¿Qué más hay que hacer por Venezuela?
Por: Virginia Contreras
Sorprende que quienes buscan un acuerdo que le de gobernabilidad a Venezuela no mencionen el narcotráfico que es el tema vital a resolver
No existe discusión respecto a la gravedad de la crisis política que sufre el país, la cual repercute en la vida de sus habitantes. Instituciones, como la Asamblea Nacional, partidos políticos, miembros de la sociedad civil, e infinidad de gobiernos y de organizaciones internacionales están tratando de aportar soluciones para la terminación de tan agobiante situación. Pero por muy dramática que esta sea, existen otros problemas imprescindibles que atender, si se quiere mantener a flote la gobernabilidad del país.
Uno de estos aspectos, y a nuestro juicio el mas grave, es el del tráfico de drogas y los delitos conexos, como el “sicariato”, el cual está padeciendo de manera asombrosa Venezuela, así como aquellos cometidos por miembros del crimen organizado que han penetrado al país, y que participan en el lavado de activos, el cual incluye operaciones inmobiliarias, actividades turísticas, bancarias y de entidades financieras, entre muchas otras.
Llama poderosamente la atención que mientras los más importantes organismos internacionales, como las Naciones Unidas, organizaciones como la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, o la misma DEA, señalen que como mínimo el 90 % de los vuelos no comerciales que trafican cocaína desde Colombia proceden de Venezuela; que entre el 19%-24% de la cocaína distribuida en el mundo pasa a través de Venezuela; que Venezuela permanece siendo la mejor ruta de tránsito de drogas de América del Sur hacia el Caribe, Centro América, Estados Unidos, África Occidental y Europa, la canciller venezolana afirme en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS, en inglés), celebrada hace una semana en Nueva York, que “Venezuela no es un país productor, ni tiene endémicamente un problema de tráfico ni consumo de drogas, como lo ha certificado la ONU, y tampoco se legitiman los activos provenientes del tráfico de drogas”.
El problema no está en la ceguera de una canciller que acostumbrada a la política de negarlo todo de su gobierno, se atreva a decir públicamente que el país no padece de este grave flagelo, y que la propia ONU, de cuyo seno salen los datos aportados en párrafos anteriores, prácticamente está feliz con la situación de Venezuela, sino en la falta de una posición- ni siquiera superficial- de parte de las poquísimas instituciones, que como la Asamblea Nacional, o los mismos partidos políticos, quedan sanos en el país.
El tema del tráfico de drogas en Venezuela está igualmente vinculado, quiérase o no, con el acuerdo de paz que muy posiblemente sea firmado entre el gobierno de Colombia y la organización guerrillera FARC. Para nadie es un secreto que las FARC son la primera organización criminal productora de drogas de la región, y que Colombia sigue siendo el primer país productor de cocaína del mundo. Igualmente no es ningún misterio que las FARC desde hace muchos años, ha utilizado con la anuencia y la mirada perdida del gobierno de Venezuela, el territorio venezolano para evadir la persecución de las autoridades de su país, así como para desarrollar sus actividades delictivas. Por si esto fuera poco, la inmensa cantidad de kilómetros de fronteras abiertas compartidas entre Colombia y Venezuela, y la poca seguridad que prestan las fuerzas armadas de ambos países, facilitan con creces la penetración de las FARC y de cualquier organización criminal que se lo proponga. Si a esto le sumamos el interés del gobierno colombiano de firmar a como dé lugar un acuerdo de paz que justifique las políticas del gobierno Neogranadino, y sirva de contención ante las críticas de muchos de sus detractores, concluiremos que muy pronto, más de los que muchos podrían calcular, las FARC (cuyo nombre será sustituido muy seguramente por cualquier otro), se convertirá en una nueva franquicia en Venezuela.
Es mucho el dinero y el poder que está en juego, entre las FARC, sus socios los carteles mejicanos, y las organizaciones del crimen organizado en general, como para renunciar a sus negocios de narcotráfico simplemente por la firma de un acuerdo, cuyas clausulas no contienen sino manifestaciones floridas de principios, y sobre el cual el mismo Presidente colombiano ha reconocido desconocer las finanzas de dicha organización.
Comentar