Corría el año 2017 y la campaña presidencial empezaba a tomar fuerza. Esa semana se había lanzado la coalición entre Jorge Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo y este último había figurado alto en una encuesta de intención de voto. Un periodista amigo de las filtraciones publicaba como primicia que a Fajardo y a quien escribe esta columna la Contraloría de Antioquia nos había decretado un embargo en un proceso por presunta responsabilidad fiscal. Efectivamente, tres meses antes el organismo de control había decretado el embargo, pero nunca se nos había notificado. El objetivo, más que procesal o de defensa del patrimonio público, era mediático y electorero y por ende la filtración y la publicación respondían al contexto de campaña electoral.
El proceso que dio vida al embargo había iniciado en el 2016 y también se nos había comunicado vía comentarios de políticos que desde el piso 12 de la Alpujarra se había dado la orden a la Contraloría de iniciar procesos contra el exgobernador y su equipo. Enfrentamos este proceso con la seriedad y el rigor que exige cualquier indagación a la función pública. Pruebas documentales, testimonios y peritazgos técnicos que demostraran la legalidad y efectividad de nuestras acciones y decisiones fueron debidamente aportadas. No obstante lo anterior, empezamos a ver un patrón en la actuación del ente de control. Por un lado se desechaban muchos de nuestros argumentos y pruebas de manera ligera y, en la parte final del proceso de primera instancia, dos Contralores Auxiliares que estaban al frente del mismo, renunciaron. En privado ambos reconocieron que no aceptaban la presión que recibían en razón del proceso y por ende se alejaban de su cargo. Finalmente y contra toda evidencia, un político liberal que había pasado, y sigue pasando, por múltiples cargos en la ciudad y el departamento, nos condenó en primera instancia. Esa decisión y el proceso completo fueron declarados nulos por la misma Contraloría a finales de 2019, post captura y destitución del Contralor, por la violación de nuestro derecho al debido proceso al ignorarse el peritazgo y las pruebas que probaban nuestro actuar diligente y desvirtuaban cualquier detrimento.
Vale la pena recordarle al lector que el Contralor Departamental de Antioquia del momento era Sergio Zuluaga. Sí, el mismo que fue suspendido y destituido por la Procuraduría por presentar una hoja de vida con datos falsos al proceso de elección (proceso que fue profundamente cuestionado porque, entre otras, un taxista fue quien certificó el inexistente doctorado de Zuluaga) y posteriormente por “embellecimiento ilícito”, o por usar su cargo para realizarse cirugías estéticas. El mismo Contralor que fue capturado por la Fiscalía, en compañía de su equipo directivo, por una presunta organización criminal que funcionaba dentro de la entidad y que hoy sigue procesado por varios delitos. Una vergüenza para la institucionalidad del Departamento que dejó a la Contraloría cuestionada y devastada.
Durante esa misma campaña de 2016-2018 un Auditor General de la República, encargado, entre otras, de hacer control a las Contralorías Departamentales como la de Sergio Zuluaga, publicó dos informes cargados de mentiras e inexactitudes contra Sergio Fajardo y la Gobernación 2012-2015. Dos informes que buscaban titulares para afectar la imagen del entonces candidato y que han sido desestimados por medios de comunicación y analistas. Ese Auditor General no era otro que Carlos Felipe Córdoba, actual Contralor General de la República.
Y así aterrizamos en el proceso de Hidroituango. El Contralor Córdoba abrió, con gran show mediático, un proceso por responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos contra 28 personas, naturales y jurídicas, por presunto detrimento patrimonial en el proceso de construcción de la hidroeléctrica más grande del país. El pasado 6 de septiembre la Contraloría falló en primera instancia encontrando responsabilidad solidaria entre 26 de los vinculados. El fallo condena a todos por igual sin distinción de funciones, competencias, alcances y decisiones. Increíble.
El proceso, en el que se ha violado el derecho al debido proceso de varios involucrados (ver decisiones de acciones de tutela), tiene unas particularidades que vale la pena resaltar y cuestionar. En primer lugar, sorprende que si el hecho generador de los daños sea el colapso de un túnel construido entre el 2016 y el 2018, no estén vinculados al proceso ni el Alcalde de Medellín ni el Gobernador de Antioquia ni el Gerente de EPM en ese periodo. La obligación de supervisión y seguimiento que tanto le reclama la Contraloría a los ahora condenados, ¿no existió en esos años? ¿No era necesaria? Por otro lado, contrastan las conclusiones de la Contraloría con las decisiones de las aseguradoras del proyecto que iniciaron los pagos correspondientes (ya van US$ 350 millones) por las pólizas contratadas. Sobra decir que el pago de las pólizas desvirtúa el detrimento patrimonial. Finalmente, y ojo al patrón, el organismo de control no permitió que se realizaran pruebas técnicas solicitadas por varios de los investigados.
Todos los que hemos sido servidores públicos sabemos que en el desarrollo de nuestras funciones somos responsables por el cumplimiento de la ley y la correcta administración de los recursos públicos. También tenemos claro que nuestra obligación es explicar y sustentar nuestras actuaciones ante las diferentes autoridades y, claro está, ante los ciudadanos. Desafortunadamente el país ha visto un vertiginoso deterioro en las actuaciones de las entidades de control (incluso de la de la Fiscalía General). La forma como se eligen (Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales) la manera en que se integran sus cuadros directivos (acuerdos clientelistas) y la gran discrecionalidad en el desarrollo de sus investigaciones y decisiones, han convertido a muchas de estas instituciones en herramientas de persecución política o en encubridores de asaltos a lo público. Si los organismos de control siguen en manos de la vieja clase política negociante y ladrona, este sistema democrático, ya muy deteriorado, se acaba de hundir. Las democracias tienen muchos enemigos externos, pero cuando han sucumbido, generalmente se han suicidado. Este es un tema que debe estar en la agenda del 2022.
Comentar