Veraz…
Robert Alvarado
Revolucionarios cambios sistemáticos, rojos rojitos, han sacudido el equilibrio social en Venezuela, como consecuencia del desmantelamiento de la estructura democrática del país desde hace casi dos décadas. Mutaciones que remecieron hasta los más profundos cimientos de un orden institucional con estrategias fundadas en la polarización ideológica, así como en el monopolio de los destinos políticos, económicos y militares del país. No cabe duda alguna de la transformación anterior trajo consigo cambios cardinales que prometen estabilidad estratégica de nuestro sistema democrático, algo que no sería aventurado vaticinar ante la avalancha de firmas recogidas en apenas dos días para activar el revolcatorio.
La percepción de amenaza generada por las transformaciones inducidas por el régimen, es decir la sensación que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos por los mecanismos de intimidación y/o retaliación de esta revolución bonita, se encuentra hoy sometida a revisión por parte de sus ejecutores ante el inminente cambio que se avecina, lo que imposibilita el surgimiento de la libertad para los presos políticos, quienes, cual preciada mercancía, son retenidos para ser intercambiados en eventuales negociaciones entre el gobierno y la oposición, sin importar el cambio de actores en ambos bandos. En otras palabras, la representación de peligro proyectada por el régimen, en lugar de acrecentarse tiende a llegar a su punto de inflexión.
Geraldin Moreno y “Juancho” Montoya, jóvenes asesinados durante la protesta del 2014, expresan esta etapa oscura en la que se encuentra Venezuela, con un gobierno cuyo norte no parece ser otro que la aniquilación de la oposición, por no decir la eliminación del sistema democrático, anulando o neutralizando a cuanta persona le resulte incomoda por ser contraria a sus políticas. Así lo demuestra la existencia de no menos de 300 personas presas por motivos políticos, entre ellas 43 por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro, y 2.006 personas con libertad condicional, según estadísticas de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que se quedaron cortas cuando anunciaron que la Ley de Amnistía beneficiaría a más de “30 mil personas en persecución”, entre los que se cuentan presos políticos, exiliados y protestantes, imputados por hechos delictivos, como conspiración, crímenes de guerra, y delitos sembrados, como homicidios y posesión de drogas, acusados por el Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, si hay “30 mil personas en persecución”, efectivamente estamos ante un politicidio de la fuerza democrática venezolana, porque 30 mil personas superan la población de poblados como Santa Elena de Uairén, ciudad fronteriza ubicada al sureste de Venezuela; Tinaco en el Estado Cojedes, el tercer municipio más importante de ese estado; Elorza, El Baúl o Guanarito en los llanos venezolanos; Zuata en el Estado Aragua o Atenas, la ranchería de Tumeremo, donde la masacre de 17 mineros conmocionó a toda la nación. De tal manera, que cuando las víctimas de las políticas represivas del gobierno nacional superan con creces la población de algunos de nuestros pueblos, no hay duda que estamos ante una aniquilación sórdida y velada, promovida por psicóticos que se regodean en las desdichas ajenas generadas por un Poder Judicial no sólo cómplice sino también complaciente, al punto que existan presos políticos en riesgo de muerte, además de ser víctimas del retardo procesal que promueve el Poder Judicial, así como jóvenes presos que tienen entre 20 y 25 audiencias diferidas, cuando hay otros que a pesar de tener 2 años detenidos nunca han tenido ni siquiera su audiencia preliminar. Esas son las expresiones más fehacientes de la lenta pero letal aniquilación aplicada por el gobierno nacional a la fuerza democrática del país.
No le falta razón a quienes dicen que los presos políticos “están abandonados de toda justicia”, porque solamente abandonados a su suerte es que surte efecto la aniquilación en las víctimas, sus familiares, amigos y pare usted de contar. El hecho que existan jóvenes presos en La Tumba y que sus madres tengan ocho días que no lo puedan ver corresponde a esa violación de sus derechos y “esto no se puede aceptar en una Venezuela democrática”, como tampoco se puede aceptar que con estudiantes como Raúl Emilio Baduel y Alexander «El Gato» Tirado, la jueza de Juicio Iris Araujo haya instituido como delito el protestar pacíficamente y pensar distinto en Venezuela. En el otro extremo, tenemos perseguidos como lo muestra la sentencia promulgada contra el director del diario El Correo del Caroní, David Natera, por denunciar hechos irregulares que ocurren en el Estado Bolívar. “Le dictan esta sentencia, única y exclusivamente, porque se ha convertido en un factor de rechazo a las viciadas políticas que practican los gobernantes. Además de intentar detenerlo a él, esta medida es un atentado contra todos los medios de comunicación venezolanos.”
“En Venezuela no hay Estado de derecho, el TSJ se convirtió en el brazo ejecutor del gobierno y hay decenas de presos en un estado grave de salud.”, esta es una realidad que no admite anuencia alguna, presos políticos con problemas de salud y en riesgo de muerte, que parecieran ser el botín más preciado de este régimen, de ahí la persistencia de mantener tras las rejas, a quienes se encuentran en franco deterioro de salud: Marcelo Crovato, Rolando Guevara, Víctor García Hidalgo, Ignacio Porras, Yeimi Varela, Rosmit Mantilla, Vladimir Araque, Gerardo Carrero, Carlos Pérez, Nixón Leal, Angel Contreras, Renzo Prieto, Ronny Navarro, Vasco Da Costa, Efraín Ortega, José Luís SantaMaría, Leonel Sánchez Camero, Gilberto Sojo Rengifo, José Gámez Bustamante, Luis Rafael Colmenares, Luis Lugo Calderón, Jesús Salazar Mendoza, Henry Salazar Moncada, Pedro Rafael Maury Bolívar, Héctor Alejandro Zerpa, Vilca Fernández y Kamel Salame Ajami, sometidos a procesos judiciales prolongados excesiva e injustificadamente como herramienta política para ganar escenarios de negociación, sin importarle a los sátrapas que nos gobiernan que esté en juego la condición crítica de salud en la que se encuentran, que necesiten ser liberados ya que sus vidas están en riesgo. No en balde, “En lo que respecta a Venezuela, se han registrado al menos 351 resoluciones de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de presos políticos”.
El politicidio en nuestro caso, paso de ser sutil a bochornoso, después que el martes 29 de marzo la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, luego de un proceso en el que se tomaron en cuenta las observaciones de diferentes ONG, víctimas, universidades y ciudadanos, para que la Sala Constitucional de un solo plumazo declarara su inconstitucionalidad, prolongando así las nefastas prácticas de aniquilación aplicadas por el gobierno nacional en contra de sus opositores a todos los niveles. En una Venezuela que del borde del abismo paso al umbral del cambio que todos aspiramos para bien y tranquilidad de todos quienes habitamos esta tierra de gracia, la resistencia en contra del régimen tiene sus días contados, no por fatiga o desesperanza, al contrario, por el optimismo y determinación con que hemos asumido la responsabilidad de materializar el cambio que se avizora con más de un millón de firmas recogidas para el momento en que estoy enviando esta columna. En nombre de Dios!
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