En 1884, Marx publicó el ensayo “Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”, en el que sentenció: “Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real”; años más tarde, Lenin terminaría por precisar el alcance de este dogma marxista: “Todas las formas de religión son órganos de reacción burguesa llamados a defender la explotación de la clase obrera…la opresión religiosa es una de las formas de consolidar la explotación económica.” (Acerca de la Religión, publica en 1965 y citado por el exiliado cubano Pablo Alonso en “Comunismo contra la religión: 100 años de historia”.)
Al concebirla como una expresión burguesa y un mecanismo de instrumentalización, el marxismo, al igual que el comunismo (su hermano siamés) consideran como necesaria la abolición de la religión, cualquiera que sea. Particularmente, el Cristianismo representa la antípoda de los modelos políticos de corte comunista y marxista, incluso en los más moderados, lo que no es de extrañar al considerar lo incompatibles que resultan en cuestiones básicas como el valor de la vida humana, de la familia y la libertad -en todo su amplio espectro—.
Por más de un siglo, el Cristianismo -no sólo el Católico—ha sufrido un persistente acoso y una cruel persecución en regímenes autoritarios de corte marxista/comunista que ha dejado un indeterminable saldo de víctimas. La libertad religiosa en este tipo de modelos políticos no es más que una ilusión.
En 2021, el Observatorio de libertad religiosa de América Latina, destacó que, en 74 países, alrededor de 340 millones de personas que profesan el Cristianismo han sufrido algún tipo de persecución o discriminación por su fe. Tristemente, en el ranking de los 50 países en los que son más vulnerables, Colombia se ubica en el puesto 30; al igual que México, que ocupa el puesto 37, señala el informe, en nuestro país la libertad de cultos se ha visto obstaculizada históricamente por acción del crimen organizado y los grupos guerrilleros, así como por “un contexto altamente secularizado que a veces pone en peligro la libre manifestación de la fe cristiana en el espacio público.”
El esfuerzo por cerrar las capillas Católicas ubicadas en el aeropuerto El Dorado y en el Congreso de la República, son síntoma de la confluencia de ambos fenómenos que amenazan con un deterioro sin precedentes de la libertad de religión y de cultos, que consagran tanto los tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Constitución Política de 1991.
Está claro que el secularismo exacerbado en asocio con un modelo político como el de Petro, que se identifica ideológicamente y en sus prácticas con regímenes comunistas como el cubano, el nicaragüense y el venezolano, concibe como imperiosa la descristianización de la sociedad.
Nosotros como demócratas que juramos defender la Constitución y la ley, tenemos claro que Colombia es un estado laico, no ateo, anticatólico o anticristiano. La Constitución de Colombia en el artículo 19 consagra la libertad de culto, que se desarrolla en la Ley Estatutaria 133 de 1994 y la libertad religiosa hace parte del bloque de constitucionalidad, al ser reconocida por el Derecho Internacional en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo del mismo número del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como se esperaba, aunque no a un ritmo tan acelerado, el modelo de Petro puede llevar al irreparable deterioro de la democracia, la institucionalidad y las libertades. Hoy vemos, por ejemplo, como nuestros derechos a la propiedad privada y a la libertad religiosa y de culto, están recibiendo sus primeros ataques. Ahora, está en manos de todos, la lucha por la defensa de lo que nos ha costado tanto construir en 200 años de vida Republicana, esperemos no ser inferiores a este reto.
Posdata. Una primera manifestación será la marcha ciudadana y pacífica del próximo 26 de septiembre, por obligación moral y responsabilidad cívica, allí estaré.
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