“Si la memoria es un muro, la protesta es el aerosol que la hace visible. Pero cuando el poder empuña la brocha, ¿limpia la ciudad o silencia la verdad?” Acevedo, M. Emmanuel (2025)
En las últimas décadas, Colombia ha sido testigo de una creciente incomodidad social, donde la protesta ha ocupado un lugar central en el debate público. Desde marchas estudiantiles hasta manifestaciones campesinas, pasando por huelgas laborales y expresiones de descontento urbano, las calles han sido el escenario de exigencias legítimas por derechos, reformas y reconocimiento. Sin embargo, surge una pregunta que cada vez resuena con mayor fuerza: ¿son todas las protestas expresiones genuinas de inconformidad ciudadana o algunas responden a estrategias políticas encubiertas?
La protesta, consagrada en nuestra Constitución como un derecho fundamental, representa una de las herramientas más poderosas para la construcción de la democracia. Históricamente, ha sido la chispa que impulsa transformaciones trascendentales. Pero ¿qué ocurre cuando este derecho es instrumentalizado con fines ajenos a las demandas ciudadanas? En una sociedad donde la memoria es frágil y la narrativa del poder se reescribe con facilidad, la protesta también puede ser usada como un arma política.
En Medellín, la memoria está grabada en sus muros. Los grafitis que adornan la ciudad no son solo arte urbano, sino testigos de una historia marcada por el dolor y la resistencia de una comunidad que se niega a olvidar Entre los grafitis que claman justicia, sobresale una herida aún abierta: la Escombrera. Este lugar, símbolo de impunidad y olvido, es señalado como una de las mayores fosas comunes del país. Bajo toneladas de tierra y escombros, se cree que yacen los restos de cientos de desaparecidos, víctimas de las operaciones militares y paramilitares en la Comuna 13 a principios de los 2000. Allí, donde el conflicto aún deja cicatrices, las paredes narran historias silenciadas por los discursos oficiales. La reciente decisión de la Alcaldía de Medellín de borrar un grafiti sobre la Escombrera ha encendido un debate más profundo: ¿qué ocurre cuando las expresiones de memoria y protesta chocan con la narrativa del poder?
Durante años, las promesas de excavaciones prometidas por las administraciones de turno han sido tímidas y los resultados frustrantes, los grafitis que denunciaban este abandono han mantenido viva la exigencia de justicia.
El acto de borrar un grafiti sobre la Escombrera no es un simple gesto administrativo. Es una declaración política. Desde el gobierno local se argumenta que la intervención tenia el objetivo de “embellecer” la zona, pero, para muchos, este hecho no es mas que un intento de silenciar un grito incomodo, de esconder bajo pintura blanca una verdad que perturba.
Eliminar una expresión de denuncia podría equivaler a una segunda desaparición, esta vez simbólica, situación protegida por la normativa actual relacionada con la Justicia para la Paz. ¿Se protege el espacio público o la imagen de quienes lo gobiernan?
No es la primera vez que los gobiernos intentan controlar las narrativas de la memoria. En Medellín, las disputas por el uso del espacio público y las expresiones artísticas son un reflejo de tensiones más profundas. Los murales, que en muchas ocasiones se financian y promueven desde las mismas instituciones, se convierten en herramientas de «marketing urbano» que resalten la transformación de la ciudad, pero que invisibilizan las realidades incómodas. En este caso, borrar un grafiti que denuncia el abandono de la Escombrera contradice el mensaje de reconciliación y memoria que tanto se proclama en las políticas locales.
Este episodio también nos obliga a reflexionar sobre la protesta y su posible instrumentalización. ¿Es posible que la indignación colectiva sea usada como herramienta política? ¿Hasta qué punto es legítimo que ciertos actores busquen capitalizar estas acciones para fortalecer o desacreditar narrativas partidistas? La memoria, en un país como Colombia, siempre corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla.
Sin embargo, hay algo que no se puede borrar ni con pintura ni con discursos oficiales: la memoria vive en la gente, en las familias de los desaparecidos que aún esperan respuestas, y en los artistas y colectivos que se niegan a callar. Cada grafiti eliminado sobre la Escombrera es una invitación a que surjan dos, tres, o diez más. Porque la memoria no se rinde.
En este 2025, cuando la paz sigue siendo una meta esquiva y la justicia parece un objetivo distante, los muros de Medellín nos recuerdan que la protesta legítima no necesita permiso. Los grafitis en razón a la protesta no son meros adornos urbanos; son mensajes vivos que desafían la comodidad del poder. Y cada vez que se borra uno, la voz de la memoria se alza con más fuerza: «No olvidamos. No nos rendimos».
La gestión del espacio público y la memoria histórica debe partir de un equilibrio entre el derecho a la expresión y el deber institucional de garantizar una administración imparcial. La solución no está en borrar ni en imponer narrativas, sino en promover espacios de diálogo donde el arte urbano, la protesta legítima y la acción institucional convivan sin instrumentalizaciones políticas. Se invita a la administración distrital a ejercer su función sin sesgos ni intereses partidistas, garantizando que las decisiones sobre la memoria y el espacio público respondan a la verdad y a la justicia. Asimismo, se exhorta a los artistas y colectivos a que sus expresiones no sean utilizadas como herramientas de disputa ideológica ni como medio para señalar actores políticos sin fundamento judicial. La memoria debe ser un puente hacia la reconciliación, no un arma de confrontación.
La pregunta sigue siendo pertinente: ¿protesta legítima o estrategia política? Quizás la respuesta no esté en los despachos gubernamentales ni en las redes sociales, sino en las manos de quienes toman un aerosol y, bajo el sol o la lluvia, pintan en los muros lo que no se puede borrar de la memoria.
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