Participación Juvenil en Colombia: Entre la Promesa Democrática y la Exclusión Ideológica

“El oprimido, en su anhelo de ser hombre, sueña con ser opresor.”

La participación de la juventud en los asuntos públicos ha sido históricamente uno de los desafíos pendientes de las democracias contemporáneas. En Colombia, el marco normativo ha dado pasos importantes para reconocer a los jóvenes como sujetos políticos plenos, especialmente a través del Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley Estatutaria 1622 de 2013 y su reforma mediante la Ley 1885 de 2018). Esta legislación reconoce a las personas entre los 14 y 28 años como titulares de derechos específicos y promueve mecanismos para su incidencia en la vida política, social, económica y cultural del país.

En teoría, este estatuto consagra principios de pluralidad, inclusión, deliberación y corresponsabilidad, al tiempo que crea estructuras como las Plataformas Municipales de Juventud y los Consejos de Juventud (municipales, departamentales y nacional). No obstante, en la práctica, múltiples evidencias indican que estos espacios no siempre logran materializar los ideales democráticos que los sustentan.

Uno de los principales riesgos advertidos por analistas y organizaciones juveniles es el progresivo cierre del debate público juvenil por cuenta de la cooptación ideológica de los órganos de participación. En lugar de consolidarse como escenarios de diálogo abierto, deliberación plural y construcción colectiva, algunos de estos espacios han comenzado a funcionar como plataformas de reproducción de intereses particulares, generalmente alineados con partidos políticos, grupos de poder local o movimientos ideológicos dominantes.

Este fenómeno ha sido descrito como una forma de exclusión interna, que no proviene directamente de las instituciones, sino de dinámicas internas dentro de los colectivos juveniles. En muchos municipios, se ha documentado cómo liderazgos emergentes son marginados o silenciados por expresar posiciones divergentes frente a los discursos predominantes en las plataformas. La unidad, en vez de basarse en el respeto por la diferencia, se ha confundido con la uniformidad forzada.

Tal dinámica reproduce patrones de dominación propios de la política tradicional, contradiciendo el propósito renovador del relevo generacional. Esta situación ha llevado a algunos sectores académicos y sociales a cuestionar si la participación juvenil está siendo utilizada como un fin en sí mismo –una forma de legitimación simbólica– en lugar de ser un medio para transformar las estructuras del poder.

Desde el enfoque de la pedagogía crítica, autores como Paulo Freire ya advertían que “el oprimido, en su anhelo de ser hombre, sueña con ser opresor”. Aplicado al contexto colombiano, esta afirmación permite reflexionar sobre la tentación de reproducir esquemas autoritarios incluso dentro de movimientos juveniles que nacen como respuesta a ellos.

Además del plano ideológico, existen también limitaciones materiales que dificultan una participación juvenil efectiva: falta de presupuesto para el funcionamiento de los Consejos, escasa formación en incidencia política, barreras territoriales para jóvenes rurales o indígenas, y un limitado acompañamiento institucional por parte de entes gubernamentales.

En este contexto, la participación juvenil enfrenta un doble reto. Por un lado, garantizar condiciones materiales y técnicas para que los jóvenes puedan incidir efectivamente en las decisiones públicas. Por otro, asegurar que dichos espacios se rijan por principios democráticos y no se conviertan en instrumentos de exclusión simbólica o de validación de agendas preestablecidas.

Las juventudes colombianas son diversas en su composición: hay jóvenes urbanos y rurales, indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+, estudiantes, trabajadores informales, líderes sociales, jóvenes en situación de discapacidad, entre otros. Esta heterogeneidad exige procesos de representación que respeten y valoren el disenso, la diferencia y la pluralidad de perspectivas. Reducir la participación juvenil a una narrativa única es, en esencia, despojarla de su potencial transformador.

En conclusión, la participación juvenil en Colombia, aunque respaldada por un marco jurídico progresista, enfrenta serios desafíos en su implementación. Superar estos obstáculos requiere un compromiso ético y político con la democracia deliberativa, no solo desde las instituciones, sino desde las mismas juventudes. La representatividad auténtica no se mide por el número de cargos ocupados, sino por la capacidad de articular voces diversas, respetar la diferencia y construir consensos desde el disenso. Solo así la participación juvenil dejará de ser una promesa aplazada para convertirse en una herramienta efectiva de transformación democrática.