“Por política de Juventud debe entenderse el proceso permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos.”
La ley estatutaria 1622 de 2013 establece el marco institucional para garantizar a la población joven el ejercicio pleno de la ciudadanía, mediante la compilación de normas nacionales e internacionales que refieren a este grupo poblacional, que crean mecanismos de participación y veeduría que les permiten hacer parte de la construcción conjunta de las decisiones que les afecten, tanto en el ámbito civil, íntimo, social o público.
Por su parte, la ley 1885 de 2018 modifica el mencionado estatuto juvenil, estableciendo lineamientos para el proceso de elección de los Consejos de Juventud, delimitando su incidencia, participación, concertación, vigilancia y control, señalando su papel en el Estado y el alcance de sus funciones.
El efecto de estas leyes no simplemente impacta las dinámicas de la administración pública al determinar unas líneas de acción que obliga a los ordenadores del gasto garantizar la participación e incidencia de la población joven en las decisiones que les afecten, definiendo la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que garanticen el goce efectivo de los derechos, sino que también señala un reconocimiento con enfoque diferencial de los derechos fundamentales y libertades propio de una democracia amplia, participativa, diversa e incluyente.
Si bien, las leyes en esencia tienen una función de orientar el comportamiento de la sociedad, estas leyes les exigen a las diferentes instituciones del Estado una adecuada articulación para que se garantice la formación de las juventudes orientada a una cultura democrática, en la que se comprende la necesidad de implementar estándares mínimos de seguridad humana y desarrollo humano a través de instrumentos en los que medie, incida y participe la ciudadanía misma, como expresión máxima de la democracia.
“Los Consejos de Juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional.”
El país político que construimos diariamente a pesar del conflicto armado interno ha sido una conquista de procesos organizativos populares que, en la fuerza de la palabra y la creatividad de la movilización social, han consolidado eslabones de una democracia que día a día se crea así misma en la medida que las personas asumimos nuestro rol de ciudadanos. La ciudadanía implica el reconocimiento de la dignidad humana, una condición jurídica y política donde nadie está por encima de nadie, sin embargo, de manera organizada y participativa logra establecer estructuras institucionales sometidas a pesos y contrapesos que en esa dialéctica deberían buscar el bien común.
Los mecanismos de participación ciudadana y los espacios de diálogo e incidencia ciudadana son un logro político de las bases sociales con respecto al poder institucional, especialmente el administrativo en un Estado centralista y presidencialista como el nuestro. El Estado somos todos los sujetos de derecho que habitamos el territorio nacional, de esta manera, la constitución y la ley nos brindan acciones y mecanismos que permiten interpelar las decisiones políticas para que respondan a los fines del Estado Social de Derecho, una forma de contrapeso ciudadano frente al poder de los gobiernos de turno.
El Estatuto Juvenil busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, brindando especial atención a las juventudes desde un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y territorial.
Cuando se habla de abandono Estatal, la expresión más adecuada al contexto nacional sería la ausencia de ciudadanía, pues el Estado teóricamente se compone de: 1. Población, 2. Territorio, 3. Soberanía. El territorio y la soberanía de las zonas históricamente excluidas por el Estado han sido administradas desde una óptica belicista que no ha sido capaz de reconocer al otro en su integridad como ser humano, minando así la posibilidad democrática de construcción colectiva pues despoja de la ciudadanía a las personas que habitan determinados territorios. Solo la ciudadanía es sujeto de derechos, deberes y libertades exigibles a la democracia a la que pertenece, exhortando su rol como sujeto político en igualdad; por su parte los derechos humanos atienden a una protección de la persona por el hecho de serlo en cualquier país donde rija la Organización de Naciones Unidas.
Que exista una directriz legislativa de aplicar y promover la difusión y el conocimiento acerca del Estatuto Juvenil, es un logro generacional de la nación que se prepara desde una conciencia democrática participativa, pluralista e incluyente, que le permita cicatrizar las heridas de la guerra a través del debate político, para sanar juntos desde las propuestas y acciones que tracen el país que soñamos.
- NOTA: El 5 de diciembre de 2021 se llevarán a cabo la elección de los Consejos Municipales de Juventud en todo el territorio nacional, la participación masiva de los jóvenes puede ser un hito de la historia democrática de nuestro país y las acciones que los consejeros desempeñen al interior de sus territorios, pueden convertirse en la agenda de paz de nuestra generación, pues el hecho de que hoy tengamos un cronograma electoral, también es resultado de las manifestaciones masivas presentadas durante 2021 en que muchos jóvenes arriesgaron y perdieron su vida tratando de asumirse como sujetos políticos en una sociedad democrática constitucionalmente establecida y que jurídicamente tiene los mecanismos que podían haberlo evitado.
Imagen: Plataforma Departamental #PutumayoPiensaJoven 💚💡 2020
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