“Las naciones fracasan cuando confunden la libertad con la improvisación y la autoridad con la imposición. Colombia no ha sido aún lo que debería ser porque nunca se atrevió a edificar, con rigor, paciencia y virtud cívica, una República digna de su destino.”
Colombia ha vivido demasiado tiempo atrapada entre dos errores opuestos: el centralismo asfixiante que paraliza las regiones y la descentralización improvisada que disuelve la autoridad. Entre la hipertrofia del poder concentrado en Bogotá y la dispersión irresponsable de competencias sin coordinación ni disciplina, el país ha transitado durante décadas sin encontrar un equilibrio duradero entre libertad y orden, entre autonomía y unidad, entre diversidad regional y proyecto nacional.
Nuestra historia constitucional es el testimonio elocuente de esa vacilación. La experiencia confederal de 1863, noble en sus intenciones, pero frágil en sus instrumentos, derivó en un archipiélago de soberanías sin árbitro eficaz. La reacción centralista de 1886, comprensible en su contexto, restauró el orden a costa de sofocar la iniciativa regional. La Constitución de 1991, por su parte, intentó corregir los excesos del pasado, pero terminó edificando un sistema híbrido, descentralizado en el gasto, centralizado en el poder, generoso en promesas y parco en resultados.
Hoy, tres décadas después, es evidente que ese modelo ha agotado su impulso. Las regiones siguen dependiendo de transferencias, permisos y decisiones tomadas lejos de sus realidades. La Nación, por su parte, carga con una burocracia hipertrofiada, un gasto ineficiente y una responsabilidad que no siempre puede ejercer con autoridad. El resultado es una paradoja, un Estado grande que gobierna poco, y unas entidades territoriales autónomas en el papel, pero débiles en la práctica.
No es este un problema técnico. Es un problema político y moral.
Un país no se construye solo con normas, sino con instituciones respetadas, con responsabilidades claras y con una cultura cívica que premie el esfuerzo, la legalidad y la excelencia. Cuando nadie sabe con certeza quién debe resolver un conflicto, quién debe garantizar el orden o quién debe responder por el fracaso, la autoridad se diluye y la violencia encuentra terreno fértil.
La experiencia comparada ofrece lecciones ineludibles. Las federaciones exitosas —Estados Unidos, Suiza, Alemania— no son repúblicas fragmentadas, sino naciones fuertes con regiones autónomas. No confunden descentralización con anarquía, ni autonomía con impunidad. En ellas, el poder local florece porque existe un Estado nacional capaz de proteger el orden constitucional, la justicia y la igualdad ante la ley.
Ese es el federalismo que Colombia nunca ha construido.
Un federalismo donde la Nación conserve la conducción de la defensa, la justicia, la moneda, la política exterior y la seguridad estratégica. Donde exista un sistema policial y judicial articulado, profesional y respetado. Donde ninguna región pueda convertirse en refugio de ilegalidad, ni ningún gobierno local en feudo personal.
Pero también un federalismo donde los estados —o regiones— administren con responsabilidad sus recursos, diseñen sus políticas educativas, impulsen su desarrollo productivo y compitan sanamente por atraer inversión, talento y conocimiento. Un sistema en el que el progreso no dependa de favores políticos, sino de instituciones sólidas.
La reforma del Estado no puede separarse de la reforma económica. Un país que gasta sin disciplina, que financia déficits con deuda o inflación, que castiga al productor y premia al rentista político, está condenado al estancamiento. La prosperidad no nace de decretos, sino de reglas estables, mercados abiertos, seguridad jurídica y respeto al mérito.
Del mismo modo, ninguna transformación será duradera sin una educación que forme ciudadanos libres, críticos y responsables. No ideólogos, no militantes, no clientelas, sino profesionales competentes, científicos rigurosos, empresarios creativos y servidores públicos honestos. Las naciones pequeñas que hoy lideran el mundo no lo hicieron por azar, sino por haber invertido, durante generaciones, en conocimiento y carácter.
Una Colombia federal moderna no sería una ruptura con nuestra historia, sino su maduración. No una copia servil de modelos ajenos, sino una adaptación inteligente de experiencias exitosas. No un salto al vacío, sino una construcción gradual, prudente y firme.
Durante demasiado tiempo, el país ha oscilado entre el inmovilismo y la improvisación. Ha confundido estabilidad con estancamiento y reforma con aventura. Ha preferido administrar la crisis antes que pensar el futuro. Ese ciclo debe terminar.
Nos encontramos, una vez más, ante una encrucijada histórica. Podemos resignarnos a prolongar un modelo agotado, o podemos atrevernos a diseñar una arquitectura institucional que libere las energías dormidas de la Nación. Podemos seguir produciendo frustración, o podemos empezar a construir confianza.
Este no es un llamado a la nostalgia ni a la ruptura. Es una invitación a la responsabilidad. A pensar el Estado con seriedad. A recuperar la idea de que la política es, ante todo, un ejercicio de previsión, prudencia y servicio.
La Colombia del siglo XXI necesita instituciones del siglo XXI. Necesita regiones fuertes y una Nación respetada. Necesita libertad económica y disciplina fiscal. Necesita justicia eficaz y educación exigente. Necesita, en suma, un proyecto nacional a la altura de su talento y de su historia.
Pero toda arquitectura institucional requiere, además, una frontera ética. Ninguna república puede sobrevivir si relativiza los principios que la sostienen. La historia del siglo XX y del presente reciente ofrece una lección demasiado clara para ser ignorada: allí donde el socialismo y el comunismo han sido elevados a doctrina de Estado, han seguido, invariablemente, la pobreza, la represión y la anulación de la libertad individual.
No se trata de una disputa retórica, sino de una constatación histórica. Regímenes que prometieron justicia terminaron produciendo escasez; proyectos que invocaron al pueblo desembocaron en dictaduras; sistemas que decían emancipar al ser humano lo sometieron al control absoluto del poder. Millones de vidas truncadas, generaciones perdidas y naciones devastadas dan testimonio de ese fracaso.
Una Colombia federal, moderna y responsable no puede construirse sobre dogmas que niegan la iniciativa individual, debilitan la propiedad, subordinan la justicia al partido y convierten al Estado en tutor permanente de la sociedad. Una nueva reforma constitucional —si ha de existir— debe afirmar sin ambigüedades su compromiso con la democracia liberal, la economía abierta, el pluralismo político y la libertad de expresión.
La diversidad de opiniones es saludable. La crítica es indispensable. La alternancia es una garantía. Pero ninguna república está obligada a abrirle las puertas a ideologías que, allí donde gobiernan, desmantelan las instituciones que las hicieron posibles.
El país que aspiramos a construir no será próspero por decreto, ni justo por consigna. Será próspero porque protegerá el trabajo, el ahorro, la inversión y el conocimiento. Será justo porque defenderá la ley, la igualdad ante los tribunales y la dignidad del ciudadano. Será libre porque garantizará el derecho a disentir sin temor y a prosperar sin pedir permiso.
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