“Yo a ese señor nunca lo he visto en un espacio de víctimas”.
La frase anterior, recogida en una investigación periodística, no es un comentario aislado. Resume una inquietud que hoy recorre a varias organizaciones sociales en el Bajo Cauca antioqueño: la distancia entre quienes ocupan las curules de paz y las comunidades que deberían representar.
Las curules especiales de paz nacieron con una promesa: abrir el sistema político colombiano a quienes históricamente han sido excluidos, especialmente las víctimas del conflicto armado en territorios profundamente golpeados por la violencia. En regiones como el Bajo Cauca, esta medida no solo buscaba representación, sino también reparación simbólica y una transformación real de la democracia.
Estas 16 curules fueron creadas para circunscripciones especialmente afectadas por el conflicto, donde millones de víctimas han vivido durante décadas en condiciones de exclusión política. La expectativa era clara: que liderazgos sociales surgidos desde las comunidades accedieran al Congreso y llevaran allí agendas construidas desde el territorio.
Sin embargo, la realidad electoral ha mostrado tensiones.
De acuerdo con un análisis de La Silla Vacía, en la circunscripción que agrupa el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño resultó electo un representante con cerca de 6.600 votos, respaldado por redes políticas regionales con trayectoria electoral. Sobre su elección han circulado cuestionamientos públicos por posibles apoyos de estructuras asociadas a Julián Bedoya y a la hoy senadora María Eugenia Lopera. Más allá de los nombres propios, lo relevante es la inquietud de fondo: ¿qué tan conectada está esta representación con los procesos organizativos de las víctimas en el territorio?
Liderazgos sociales de la región han expresado, en distintos espacios, que no se sienten reflejados en quien hoy ocupa esa curul. Aunque estas percepciones no invalidan por sí mismas un resultado electoral, sí plantean un desafío de legitimidad sustantiva que no puede ser ignorado.
El problema de fondo no es únicamente quién gana una elección, sino lo que esto representa. Cuando mecanismos diseñados para corregir desigualdades terminan reproduciendo dinámicas de poder preexistentes, se corre el riesgo de vaciar su propósito original. En contextos como el del Bajo Cauca —marcado por una débil presencia estatal, economías ilegales y redes clientelares— las condiciones de competencia son profundamente desiguales.
En este escenario, las organizaciones de víctimas enfrentan barreras estructurales: menor acceso a recursos, limitaciones para hacer campaña y, en muchos casos, riesgos de seguridad. Esto contrasta con la capacidad de movilización electoral de actores con trayectoria política regional.
El impacto va más allá del resultado puntual. Cuando las comunidades perciben que los espacios creados para incluirlas no logran representar sus procesos, se debilita la confianza en las instituciones y se desincentiva la participación. El riesgo es que la inclusión política se vuelva meramente formal.
Como planteó Hanna Pitkin, la representación no se agota en el acto electoral: implica que quienes son elegidos actúen efectivamente en nombre de quienes dicen representar. Esa dimensión sustantiva es la que hoy parece estar en disputa.
Frente a este panorama, el camino no pasa únicamente por cuestionar, sino por fortalecer mecanismos de seguimiento y control ciudadano. Espacios como audiencias públicas en el territorio, informes periódicos de gestión, veedurías ciudadanas y agendas construidas con organizaciones de víctimas pueden contribuir a cerrar la brecha entre representación formal y representación real.
Las curules de paz siguen siendo una herramienta valiosa. Pero su legitimidad dependerá, en última instancia, de su capacidad para responder a las expectativas de las comunidades que les dieron origen. Porque cuando las víctimas no se ven reflejadas en quienes las representan, la democracia corre el riesgo de convertirse —más que en un canal de inclusión— en una promesa incumplida.
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