“¿Y si pudiéramos ver cada gasto del gobierno como si fuera una transacción en tiempo real?”
Cada año, en Colombia se discuten billones de pesos en el Congreso bajo el rótulo del Presupuesto General de la Nación. Se aprueba, se firma, se promulga. Y luego, el silencio. La ejecución presupuestal se convierte en una caja negra, solo abierta para unos pocos que entienden los PDF de 400 páginas del SECOP o que saben buscar entre los portales de datos abiertos, muchas veces desactualizados o fragmentados. ¿Y la ciudadanía? En el mejor de los casos, se entera cuando estalla un escándalo.
En un país donde el uso indebido de los recursos públicos ha sido más norma que excepción, hablar de transparencia no puede seguir siendo solo un discurso. Necesitamos cambiar la estructura misma de cómo se gestionan y supervisan los presupuestos públicos. Y ahí es donde el blockchain más allá del ruido de las criptomonedas ofrece una oportunidad que no deberíamos ignorar.
De presupuestos opacos a flujos transparentes
Imaginemos esto: un ciudadano común puede entrar a una plataforma y ver, en tiempo real, cuánto se ha ejecutado del presupuesto de educación en su municipio. Puede saber exactamente a qué colegio llegó el recurso, cuándo se transfirió y en qué se gastó. No necesita pedir un derecho de petición, ni esperar un informe semestral. Todo está allí, registrado en una red pública, inalterable y verificable. Eso es lo que permite blockchain.
Y no se trata de ciencia ficción. Hay casos piloto en países como Ucrania, Chile y Corea del Sur que están explorando registros distribuidos para monitorear compras públicas, contratos y transferencias. La clave no es la tecnología por sí sola, sino la voluntad de construir confianza desde el código.
¿Cómo funcionaría en Colombia?
Un sistema de ejecución presupuestal en blockchain permitiría:
Asignaciones con trazabilidad completa, desde el Ministerio hasta la entidad ejecutora.
Contratos inteligentes que liberen recursos solo si se cumplen condiciones previamente definidas (por ejemplo, que una obra avance según cronograma).
Monitoreo ciudadano sin intermediarios, donde cualquier persona pueda verificar los datos sin depender de burocracias.
En lugar de publicar datos después de que ocurren los hechos, estaríamos construyendo una lógica preventiva: es más difícil robar si todos te están mirando.
La pregunta real: ¿por qué no lo estamos haciendo?
Colombia ha hecho avances en datos abiertos y gobierno digital, pero seguimos atrapados en una mentalidad del siglo XX. Implementar blockchain en los presupuestos requiere más que una licitación tecnológica. Requiere voluntad política, colaboración interinstitucional y una ciudadanía dispuesta a apropiarse de estas herramientas.
Además, está el miedo. Porque cuando todo queda registrado, no hay margen para la improvisación, la opacidad ni la corrupción. Y ese es, precisamente, el poder transformador de esta tecnología.
Una oportunidad que no podemos dejar pasar
Hablar de blockchain no es hablar de moda. Es hablar de estructuras. Es pensar en cómo rediseñamos los sistemas para que respondan al principio más básico de toda democracia: la rendición de cuentas.
Si queremos que los jóvenes crean en las instituciones, que los impuestos se sientan útiles y que el Estado recupere su legitimidad, tenemos que abrir los ojos a estas posibilidades. Porque, al final, la pregunta no es si podemos usar blockchain para transparentar el gasto público. La verdadera pregunta es: ¿por qué no lo estamos exigiendo ya?.
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