Según las cuentas del Gobierno, la popularidad del presidente, que actualmente ronda el 30 por ciento, habrá subido en 2026 al 50 por ciento, para impulsar el éxito electoral de los candidatos del Pacto Histórico y su Frente Amplio en las elecciones de ese año, incluyendo, cómo no, las presidenciales. De otra forma, el proyecto político de la izquierda radical quedaría trunco.
Cuatro años más le servirían al petrismo no solo para debilitar el sistema de contrapesos institucionales, sino también para consolidar una estrategia de control de los medios de producción en sectores estratégicos como la banca y los servicios públicos –para hablar de solo dos casos en los que se ha hecho explicita una voraz intención intervencionista en las últimas semanas–.
Los líderes socialdemócratas –los de verdad– no buscan controlar los medios de producción. No es coincidencia que en países como Brasil y México haya un verdadero auge empresarial, cosa que no ocurre en Colombia. Acá hay un temor bien fundado a que el Estado reemplace al sector privado en muchos sectores. Por eso, la inversión anda de capa caída.
La reciente decisión de Ecopetrol de no participar en la compra de CrownRock, una oportunidad de inversión que todas las instancias internas de la empresa –incluyendo su junta directiva– consideraron rentable y conveniente, ilustra perfectamente el problema. Cuando los activos productivos del país quedan en manos de una persona que prioriza su proyecto político sobre el bien común, las decisiones no se toman pensando en la gente, sino en función de lo que el gobernante considere más rentable en términos electorales. De esta forma, el gobierno corporativo deja de existir y pasa a ser reemplazado por la ideología. Esto es parte de una estrategia política, y el caso de Venezuela la ilustra con lujo de detalles.
Para el gobierno Petro, 2026 es una meta volante, y no el punto de llegada. Por eso, en las últimas semanas hemos visto iniciativas como las nuevas primas para mejorar la remuneración de la Fuerza Pública. Las inversiones forzosas a la banca para dar crédito barato a deudores con limitada capacidad de pago, como las juntas de acción comunal, son también parte de la estrategia. El gasto público es visto como la principal herramienta para lograr el triunfo electoral.
Quedé aterrado con las declaraciones del director del Departamento Nacional de Planeación esta semana cuando, hablando de las inversiones forzosas, dijo que el Gobierno utilizaría todas las formas de lucha posibles para conseguir los ingresos que faltaban para financiar el Presupuesto General de la Nación.
El faltante de recursos del Presupuesto es de unas proporciones inusitadas. En junio pasado, al publicar el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, ya el Gobierno había dicho que la Dian debía gestionar 13 billones de pesos por encima de las metas de recaudo de los diferentes impuestos. En julio, al momento de radicar el proyecto de presupuesto, esta cifra se elevó a 27 billones de pesos. Sería bueno que el nuevo director explique cómo piensa lograr esa cifra, pues mucho me temo que les dispararán con perdigón a los contribuyentes que ya cumplen cabalmente con sus obligaciones, a ver qué pescan. En otras palabras: la apuesta es ahogar aún más a la gente que ya está cumpliendo con sus obligaciones.
La cosa no para ahí: además de la inviable meta de gestión para la Dian, hacen falta otros 12 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda espera recaudar por concepto de una nueva reforma tributaria. Es decir, faltan 39 billones –o sea, millones de millones– de pesos para cuadrar las cuentas del próximo año.
Lo obvio sería, naturalmente, recortar gasto, sobre todo cuando las cifras de ejecución son tan pobres. ¿No debería Petro más bien concentrarse en ejecutar bien lo que ya tiene? Esto sería pensar con el deseo, pues lo que se busca ante todo es consolidar un proyecto político. Todo lo demás, comenzando por el futuro del país y la tranquilidad de su gente, es secundario.
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