Desde el pasado meses de diciembre se desato una polémica noticia a raíz de la destitución e inhabilidad proferida por el señor Procurador Alejandro Ordoñez en contra del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Después de esto se ha desencadenado un particular debate en torno a los poderes del Procurador y las normas internacionales; pero también se han abierto otros interrogantes alrededor de la posición de Gustavo Petro y sus actuaciones pasadas, presentes y posiblemente futuras.
Como es bien sabido, Petro fue militante del grupo guerrillero M-19; que luego de desmovilizado este actor armado, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual a través de sus voceros fueron los que le dieron en esta época, hace ya más de 20 años, los poderes con que hoy cuenta el señor Procurador General de la Nación.
El Alcalde de Bogotá, afirma que el Procurador no tiene la potestad constitucional ni legal, para destituir de un cargo público a una persona que fue electa por voto popular. Es aquí donde comienzo con un cuestionamiento fuerte a la moral del susodicho “Alcalde”; para esto tendremos que devolvernos al periodo de Samuel Moreno, cuando Petro ante la Procuraduría denuncio el famoso “Carrusel de la Contratación”, y busco sanciones administrativas como las que hoy se le aplican a él, en contra del entonces Alcalde, aún a sabiendas de que Moreno fue elegido por los bogotanos; independientemente de los errores que haya cometido Samuel Moreno, Petro busco que lo destituyeran, y me surge la siguiente pregunta ¿para la época de Samuel Moreno como Alcalde de Bogotá, el señor Procurador si tenía las atribuciones constitucionales y legales, de destituirlo, inhabilitarlo o suspenderlo?.
La Convención Americana de Derechos Humanos, ha sido la norma internacional que Petro ha sacado a relucir como su más brillante defensa. La invoco como parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad y exige que sea de cumplimiento en el marco del orden jurídico interno; pero esto me genera otro interrogante con respecto a la posición del Alcalde de Bogotá con los Diálogos en la Habana, quién abiertamente los ha apoyado, donde el grupo terrorista de las FARC, busca quedar absuelta de todos sus crímenes de lesa humanidad y poder participar en política. ¿Cómo es que un Alcalde que invoca una norma de carácter internacional relacionada con la defensa de Derechos Humanos, apoye un proceso de “Paz”, donde lo único que se está haciendo es desconocer el Estatuto de Roma, el que hace parte de las normas internacionales y junto a la Convención tiene cabida en el Bloque de Constitucionalidad? ¿Eso es tener moral? ¿Dónde está el respeto por la ley? ¿La ley solo la aplica cuando le favorezca?
Para terminar, y aunque faltan más reproches, me gustaría alertar a todos, de los planes que tiene Petro, y de cómo está utilizando todos los recursos públicos de la capital para su defensa personal. De cómo está alentando a las personas a una Desobediencia Civil y de que se alcen en contra del Estado Social de Derecho. Por favor, hay que reconocer que el Alcalde se equivocó y que eso le costó a Bogotá más de $63.000.000.000 de pesos.
ME parece inmoral y una total falta de respeto el titulo de este articulo, del contenido puedo decir lo siguiente, Samuel Moreno fue destituido por corrupto, se robo millonadas con el carrusel de la contratación, pero a Petro no se le encuentra ningún acto de corrupción o algún acto denunciable. Petro fue destituido sin buenos argumentos ni motivos. Una injustica contra la democracia de Bogotá y toda Colombia.