Colombia está a menos de veinticinco días de las elecciones parlamentarias. Toda cita con las urnas reafirma la vigencia del sistema democrático, pero los comicios del próximo 8 de marzo figuran entre los más trascendentales de las últimas dos décadas. Lo que allí decidan los ciudadanos definirá el nivel de renovación —alto, medio o bajo— del mapa de poder en el Senado y la Cámara de Representantes, y de ello dependerá en buena medida la posibilidad de que el país corrija el rumbo tras un cuatrienio marcado por profundas tensiones políticas, económicas e institucionales.
El primer llamado, entonces, es a la participación. En 2022 la abstención rozó el 52 %, una cifra preocupante para cualquier democracia. Aunque votaron 18,6 millones de colombianos, los sufragios nulos y no marcados se acercaron a 1,3 millones. Con un censo electoral que ha crecido en más de 2,4 millones de personas, el desafío ahora debería ser superar los veinte millones de votos efectivos. Derrotar el abstencionismo no es solo una meta estadística: es una condición indispensable para fortalecer la legitimidad del nuevo Congreso.
La campaña legislativa, sin embargo, ha quedado parcialmente eclipsada por la intensa contienda presidencial. Paradójicamente, varios partidos tradicionales de la centroderecha —Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U— han concentrado buena parte de su estrategia en la puja parlamentaria más que en la Casa de Nariño. No es un dato menor: esas colectividades suman hoy cerca de la mitad del Senado y una representación significativa en la Cámara. El resultado del 8 de marzo determinará si mantienen, amplían o reducen esa influencia.
En estas semanas finales, partidos y candidatos deben redoblar esfuerzos para visibilizar propuestas claras y concretas. La desconexión entre la ciudadanía y los más de 3.200 aspirantes que integran 527 listas solo puede superarse con pedagogía política, debate público y contacto directo con el electorado. Las consultas interpartidistas presidenciales que se votarán el mismo día pueden servir como dinamizador de participación, pero el eje debe seguir siendo la elección del Legislativo.
Más allá de las coyunturas partidistas, lo esencial es comprender que el próximo presidente o presidenta necesitará mayorías sólidas para impulsar su programa. Sin un Congreso alineado con objetivos claros de estabilidad institucional, seguridad jurídica, crecimiento económico y fortalecimiento del Estado social de derecho, cualquier agenda de reformas enfrentará serias limitaciones.
Y es precisamente en el terreno de las reformas donde el nuevo Congreso tendrá una responsabilidad ineludible. El debate sobre la política criminal y las modificaciones a los códigos Penal y de Procedimiento Penal vuelve a ocupar el centro de la discusión pública. El aumento de delitos de alto impacto —hurtos, porte ilegal de armas, microtráfico— ha reavivado el cuestionamiento sobre si el sistema judicial está logrando un equilibrio adecuado entre garantías procesales y protección efectiva de la ciudadanía.
Existen dos visiones enfrentadas. De un lado, la doctrina penal moderna y la jurisprudencia de las altas cortes insisten en que la privación de la libertad debe ser excepcional y reservada a conductas graves, en parte para evitar excesos punitivos y el agravamiento del hacinamiento carcelario. De otro, autoridades territoriales y víctimas advierten que la legislación se ha tornado demasiado flexible, lo que facilita la reincidencia y erosiona la confianza en la justicia.
El resultado es una percepción ciudadana de impunidad que debilita la denuncia y desgasta la credibilidad institucional. Policías que capturan reiteradamente a los mismos individuos; víctimas que ven a los responsables regresar a las calles en cuestión de horas o días; comunidades que sienten que el sistema no responde con eficacia.
El Congreso que se elegirá el 8 de marzo está llamado a asumir este debate con rigor técnico y responsabilidad política. No se trata de optar entre garantismo o autoridad como si fueran excluyentes, sino de encontrar un punto de equilibrio que proteja derechos fundamentales sin desproteger a la sociedad. Lo que resulta insostenible es prolongar una situación que alimenta la reincidencia y la desconfianza.
Por eso, más que una simple renovación de nombres, el país necesita un Congreso con claridad programática, compromiso institucional y voluntad reformista. El 8 de marzo no solo se escogerán 280 congresistas: se definirá la capacidad del Estado para corregir fallas estructurales y recuperar la confianza ciudadana.
La decisión está en manos de los votantes.
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