En este contexto de asedio criminal, descomposición democrática e indefensión absoluta vale la pena preguntarnos: ¿cómo, cuándo y por qué cobra vida la tesis política de Seguridad Democrática?
Gustavo Petro no comete errores de implementación. Decide deliberadamente desmantelar la autoridad del Estado. La Paz Total no es un fallo técnico: es una decisión política.
Según el presidente @petrogustavo: La “Seguridad Democrática” fue un fracaso y la #PazTotal está cosechando éxitos. Entre 2022 y 2025, más de 40.000 homicidios. 2025, el año más violento de la década. 71 % de los municipios bajo amenaza directa. 27.121 integrantes armados según registros oficiales.
Fue la Ofensiva de Seguridad Democrática la que desmanteló estructuras, recuperó territorios y minó la moral de las FARC. La Paz Total, en cambio, fortalece al crimen: recluta, se expande y negocia sin resistencia. Mientras el Estado se retira, los ilegales ocupan el espacio.
La Paz Total no pacífica. Protege al violento y congela el conflicto a favor del crimen. Petro no busca imponer orden democrático; administra la inseguridad como un costo aceptable. El mensaje es devastador: desafiar al Estado no tiene consecuencias. La violencia es negociable. El poder se comparte con quien lo ejerce por las armas. Eso no es paz. Es rendición institucional.
El contraste con la Seguridad Democrática es tajante. El pasado entendía un principio básico: sin monopolio de la fuerza, no hay democracia posible. Hoy, el Estado cede terreno, los criminales se fortalecen y los ciudadanos quedan indefensos. Autoridad o claudicación. Colombia ha elegido la segunda.
Los territorios más golpeados Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca muestran la política en acción: la criminalidad decide; el Estado se retira. Mientras se anuncian cifras selectivas y gestos de diálogo, los grupos armados reclutan, extorsionan y deciden quién vive y quién muere.
Paz Total no es pacificación. Es abandono estratégico del Estado. Seguridad Democrática representó autoridad ejercida, resultados visibles, un mensaje inequívoco: quien desafía al Estado paga un costo. La Paz Total legitima la impunidad, fortalece al crimen y transforma la violencia en instrumento político tolerado.
Colombia no enfrenta dilema abstracto. Cada municipio ocupado, cada víctima silenciada confirma la elección: el país vive la claudicación deliberada de su Estado de derecho. La pregunta no es retórica: ¿aceptaremos que la autoridad sea opcional mientras la violencia se convierte en regla?
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