Las libertades individuales y el derecho a la intimidad son dos pilares fundamentales de los sistemas democráticos y de las sociedades contemporáneas que valoran la dignidad humana. A lo largo de la historia, la evolución del pensamiento político y jurídico ha llevado a la consolidación de estos derechos como esenciales para la autodeterminación[i] y el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de los individuos[ii].
No obstante, en la era digital y en un mundo donde la seguridad nacional, el avance tecnológico y la globalización han redefinido los límites de la privacidad, resulta crucial analizar hasta qué punto estos derechos pueden ser garantizados sin menoscabar otros valores igualmente importantes.
Desde una perspectiva filosófica y política, las libertades individuales representan el núcleo de la autonomía personal y la autodeterminación
Infortunadamente, el derecho a la intimidad se ha convertido en uno de los derechos más transgredidos en los nuevos tiempos, el desmesurado desarrollo de tecnologías de vigilancia masiva, el almacenamiento masivo de datos personales por parte de empresas y Estados, y la interconectividad de la información, ha generado múltiples desafíos para su protección. La pregunta que subyace diariamente y que logra transformarse en algo fundamental para la actual columna de opinión es: ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a sacrificar su privacidad en nombre de la seguridad o la comodidad?
Desde una perspectiva filosófica y política, las libertades individuales representan el núcleo de la autonomía personal y la autodeterminación. Pensadores como Locke, Montesquieu y John Stuart Mill han defendido la idea de que el individuo debe gozar de un ámbito propio de libertad donde el Estado no puede interferir sin justificación válida.
Podría decirse que, a nivel mundial, la Constitución Política de muchos países recogen esta premisa, evidentemente el constitucionalismo latinoamericano no es la excepción, de hecho, la mayoría de Estados, en sus constituciones, consagran derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad, siendo otro de los elementos de las democracias solidas.
Sin embargo, en la práctica, el equilibrio entre la protección de las libertades individuales y las necesidades de la sociedad suele generar tensiones. La seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la estabilidad social han servido de justificación para implementar regulaciones que, en ciertos casos, han afectado la privacidad y la autonomía de los ciudadanos. Ejemplo de ello es el aumento de la vigilancia gubernamental en diversas democracias, el uso de inteligencia artificial para monitorear actividades humanas y la recopilación indiscriminada de datos por parte de empresas tecnológicas (Facebook, X, Tik Tok, entre otras).
Frente a lo anterior, el derecho a la intimidad no solo protege a los individuos del escrutinio estatal o empresarial, sino que también se relaciona con el derecho a la identidad y el control sobre la propia información. En la avasallante era de las redes sociales y la digitalización, es cada vez es más difícil preservar un espacio íntimo sin la intrusión de terceros. La monetización de los datos personales y la creación de perfiles de consumidores han generado nuevas formas de vulnerabilidad que afectan a la privacidad individual.
Desde una perspectiva jurídica, la protección del derecho a la intimidad ha sido abordada en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, la implementación de estos principios a nivel nacional varía significativamente, dependiendo de la legislación y las políticas de cada país.
Finalmente, las libertades individuales y el derecho a la intimidad constituyen principios esenciales para la dignidad y el desarrollo humano. Sin embargo, las nuevas dinámicas de poder y el avance tecnológico han generado un panorama complejo donde estos derechos pueden verse limitados. Urge el debate al interior de las corporaciones legislativas de sobre hasta qué punto las regulaciones y medidas de seguridad pueden afectar la privacidad sin comprometer los valores democráticos y la autonomía individual, pues a juicio particular, la sociedad actual debe encontrar un equilibrio entre la protección de la privacidad y las demandas colectivas, asegurando que la libertad individual siga siendo un pilar inquebrantable de la vida en sociedad.
[1] Nicolás E. Guzmán C, Magíster en Derecho Público, Especialista en Derecho Constitucional, Conciliador en Derecho. Abogado asesor en Derechos Humanos (Universidad del Atlántico).
[i] Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 1.
[ii] C.N., art. 16.
Comentar