Hay momentos en que la indignación no es una postura política, es una obligación moral. Estamos viviendo uno de esos momentos. Colombia amaneció en 2026 con el primer trimestre más violento de la última década: 35 masacres, 133 personas asesinadas, 17 de ellas menores de edad, en 34 municipios de 17 departamentos. Esos no son números de un informe. Son madres que no volverán a ver a sus hijos. Son familias destrozadas. Son comunidades enteras que viven bajo el terror de grupos armados que el Estado no ha podido ( o no ha querido ) derrotar.
El tarimazo que ofendió a Antioquia
Pero si las masacres son el telón de fondo, lo que ocurrió el 31 de marzo de 2026 es el acto central de esta tragedia. Ese día, la fiscal general de la Nación firmó la Resolución 0072 de 2026, suspendiendo las órdenes de captura de 23 cabecillas del crimen organizado en Medellín y el Valle de Aburrá, todo ello a solicitud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco de su política llamada Paz Total.
No se trata de delincuentes menores. Estamos hablando de los jefes de las estructuras criminales más poderosas que han operado en Antioquia en la historia reciente: condenados por narcotráfico, homicidio, desaparición forzada, secuestro y extorsión. Algunos de ellos cumplen condenas de 30 y 36 años. Son los mismos que en junio de 2025 compartieron tarima con el propio Presidente de la República en la Plaza de La Alpujarra de Medellín, en el ya tristemente célebre tarimazo, un acto que generó escándalos penales, investigaciones disciplinarias y el rechazo unánime de los antioqueños de bien.
Y ahora, la recompensa: suspensión de órdenes de captura por seis meses, con posibilidad de prórroga. Libertad de movilidad en Medellín, el Área Metropolitana, Rionegro y Bogotá para criminales condenados. Una autopista de impunidad, como la denominó con toda razón el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha anunciado una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para revertir esta decisión que vulnera a las víctimas, a los jueces, a los policías y a los soldados que arriesgaron su vida para capturar a estos delincuentes.
La pregunta que nadie en el Gobierno responde
¿Por qué solo Medellín? Esa es la pregunta que el Gobierno no puede responder con coherencia. En el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, en el Putumayo, en el Chocó, las comunidades son masacradas semana tras semana. Los campesinos son desplazados, los líderes sociales son asesinados, los niños son reclutados a la fuerza. ¿A esas comunidades qué les ofrece la Paz Total? ¿Por qué no hay tarimazos para los territorios donde la violencia es más brutal y estructural? ¿Por qué la política de paz del Gobierno Nacional tiene geografía selectiva?
La respuesta incómoda es que Medellín y el Valle de Aburrá son el escenario electoral más importante del país. Las elecciones presidenciales y legislativas del año 2026 se definen en buena medida en Antioquia. Y los cabecillas criminales que controlan más de 100 combos en los barrios populares de Medellín tienen una capacidad probada para incidir en el comportamiento electoral de comunidades enteras. El alcalde Federico Gutiérrez lo ha dicho con claridad: esto no es un gesto de paz, es un pago de favores.
Antioquia no es un laboratorio de impunidad
Desde el Concejo Municipal de Itagüí tenemos la obligación de alzar la voz. Itagüí no es ajena a esta realidad. La cárcel de máxima seguridad de La Paz, ubicada en nuestro municipio, alberga a varios de los 23 capos beneficiados por la Resolución 0072. Mientras los vecinos de Itagüí, del Valle de Aburrá, de Medellín, enfrentan la extorsión, el microtráfico, el reclutamiento de jóvenes en los barrios, el Gobierno nacional decide que esos mismos jefes criminales merecen beneficios procesales. ¿Dónde quedan las víctimas? ¿Dónde queda la justicia?
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien no es precisamente una voz de la oposición, lo ha dicho con claridad: no ha habido ningún sometimiento real a la ley. Las estructuras criminales siguen operando. Siguen extorsionando. Siguen matando. La suspensión de captura no vino acompañada de entrega de armas, ni de cese de actividades delictivas, ni de reparación a las víctimas. Vino acompañada de promesas. Y en Colombia, las promesas de los criminales se pagan con sangre de los inocentes.
Una paz que no reconoce a sus muertos
Hay algo profundamente inmoral en un modelo de paz que negocia con los victimarios mientras ignora a las víctimas. Hay algo profundamente contradictorio en un Gobierno que declara la Paz Total mientras el país vive el trimestre más violento en una década. Hay algo profundamente irresponsable en una política que opera sin marco jurídico claro, sin condiciones verificables, sin garantías para las comunidades, y que sin embargo avanza con decretos, resoluciones y tarimazos mediáticos.
