaldas.
Esto se basa en la “Jurisdicción especial para la paz”, una justicia creada por las dos delegaciones dónde participarán jueces colombianos y extranjeros y que parece creado para blindar mediáticamente a los grandes capos de FARC, y que el ojo de la opinión pública se pose en mandos medios y bajos que cumplían órdenes de Timochenko, Iván Márquez o Santrich.
Por otra parte queda claro que este proceso de la paz fue confeccionado al tallaje perfecto de las FARC, sobre todo porque sus reclusiones según lo que manifestaba el fiscal van a terminar siendo en un municipio aislado, (casi que reposando luego de su “gesta” y con derecho a hacer política) o en una granja, o haciendo trabajos comunitarios, algo que realmente es impresentable cuando en sus cabezas pesan condenas y órdenes de captura por los delitos más graves. Lo más preocupante de todo esto es que el anuncio mediático logró conmover una mayor cantidad de masas, haciendo que los que anhelamos una paz con seriedad y prisión para delitos graves nos estemos quedando más solos pero seguiremos igual de firmes.
Una de las cosas más preocupantes que contiene ese comunicado conjunto es aquel punto donde menciona que habrá juzgamientos por igual a quienes, (según ese tribunal) hayan tenido participación directa o indirecta en el conflicto (llámese FARC-EP, agentes del estado etc.), por lo tanto genera mucha suspicacia que con la polarización política y la ambición de destruir a la oposición que comparten el gobierno y las FARC, esta jurisdicción se termine convirtiendo en una herramienta política para acabar adversarios, con testigos falsos e imputaciones fantasiosas que han sido frecuentes en los últimos años y que se han propagado de manera irresponsable.
Con certeza se debe protestar por el trato que se le busca dar a las Fuerzas Militares, ya que según el comunicado serán juzgados de manera igual con los guerrilleros de las FARC, algo inaceptable, por esto es responsabilidad del gobierno proteger los intereses de los hombres que han defendido la vida y honra de los ciudadanos, ante los ataques bárbaros de aquellos con los que él negocia.
Por último cabe decir que es un gran avance que ya se hable de dejación de armas, lo importante es saber a qué país garante, (¿Venezuela la inhumana, Chile o Noruega?) o que harán con ellas, entendiendo que nunca las van a entregar al gobierno, porque en su romántica demagogia dárselas al estado es señal de rendición, para ellos es así, para la sociedad colombiana sería un compromiso real de paz. Los 60 días de plazo para desarmarse es un plazo razonable, pero allí sabremos si de verdad se silenciaron los fusiles o esto es solamente un paso más para seguir combinando las formas de lucha.
En conclusión se debe decir que no hay lío en que este grupo armado se transforme en partido político, pero si en cómo, y quienes lo van a componer, y allí es donde entra un punto importante y es el tipo de prisión que van a pagar los grandes capos de las FARC, porque será a todas luces inaceptable que vayan a una granja a sembrar tomates y luego salgan al congreso, por sobre todas las cosas está el juzgamiento moral. Y será un símbolo de justicia que de colocar minas y extorsionar comerciantes no se pase a hacer política, sino que se cumpla una pena privativa de la libertad como cualquier otro delincuente. Porque eso es lo que han sido.
Comentar