El fantasma de la corrupción se mueve por las comunas de Medellín. Antiguos contratistas que a punta de favores oligopolizaban la contratación durante la era Quintero, rondan alardeando de sus influencias, intimidando ediles a través del CCCP, y amenazando -otra vez-, la integridad del presupuesto participativo.
Y es que no nos confundamos: una cosa son los contratistas “de primer piso”, y otra son la infinidad de tercerizaciones o subcontrataciones a las que dichos contratistas acudían para lucrar sin tener que mover un dedo. El esquema, para entenderlo, es el siguiente: primero, la alcaldía suscribe un contrato interadministrativo con un operador (Metroparques, Plaza Mayor, o Telemedellín); segundo, dicho operador escoge un contratista (normalmente, de la esfera de influencia de Quintero y sus secuaces); tercero, el contratista elegido va a la comuna donde se debe ejecutar el proyecto, y negocia con los caciques locales, subcontratándolos por la totalidad o parte de la ejecución a cambio de un amplio margen de ganancia; cuarto, el subcontratista, que es un cacique local, pasa inadvertido para la administración, ejecuta parcialmente y utiliza sus ganancias para comprar lealtades de otros líderes pertenecientes al CCCP.
Así, los proyectos de presupuesto participativo terminan sirviendo más a beneficio de los contratistas “de primer piso”, es decir, los escogidos por el operador, y de los subcontratistas quienes usan sus ganancias para darse la gran vida y comprar lealtades, de lo que contribuyen a mejorar la vida de la comunidad. El esquema de tercerizaciones tiene resultados nefastos, no sólo porque al -a cuyos miembros compran los subcontratistas- CCCP se le han atribuido funciones casi que vinculantes durante la ruta de contratación -así el decreto que los reglamente no les de ese poder-, sino porque al final, el porcentaje de dinero verdaderamente utilizado para ejecutar los proyectos es nimio.
Algunos hablan de un 80% del presupuesto perdido en compra de favores, sobornos a funcionarios, y tráfico de influencias. Esa cifra implica que si para la ejecución de un proyecto se destinan 100 millones, se roban 80 al desviarlos de su propósito original. Para ver los resultados de tan espantosa situación basta con dar una vuelta por los informes de ejecución de los proyectos pasados. No alcanzan veedurías en la ciudad para enumerar las irregularidades en las ejecuciones y los usos indebidos del presupuesto del Estado.
La administración, ha dicho el alcalde, es consciente de esta problemática. Sin embargo, no basta con quedarse con los contratistas directos a los cuales se les asignaban contratos (el alcalde habló de 17 en su rueda de prensa); Es menester ir hasta el último escalón -hasta el último subcontratista-, pues es allí, y no en otro lugar, donde la red clientelar tiene sus peores efectos en términos presupuestales e institucionales. Presupuestales, porque se violan todos los principios de la administración pública (eficacia, eficiencia, neutralidad, y bien común); e institucionales, porque laceran la autoridad administrativa de la JAL y su capacidad para hacer control político.
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