Las 133 personas asesinadas en masacres entre enero y marzo de 2026 no tienen nombre en los discursos del Gobierno. Los 17 menores de edad entre las víctimas no aparecen en las ruedas de prensa de la Comisionado de Paz. Los 40 cuerpos sin identificar que reporta Indepaz no inspiran resoluciones. Solo los capos del tarimazo merecen la atención del Estado. Solo ellos tienen acceso al Presidente, a la Fiscalía, al Comisionado de Paz. Esa es la Paz Total de Gustavo Petro: total para los criminales, inexistente para las víctimas.
El llamado a los congresistas antioqueños: ¿dónde están?
La Ley 2272 de 2022, que le dio vida jurídica a la Paz Total, fue aprobada en el Congreso con 61 votos a favor. Entre quienes la respaldaron desde Antioquia figuran congresistas del Pacto Histórico que se eligieron con los votos de nuestra región. Hoy, esos mismos congresistas tienen una deuda con los antioqueños: deben responder si esto es lo que prometieron cuando le pidieron el voto a sus coterráneos.
La senadora Isabel Cristina Zuleta, elegida por el Pacto Histórico con votos antioqueños, no solo apoyó la Paz Total en el Congreso: fue además la gestora directa del tarimazo. Fue ella quien firmó el oficio al Inpec el 19 de junio de 2025 ordenando la salida temporal de nueve cabecillas de la cárcel La Paz de Itagüí para el evento de La Alpujarra con el presidente Petro. Hoy enfrenta un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras eso ocurre, defiende públicamente los beneficios otorgados a los mismos capos que aterrorizan los barrios del Valle de Aburrá.
Al senador Álex Flórez, también del Pacto Histórico y con raíces políticas en Antioquia, le hacemos la misma pregunta: ¿qué le dice usted a las víctimas de las masacres de Titiribí, Segovia, Remedios y Amalfi — todas en Antioquia, todas en los primeros tres meses de 2026 — cuando el Gobierno al que usted ha acompañado legislativamente decide que los jefes criminales del Valle de Aburrá merecen beneficios procesales sin que hayan entregado un solo arma?
Y no es solo el Pacto Histórico. Los congresistas del Partido Liberal y del Partido Conservador que conformaron la coalición de gobierno y que acompañaron esta política también tienen que rendir cuentas. Votar una ley de paz es un acto de fe legítimo en la democracia. Pero guardar silencio cuando esa ley se convierte en el instrumento para blindar a los jefes de los combos que extorsionan, reclutan y matan en nuestra región es una complicidad que los antioqueños no van a perdonar.
La Paz Total fue vendida al país como una política de Estado, transversal e incluyente. Hoy sus resultados están a la vista: el trimestre más violento de la última década, 35 masacres, 133 muertos, y 23 capos de Medellín con órdenes de captura suspendidas. Los congresistas antioqueños que la apoyaron tienen dos opciones: o explican públicamente qué salió mal y exigen correcciones, o asumen ante sus electores la responsabilidad de haber facilitado este desastre.
Una posición clara desde Itagüí
Como concejal de Itagüí, representante del Centro Democrático y vocero de los ciudadanos que construyen cada día esta región con trabajo honesto, rechazo categóricamente la Resolución 0072 de 2026. Rechazo la instrumentalización de Medellín y del Área Metropolitana como escenario de negociaciones electoralmente convenientes. Rechazo que la justicia se rinda ante el crimen organizado mientras las comunidades más pobres de Antioquia siguen siendo sus rehenes.
Respaldo la demanda del gobernador Andrés Julián Rendón ante el Consejo de Estado. Respaldo al alcalde Federico Gutiérrez en su posición de no ceder ante una política que confunde la paz con la impunidad. Y exijo al Gobierno Nacional que explique, con hechos y no con palabras, qué tiene que ofrecer a las víctimas de las 35 masacres de este año, a los desplazados del Catatumbo, a las comunidades que viven bajo el yugo del crimen organizado en los territorios donde no hay tarimazo, ni resolución, ni Comisionado de Paz.
Colombia no necesita una paz total. Necesita una paz real. Una paz que nazca del sometimiento genuino de los criminales a la justicia, del reconocimiento de las víctimas, del fortalecimiento del Estado en los territorios abandonados. Una paz que no le sirva al calendario electoral de nadie. Una paz que les devuelva la vida, la dignidad y la seguridad a los colombianos que hoy viven con miedo. Esa paz, el Gobierno de Petro no la ha construido. Y con tarimazos, no la va a construir.
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