Esta semana, en El Plateado, Cauca, dos militares resultaron heridos al caer en un campo minado. Este incidente ocurre en el marco de una operación del Ejército para “recuperar el control” de un territorio que hoy está en manos de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Al leer la noticia, pareciera que se trata de un episodio más en el ciclo interminable de violencia. Sin embargo, detrás de cada mina antipersonal que explota y de cada despliegue militar, hay una realidad que se extiende mucho más allá del simple reporte de bajas: la de comunidades que llevan décadas atrapadas en un fuego cruzado, en una violencia que no cesa.
El Ejército ha movilizado a más de 1.400 soldados a esta región, respaldados por helicópteros, drones y artillería pesada. Las disidencias responden con explosivos y minas antipersonal, mientras los civiles permanecen atrapados en medio de los ataques, sumidos en el miedo y la incertidumbre. Para muchos medios, la llamada “Operación Perseo” es apenas otra operación en una zona donde el conflicto ya es paisaje. “Asegurar” la zona, dicen algunos, como si eso pudiera hacerse solo con fusiles y bombas.
Lo que no se menciona es el costo humano que este tipo de enfrentamientos representa para la población civil. Los habitantes de estos pueblos, más de 8.000 personas en el caso de El Plateado, viven prácticamente en un estado de sitio. Las minas no solo están en el camino de los soldados: están cerca de las viviendas, en los caminos por donde transitan niños, adultos y ancianos. Cada explosión es un recordatorio de que la paz sigue siendo una palabra vacía para estas comunidades y que ni el Estado ni los grupos armados están dispuestos a renunciar al control de sus vidas.
Desde el discurso oficial, nos hablan de la importancia de “recuperar el control territorial”. Pero, en la práctica, la presencia del Estado en estas regiones parece limitarse a sus tropas y artillería. ¿Dónde están los hospitales, las escuelas? ¿Dónde están las oportunidades que les permitirían a estas comunidades aspirar a un futuro distinto, uno en el que la violencia no sea la norma?
Es un ciclo que se repite una y otra vez: el Ejército toma el control temporal, desactiva algunas minas, desmantela uno que otro laboratorio de coca. Pero, en cuanto las tropas se retiran, el territorio vuelve a manos de los mismos grupos armados. El poder real sobre estas zonas no lo ejerce el Estado, sino la violencia que queda detrás.
Hemos llegado al punto en el que, para muchos colombianos, la paz parece un ideal abstracto, un sueño inalcanzable. Pero no debería ser así. La paz real significaría que ningún niño, en ningún rincón del país, deba temer caminar por una carretera por miedo a una mina antipersonal.
¿Será posible algún día?
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