“La declaración de un día cívico es la ilustración evidente de cómo la política usa el fútbol como medio para desviar la atención de los problemas sociales subyacentes. El acuerdo nacional propuesto por el gobierno Petro Urrego da lugar a un escenario diametralmente opuesto que no dimensiona ¿cuáles son las implicaciones de una inversión pública progresista?”
Los últimos días han estado marcados por una serie de acontecimientos significativos en el tejido social colombiano. Sin embargo, la Copa América ha brindado a la izquierda una excelente oportunidad para desviar la atención de estos acontecimientos, permitiéndole pasar por alto las verdaderas intenciones de su presidente con respecto a lo que él denomina el poder constituyente. La actuación de la selección colombiana en Norteamérica sirvió de foco para hablar de otro tema y no de la situación en Colombia. Los colombianos poco a poco comienzan a ser conscientes de los retos a los que se enfrenta el país, incluida la preocupación por la gestión del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego y la incapacidad para abordar los acuciantes problemas sociales. Será un reto para la propuesta de cambio mantener una imagen positiva ante la creciente preocupación de la opinión pública.
Los recursos financieros del gobierno han llegado a un punto crítico y ya no son suficientes para hacer frente al malestar social. Un país con una población dividida, enfrascado en discusiones en torno a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, negociaciones de paz en curso, el tufillo de unos gestores de paz pescando en rio revuelto, y un gobierno que ha declarado que la administración de Iván Duque Márquez ha dejado el presupuesto nacional en una situación comprometida, enciende las alarmas por lo que está por venir en el horizonte. El impacto del progresismo socialista en el erario se está viendo afectado negativamente por el fortalecimiento de la nómina estatal con cargos y entidades innecesarias. La población está cansada de la falta de acción de quienes prometieron el cambio, el irrespeto por quienes piensan diferente que ha llevado a hechos que se suman a la inseguridad cotidiana en diferentes ciudades del país.
La inflación acumulada en el año, la crisis de la salud, el abandono social, el desplazamiento, entre otros, son los principales motivos de preocupación por la inacción del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. La priorización del gasto público para satisfacer las ansias de poder y la vanidad de su mandatario ha llevado a la creación de cortinas de humo que buscan disfrazar la falta de recursos para la educación, la reforma pensional, la transformación de la salud, la crisis migratoria, los escándalos de corrupción, el aumento del desempleo y otros temas que requieren la atención real y urgente del fisco. La situación actual exige que su dignatario adopte un enfoque más práctico, se centre en sus principales responsabilidades, participe en el diálogo social y trace un nuevo rumbo para el país. Es hora de que su presidente tome las medidas necesarias para restablecer el orden ante el recrudecimiento de la violencia en toda la nación.
Es imperativo asumir compromisos responsables para hacer frente a la situación actual del país. La agenda informativa colombiana sigue ocupándose de una multitud de problemas nacionales, y es probable que la situación se deteriore aún más en ausencia de una acción eficaz del gobierno central. Desviar la atención con eventos como un día cívico es algo así como proporcionar distracciones temporales, algo parecido al pan y circo. En última instancia, sin embargo, el pueblo colombiano debe enfrentarse a la cruda realidad de que su país necesita reconocer su entorno y abordar los problemas locales antes de embarcarse en conflictos globales. En Colombia los temas coyunturales se salen de todas proporciones ante la mirada pasiva de las autoridades y el séquito de aduladores que todo le celebran a su mandatario. El llamado fuego amigo dentro del Pacto Histórico demuestra que la polarización, el conflicto y la confrontación son intrínsecos a la sociedad colombiana.
El difícil proceso de superación de un conflicto de décadas no ha logrado calar en la sociedad colombiana, que tiende a polarizar las opiniones y a enfrentarse a lo impensable. Cada acción y decisión tomada por todas las partes involucradas sirve para profundizar la lucha y confrontación permanente entre los lados opuestos del espectro político, es decir, la extrema izquierda y la derecha recalcitrante. Este colectivo social es incapaz de encontrar un terreno común o de respetar los puntos de vista opuestos. Las discrepancias ideológicas están protagonizadas por caudillos políticos cuyos discursos impactan en el imaginario de la gente. Los ciudadanos inmersos en las desigualdades sociales y los conflictos económicos responden con violencia, de palabra, obra y acción, a cada situación que se plantea en la agenda diaria de la nación. El conflicto económico, político y social radicalizado trae a colación los ejes de corrupción y descomposición social que desde la izquierda vuelven a permear las diferentes esferas del poder económico, político y social, espiral de circunstancias que tiene un efecto nocivo en los colombianos, provocando sentimientos de miedo, terror y desesperanza.
Existe una creciente demanda de un replanteamiento fundamental de las estructuras políticas y sociales que sustentan a la sociedad colombiana. El entorno actual se caracteriza por una postura de confrontación hacia el impacto negativo percibido de las políticas de izquierda, centrada en neutralizar sus efectos y en reevaluar las implicaciones sociales de una cultura que fomenta la búsqueda de beneficios económicos y la adquisición de objetos deseados sin un esfuerzo significativo. La realidad social ha provocado una profunda división ideológica, que ha dado lugar al fenómeno de la justicia por mano propia reencarnada, revitalizando y revictimizando el conflicto en nuevos actores. La confrontación social ha alcanzado un punto de máxima polarización, sumiendo de nuevo a la nación en un profundo estado de desencuentro. Esto incluye temas como el perdón y el olvido, la justicia y la reparación, y la reconciliación, sin reglas claras de reconocimiento y arrepentimiento por parte de los actores involucrados en el conflicto.
La divergencia de opiniones entre sectores sociales se vehicula a través de las redes sociales, que sirven de plataforma para el diálogo, la participación y la colaboración. El uso del lenguaje en este contexto sirve para exacerbar la violencia inherente a una sociedad que no es capaz de reconocer sus propias carencias, emprender una autorreflexión constructiva y demostrar un compromiso para aprender de su historia. La intensificación de posturas y divergencias entre actores sociales en un país que ha sido incapaz de superar décadas de intimidación. La población colombiana no ha podido superar el pasado y verse a sí misma como una entidad unificada capaz de desarrollar soluciones y establecer objetivos que le permitan avanzar y superar el conflicto. Como país y como sociedad, los colombianos deben priorizar la educación, la generación de empleo y las políticas que faciliten el progreso de los sectores menos favorecidos. Es imperativo poner en marcha estrategias económicas, políticas y sociales libres de terror, de sesgo político y de la influencia de un caudillo.
Es probable que las protestas sigan creciendo y que la violencia social se desate en Colombia a menos que el gobierno aborde con prioridad: el populismo de su presidente, las amenazas a los sectores de oposición y la victimización de los simpatizantes de izquierda. Si bien se reconoce el valor y la relevancia de los grupos minoritarios, es prioritario considerar la veracidad de las declaraciones de sus líderes para así evitar una nueva fase de polarización que revele los prejuicios e irracionalidades. La complejidad de esta cuestión dará lugar a una diatriba que obstaculizará la capacidad que se tiene para aprender de los acontecimientos pasados e impedirá la construcción de un camino hacia una transformación fundamental de la sociedad. Esto impedirá el establecimiento de un estado social de derecho basado en el ejercicio democrático del respeto a las diferencias y la incorporación de nuevos elementos al ADN societal colombiano.
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