Inadmisibles las palabras de la ministra del Interior, Alicia Arango, el martes pasado durante la Mesa por la Vida en Putumayo: “Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Como si esto no hubiera sido suficiente, al día siguiente, en una entrevista con ‘Blu Radio’, la ministra añadió: “¿Por qué cuando hablamos de un sector, ahí sí todo el mundo chilla, y cuando hablamos del resto de los muertos a nadie le importa?”. Sorprende que la ministra haya tenido esta salida en falso en el país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el continente.
Así, a la habitual estigmatización de los líderes sociales, el Gobierno parece haber añadido la banalización de los asesinatos. Frente a lo primero, ya lo había descrito muy bien Antonio Sanguino en una columna publicada el 27 de junio del año pasado: “Los discursos del uribismo justifican la violencia contra líderes y excombatientes”. En su columna, el senador Sanguino daba algunos ejemplos de los discursos de funcionarios del Gobierno y de miembros del Centro Democrático que vinculaban los asesinatos de líderes sociales al narcotráfico. Y finalizaba diciendo que el presidente Duque no podía “guardar silencio cómplice con los discursos que desde su partido justifican la violencia contra líderes y excombatientes, que en muchos casos constituyen la antesala de los asesinatos”.
Estigmatización, silencio cómplice y, ahora, banalización. Con sus declaraciones, la ministra está desconociendo que —a diferencia de lo que ocurre con las personas a las que asesinan por robarles un celular— existe un plan sistemático para asesinar a los líderes sociales. Nadie niega que hay que defender la vida, así, a secas; sin embargo, al poner todos los asesinatos en un mismo saco, el Gobierno está desconociendo el carácter político de muchos de ellos. Y, al mismo tiempo, está demostrando que no tiene una estrategia para defender a los líderes sociales, tal como lo afirmó Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
Pero ¿por qué asesinan a los líderes sociales? Aquí está el quid de la cuestión: este gobierno no está interesado en dar este debate. Los líderes a los que más asesinan son los que están vinculados al tema de restitución de tierras y a la defensa del medioambiente, es decir, son personas que van en contravía del programa político del partido de gobierno. Según un informe de Indepaz, desde la posesión presidencial de Iván Duque y hasta abril de 2019, los conflictos por la tierra, el territorio y los recursos naturales representaban el 81,39 por ciento de los homicidios. Esto coincide con un informe de la Fundación Forjando Futuros de agosto del año pasado que afirma que a los líderes sociales los asesinan por la tierra, no por el narcotráfico. Todo esto en medio del posible convenio entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y Fedegán, claro ejemplo de negacionismo histórico que transforma en víctimas a ganaderos señalados de tener nexos con el paramilitarismo y de comprar tierras despojadas.
El 26 de julio del año pasado, en vísperas de la marcha nacional por la vida de los líderes sociales, la lideresa del sur de Bolívar Amparo Toloza dijo: “El mundo tiene que saber por qué nos están matando”; el mundo tiene que saber que a los líderes sociales los están matando por defender el agua, por enfrentarse a la minería ilegal, por oponerse a la deforestación, por reclamar sus tierras.
Ha llegado el momento de que abordemos esta discusión. Entender por qué están asesinando a los líderes sociales implica dar el debate sobre el programa político y económico de este gobierno: ¿a quiénes está beneficiando realmente y quiénes son sus opositores en los territorios?
