Cuando la alimentación de los niños se convierte en un problema de estado
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) nació con un propósito claro: garantizar que niños, niñas y adolescentes del sistema educativo público reciban una alimentación adecuada, que contribuya a su nutrición, permanencia en el aula y bienestar integral. Sin embargo, lo que hoy revelan los organismos de control y múltiples denuncias ciudadanas es una realidad preocupante que pone en duda el manejo de uno de los programas sociales más sensibles del país.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL, NO CASOS AISLADOS
Los recientes hallazgos de la Contraloría General de la República dejan en evidencia que lo ocurrido con el PAE no es una excepción, sino un patrón que se repite en varias regiones del país.
Entre los principales problemas detectados se encuentran:
- Sobrecostos, con pagos superiores a lo realmente ejecutado.
- Pagos sin soportes, sin evidencia clara de raciones entregadas ni de costos reales.
- Fallas contractuales, producto de mala planeación, contratos mal estructurados y débil supervisión.
- Incumplimiento nutricional, con menús sin aprobación formal o raciones que no cumplen los estándares exigidos.
- Débil interventoría, donde quienes debían vigilar, simplemente no lo hicieron.
El resultado es alarmante: más de 53.000 millones de pesos en posible detrimento patrimonial, miles de niños mal alimentados o sin alimentación oportuna y un programa que pierde credibilidad ante la ciudadanía.
CUANDO EL PAE SE DESVIRTÚA: EL USO POLÍTICO DE LOS RECURSOS
A esta situación se suma un hecho aún más delicado: la denuncia sobre contratos por más de 2.200 millones de pesos destinados a eventos, logística y pauta publicitaria, firmados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Este tipo de contrataciones generan una profunda preocupación porque:
- El PAE no es un programa de comunicaciones, es un programa de alimentación.
- Recursos destinados a los niños se habrían usado en tarimas, eventos y pauta en medios y redes sociales.
- Ocurre en un contexto preelectoral, lo que despierta legítimas alertas políticas y éticas.
- Utilizar la “plata de los niños” para mostrar gestión o hacer espectáculo es moralmente inaceptable.
No se trata de un simple error administrativo, sino de una distorsión grave del sentido del programa.
¿CÓMO DEBERÍA MANEJARSE CORRECTAMENTE EL PAE?
Un PAE bien ejecutado no admite improvisaciones. Como mínimo, debería cumplir con:
- Operadores con experiencia comprobada en alimentación escolar.
- Planeación previa rigurosa, con menús aprobados, costos reales y logística clara.
- Transparencia contractual, con estudios previos sólidos y selección objetiva.
- Interventoría técnica fuerte, en lo nutricional, financiero y operativo.
- Inicio oportuno, coincidiendo con el calendario escolar.
- Prioridad absoluta al niño, no a la imagen política ni al protagonismo institucional.
Cuando uno solo de estos elementos falla, el riesgo de corrupción, mala ejecución y afectación directa a los estudiantes se multiplica.
EL CASO DE ANDES, ANTIOQUIA: UNA PREOCUPACIÓN LEGÍTIMA
En el ámbito local, el manejo del PAE en Andes despierta serias inquietudes.
Se adjudicaron dos contratos del PAE por cerca de 4.000 millones de pesos a las entidades AMUNORTE y AMUNORMA, organizaciones que no registran experiencia conocida en la ejecución de programas de alimentación escolar. A pesar de ello, la Alcaldía procedió con la adjudicación sin que, hasta ahora, se haya explicado con claridad el sustento técnico de esta decisión.
¿POR QUÉ ESTO ES GRAVE?
Primero, porque el PAE no es un contrato cualquiera. No se trata de obras, eventos o suministros comunes. Involucra directamente:
- Nutrición infantil
- Salud pública
- Permanencia y rendimiento escolar
Segundo, porque la falta de experiencia del operador aumenta significativamente el riesgo. Un operador sin trayectoria puede improvisar menús, fallar en la logística, incumplir estándares y depender de terceros sin control efectivo.
Tercero, porque, aunque el operador ejecute, la responsabilidad final es del municipio: por la selección, la supervisión y cualquier detrimento que se genere.
Y cuarto, porque lo ocurrido no es un hecho aislado en Andes. Organizaciones ciudadanas como Unidos por Andes han señalado reiteradamente un patrón preocupante: improvisación, falta de rigor técnico, decisiones poco claras y contratos delicados entregados a entidades sin idoneidad plenamente demostrada.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SIN RESPUESTA
Ante esta situación, la ciudadanía tiene todo el derecho a exigir claridad. Algunas preguntas siguen abiertas:
- ¿Cuál fue la experiencia específica en PAE acreditada por AMUNORTE y AMUNORMA?
- ¿Quién elaboró los estudios previos y con qué criterios técnicos?
- ¿Existieron otras propuestas de operadores especializados?
- ¿Quién ejerce la interventoría y con qué perfil profesional?
- ¿Cómo se garantiza que cada ración cumple con lo nutricional y lo financiero?
- ¿Qué plan de contingencia existe si el operador falla?
Si estas respuestas no están claras, documentadas y accesibles, el riesgo es demasiado alto.
Lo que ocurre con el PAE en Colombia no es solo un problema de plata. Es un problema de prioridades, de ética pública, de capacidad administrativa y, sobre todo, de respeto por los niños.
En Andes, la adjudicación de contratos millonarios del PAE a entidades sin experiencia conocida no solo genera dudas: genera una preocupación legítima que debe ser atendida con transparencia y responsabilidad.
Aquí no se trata de atacar por atacar, sino de exigir lo básico en una democracia:
transparencia, idoneidad y responsabilidad.
Porque cuando el PAE falla, no pierde un político ni una administración: pierden los niños.
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