“Los sacerdotes denunciados no tienen un juicio común: no es público, no hay jurados y ni antes ni durante el proceso son detenidos en cárceles ordinarias”.
Esta semana corrió un video de la intervención del Obispo de Jericó Noel Antonio Londoño Buitrago en el municipio de Tarso, Antioquia, donde invitaba a la comunidad a que “se le pidiera pasado judicial a cualquier empresa que quiera intervenir en Colombia” (ver video) para que, de cierta manera, las comunidades tengan la garantía de que las empresas que tienen intereses en asentarse en sus territorios van a actuar correctamente. La petición per se no está mal. Es importante conocer los antecedentes y la calidad de las empresas y de las mismas personas que van a habitar nuevos territorios. Así se les invitaría a adaptarse a la cultura, respetar sus tradiciones y valores.
¿Pero, qué tal si esa solicitud la adopta la misma Iglesia con sus propios sacerdotes? ¿Estaría dispuesta a socializar públicamente la hoja de vida y los antecedentes de los sacerdotes que van llegando a los municipios? La postura del Obispo Noel es legítima, pero, asimismo, la Iglesia Católica ha sido históricamente hermética con casos que la ponen en entredicho como denuncias por abuso sexual por parte de sus representantes, que se han dado en todo el mundo.
Particularmente en Colombia, los sacerdotes denunciados no tienen un juicio común: no es público, no hay jurados y ni antes ni durante el proceso son detenidos en cárceles ordinarias gracias al Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede firmado el 12 de julio de 1973 (ver Concordato). La práctica de la Iglesia, cuando hay un escándalo con un clérigo, es resguardarlo. Cuando baja la marea, lo reubican en otra parroquia, pero, nunca la comunidad se entera de por qué lo trasladaron y por qué estuvo de “retiro”. Así lo denunció el periodista Juan Pablo Barrientos en su libro “Dejad que los niños vengan a mí”. La Iglesia trató de impedir su publicación por sus escalofriantes denuncias.
Esta práctica es de manual, en la película Spotlight (traducida al español como En primera plana) se retratan los casos de abuso sexual ocultados por la Iglesia Católica en Massachusetts, que luego fueron heroicamente revelados por periodistas del Boston Globe que les valió para ganar el premio Pulitzer, los Oscar del periodismo.
Martín Caparrós en Ñamérica, también relata casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes en Brasil. Allí incluso crearon un manual sobre cómo cometer estos delitos: buscar familias pobres (preferiblemente con ausencia del padre de familia), ganarse la confianza de la madre o abuela llevando mercados o dando un aporte económico para que estén agradecidos; dar regalos al niño o niña no muy caros, pero tampoco muy baratos para deslumbrarlo (a) y que así “valoren” su compañía y generar dependencia.
Hay un dato revelador de Caparrós en ese texto: los países más pobres de América Latina son los que más católicos tienen. Eso incluye a Colombia.
En ese sentido, es mayor la responsabilidad de la Iglesia Católica con esta población que deposita su confianza de buena fe, y que, a la vez, tendría el derecho de conocer, apelando a la lógica del Obispo de Jericó, si los pastores que llegan a sus territorios son de confiar y libres de condenas, como lo propone para las empresas.
Excelente columna José Maria. A propósito deberíamos poner la lupa a este caso. https://www.kienyke.com/krimen-y-korrupcion/denuncian-abusos-sexuales-de-un-sacerdote-en-antioquia