Prácticas de mejora regulatoria: una deuda de la tecnocracia colombiana

“Según el Índice de Carga Regulatoria del 2017, realizado por el Banco Mundial y que mide las capacidades de 127 gobiernos para formular e implementar normas que promueven el desarrollo del sector privado ubicó a Colombia en el puesto 52, por debajo de países con similar Ingreso Nacional Bruto- INB como Perú (48) y Bulgaria (47).”

Según la OCDE (2012), la política de mejora regulatoria es uno de los tres pilares que, junto con la política fiscal y la política monetaria, conducen a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. A pesar de los avances, en Colombia no se han interiorizado por completo los beneficios de este tipo de medidas, lo cual ha generado que entre 2000 y 2016, se hayan emitido 94.748 normas en tan sólo la rama ejecutiva del poder público colombiano.

Al hablar de mejora regulatoria se debe traer a colación su significado y la problemática que intenta resolver. Por una parte, se entiende este concepto como el conjunto de herramientas y estándares que garantizan la producción de normas de alta calidad, alineadas con el interés general, y que responden a una evidencia que argumente su existencia (Conpes 3816 de 2014); es decir que, garantiza la puesta en marcha de las mejores alternativas para la solución de problemas públicos, más allá de implementar la típica respuesta sancionatoria y excesiva, que ha llevado a que en los últimos 16 años se haya emitido diariamente 15.4 normas, 2.8 decretos, 11.2 resoluciones y 0.3 circulares, según cifras del Departamento Nacional de Planeación- DNP.

Desafortunadamente, para muchos las cifras presentadas anteriormente no son lo suficientemente preocupantes; por tal razón, a continuación se cuantifica un poco más el problema. Según el Banco Mundial, existe una relación negativa entre la carga regulatoria y el Producto Interno Bruto- PIB, la competitividad y el crecimiento económico. Para el 2018, Colombia ocupó el puesto 58 de 63 países en el World Competitiveness Ranking, realizado por el Centro Mundial de Competitividad, empeorando su desempeño con respecto al año 2017 donde se ubicó en el puesto 54. Lo anterior, va en línea con el desempeño del país en el Global Competitiveness Index 2017-2018 del Foro Económico Mundial, donde cayó cinco posiciones con respecto al periodo de medición anterior 2016-2017, gracias a los bajos niveles de desempeño de sus instituciones y al poco grado de innovación del país.

Así mismo, se tiene que el Índice de Carga Regulatoria del 2017, realizado por el Banco Mundial y que mide las capacidades de 127 gobiernos para formular e implementar normas que promueven el desarrollo del sector privado ubicó a Colombia en el puesto 52, por debajo de países con similar Ingreso Nacional Bruto- INB como Perú (48) y Bulgaria (47); mientras que comparado con otros países latinoamericanos miembros de la OCDE, Colombia se ubicó a 34 puestos por debajo de Chile (18) y tuvo un desempeño relativamente mejor que México (54) por tan solo dos puestos. Por tal razón, algunos gremios empresariales como Acopi han llevado a cabo estudios importantes sobre simplificación normativa y políticas diferenciales para las PYMES, con el ánimo de identificar normas obsoletas a las realidades actuales del país.

Gráfico 1. Índice de Carga Regulatoria de Colombia en Países con Similar Ingreso Nacional Bruto- INB.

Fuente. Elaborado por el Banco mundial en su plataforma TCdata360

Sumado a lo anterior, se encuentra que el desempeño de Colombia en la dimensión que mide el cumplimiento de la carga regulatoria en el Rule Law Index del 2018, realizado por el World Justice Project, la ubica en el puesto 54 de 113 países evaluados, muy por debajo de Chile (26/113) y el resto de países no latinoamericanos de la OCDE. Dado lo anterior, se puede establecer que la excesiva carga regulatoria, que afecta la competitividad y el crecimiento económico del país, no se cumple a cabalidad, y que ha llegado el momento de preguntarnos sobre la viabilidad del sistema regulatorio y la inclusión de mejores prácticas a la hora de diseñar nuestro marco normativo.

En virtud de lo anterior, se han realizado una serie de esfuerzos que vale la pena destacar. Con la expedición del documento Conpes 3816 de 2014, se establecieron los pilares para la implementación de los “Análisis de Impacto Regulatorio”, que es una herramienta para la identificación y cuantificación de beneficios y costos que surgen de alternativas regulatorias para la solución de problemas (OCDE, 2016) y que ha sido promovida por el DNP, a través de su Grupo de Mejora Regulatoria. Sin embargo, a pesar de las ventajas de esta herramienta, no se ha llevado a niveles deseados que permitan su consolidación por toda la rama ejecutiva del país. De igual forma, se destaca el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP en la reducción de cargas administrativas; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la revisión de regulaciones que impiden el desarrollo empresarial; y la voluntad del Ministerio de Justicia para eliminar 11.845 normas obsoletas, que no van en línea con el contexto colombiano, a través de un proyecto de ley en el legislativo.

En conclusión, se necesita una mayor voluntad política para la adopción de prácticas regulatorias que promuevan la competitividad del país, a partir de la implementación de análisis rigurosos y participativos promovidos por las entidades reguladoras; sin embargo, para llegar a ese estado ideal, será necesario superar una serie de apremios institucionales y organizacionales que impiden la generación de capacidades en las instituciones públicas del país. Por tal razón, se espera por parte del gobierno nacional una mayor difusión de las herramientas propias de la política regulatoria, que sin duda, harán de Colombia un país más efectivo y transparente a la hora de promulgar marcos normativos.