En una polémica decisión administrativa, la Gobernación de Antioquia eliminó 17 dependencias de primer nivel (secretarías y oficinas), quedando 17 dependencias de las 33 que estaban en la estructura gubernamental, lo cual ha generado preocupación entre la comunidad y los expertos en administración pública, pues equivale a casi el 50% de las dependencias que había.
Esta fue una de las propuestas de campaña del electo Gobernador, quien argumenta que por el momento de austeridad que enfrenta el departamento el cierre de estas dependencias, representa un 40% de reserva, ahorrando 69 mil millones de pesos en los 4 años de gobierno.
Las entidades desmanteladas por el Gobernador Andrés Julián Rendón:
- Secretaría de Mujeres y Cuidado
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
- Secretaría de Infraestructura Física
- Secretaría de Agricultura y Economías Emergentes
- Secretaría de Salud e Inclusión Social
- Secretaría del Interior
- Oficina de Gobierno y Asuntos Institucionales
- Secretaría de Ambiente
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría de Talento Humano y Servicios Administrativos
- Secretaría de Juventud
- Departamento Administrativo de Planeación
- Gerencia de Control Interno Disciplinario
- Gerencia de Auditoría Interna
- Oficina Privada
El Diputado Juancho Muñoz (Juan David Muñoz, diputado del Partido Verde) es uno de los principales opositores de la medida tomada por Rendón, estableciendo la vulnerabilidad de los derechos de las minorías que representa esta decisión trascendental para el departamento:
“Entendíamos que la reestructuración iba a afectar sobre todo a la participación ciudadana y a los sectores históricamente más vulnerados, a sectores que producto de las luchas habían logrado reivindicaciones que los llevaron al reconocimiento institucional. Hoy se afectan… se afectan las mujeres, se afecta la población LGTBQ+, se afecta la Dirección de Paz que ya no existe, se afecta Secretaría de Turismo que en el marco de un proceso de reconversión productiva y de avanzar la economía no depredadora, Antioquia tenía un gran futuro”, Juan David Muñoz, diputado del Partido Verde.
El joven Diputado continúa proclamando:
“La reestructuración se ha realizado a espaldas de la ciudadanía e incluso a espaldas de la asamblea departamental. Con las facultades que dieron los diputados de la coalición de gobierno, el gobernador decidió no socializar su propuesta de reestructuración. Los diputados (incluso los de gobierno) se enteraron de la reestructuración por redes sociales.
Esta es una reestructuración que, bajo la excusa de la austeridad, lo que busca realmente es construir una administración débil en lo social (al estilo del presidente Milei), una administración que solo se dedique a garantizar seguridad y logística para la empresa privada. Una administración departamental al servicio del capital y no del pueblo antioqueño. Los derechos conquistados por las comunidades corren riesgos, los derechos laborales de los trabajadores de la gobernación corren riesgos y la calidad de los servicios de la administración quedan completamente amenazados”.
Este movimiento plantea serias interrogantes sobre el impacto que tendría en la capacidad de la Gobernación para cumplir con sus funciones básicas y para atender eficazmente las necesidades de los ciudadanos de Antioquia.
Posibles razones por las cuales esta medida se puede considerar como un error estratégico:
Desarticulación de funciones especializadas: Cada una de estas entidades desempeña roles específicos y especializados, que abarcan desde la seguridad y la educación hasta el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. La eliminación de estas secretarías podría resultar en una descoordinación y pérdida de eficiencia en la gestión de políticas públicas.
Impacto en la atención a grupos vulnerables: secretarías como la de Mujeres y Cuidado, Salud e Inclusión Social y Juventud están diseñadas para abordar problemáticas particulares de grupos vulnerables y específicos de la población. Su desaparición podría significar un retroceso en los avances alcanzados en términos de equidad, inclusión y bienestar social.
Reducción de la capacidad de respuesta ante emergencias y crisis: Entidades como la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Secretaría de Salud son primordiales para la gestión de crisis y emergencias. Eliminar estas estructuras podría debilitar la capacidad de respuesta ante acontecimientos, tanto naturales como sociales.
Falta de consulta y participación ciudadana: La decisión de eliminar estas entidades parece haber sido tomada sin un proceso claro de consulta ciudadana ni de evaluación exhaustiva de los impactos potenciales en la comunidad.
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