“Un gobierno que habla de dignidad laboral y mejores condiciones de vida para el colombiano busca, con un decreto criminal, arruinar la economía y empobrecer a toda una nación. Es un gobierno criminal.”
El autoritarismo en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro es cada día más evidente. Sus constantes discursos, que desafían la institucionalidad y promueven la división entre ciudadanos, no son casuales. Se trata de una estrategia bien calculada para aferrarse al poder y debilitar la democracia.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto que representa una reforma tributaria encubierta, confiscatoria, ilegal y, en muchos sentidos, genocida. Este decreto obliga a los colombianos a pagar en 2025 los impuestos correspondientes al año 2026. Un absurdo sin precedentes.
Como no logran sus objetivos por vías legales, el presidente y su gabinete recurren a subterfugios. Este decreto, que afecta directamente la economía individual, fue expedido sin pasar por el Congreso, violando así el orden institucional. Se pretende gobernar por decreto, como en una autocracia.
Aunque el país enfrenta un problema fiscal evidente, la solución propuesta por el gobierno consiste en exprimir a los ciudadanos mediante tributos asfixiantes, en lugar de recortar el gasto burocrático o combatir la corrupción. Se transfiere la cuenta del despilfarro estatal a los trabajadores. Es un gobierno que castiga al productor y premia la ineficiencia.
La crisis fiscal es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, que ha gastado sin mesura ni responsabilidad. Su «solución»: cobrar más impuestos de forma anticipada. Es como si una persona malgastara un préstamo y, al quedarse sin dinero, exigiera otro préstamo a su prestamista y lo amenazara si se niega.
Los impuestos, como lo he dicho en columnas anteriores, son un robo con presunción de legalidad. Así como la esclavitud era legal en su momento, pero moralmente inaceptable, lo mismo ocurre con los tributos actuales: están legitimados, pero son inmorales. Son herramientas del poder para someter a los ciudadanos.
En Colombia, la entidad que representa esta «inquisición moderna» es la DIAN, cuya función principal, en mi opinión, no es otra que perseguir a quienes trabajan y generan riqueza. La DIAN arrasa con todo vestigio de prosperidad y debería ser eliminada. Es necesaria una
reforma fiscal que reduzca todos los impuestos y elimine aquellos que solo causan sufrimiento y limitan la libertad individual.
Mientras existan tributos desmedidos, los ciudadanos vivirán bajo una forma moderna de esclavitud. El reciente decreto del gobierno Petro es un claro ejemplo de cómo el poder político martiriza a la población.
Este decreto traerá graves consecuencias para la economía y la vida de los colombianos. A continuación, presento cuatro de los más relevantes impactos negativos:
- Vacío financiero en 2026: el gobierno busca recaudar en 2025 los impuestos correspondientes al año 2026, lo que generará un déficit al año siguiente. Este ciclo vicioso podría continuar, adelantando los impuestos de 2027, 2028 y así sucesivamente. Están cobrando –o robando– un dinero que aún no se ha generado.
- Desestabilización de la libre empresa: el cobro anticipado parte del supuesto de que las empresas generarán utilidades. Pero en un entorno incierto, esto es irresponsable. Se condena a la micro, pequeña y mediana empresa a operar bajo la amenaza constante de quebrar.
- Reducción de la inversión: el decreto 0572 elimina cualquier garantía de estabilidad jurídica. Sin seguridad para el inversionista, se produce la fuga de capital y se desalienta la inversión extranjera. Menos inversión implica menos producción, menor crecimiento económico y más pobreza.
- Incremento del desempleo: las empresas se verán obligadas a elegir entre pagar impuestos o pagar salarios. Muchas optarán por reducir su personal o salir del país, lo que aumentará el desempleo y agravará la crisis social.
En resumen, este gobierno, que dice defender al trabajador y buscar mejores condiciones de vida, en realidad precariza el empleo, castiga la producción y empobrece a toda la nación. Si quedaba alguna duda, el decreto es evidencia de que el gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en el principal enemigo del futuro de los colombianos.
Su objetivo parece ser hundir a Colombia en el odio y la desesperanza.
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