Han sido varios los años en los que el país ha estado dividido por la negociación entre el Gobierno y la guerrilla en Cuba, y por la falsa dicotomía planteada sobre amigos y no amigos de la paz. Planteamiento equivocado que quedó plenamente desvirtuado en la votación del plebiscito donde se demostró que la inmensa mayoría de colombianos queremos alcanzar la paz y que sólo ha sido el camino para lograrla lo que nos ha distanciado.
El resultado del plebiscito es explícito: sí a la paz y al diálogo con algunos cambios en los puntos del Acuerdo. Esta situación ha resultado en una enorme ventana de oportunidad para que las visiones y posturas de todos los colombianos –no sólo de un sector de la sociedad y del espectro político- estén incorporadas en un nuevo Acuerdo de paz con las Farc. El resultado de la implementación de algunos cambios en la negociación será el de obtener una paz “estable y duradera”, un mejor pacto y un país unido, tema que fortalecerá al gobierno –éste o el siguiente- para poner fin a la violencia del ELN en un proceso de diálogo.
Para lograr lo anterior, el Gobierno debe tener la apertura y el respeto por el mandato del No, de implementar cambios sustanciales al Acuerdo con las Farc y no limitarse a retoques cosméticos en donde todo siga igual en lo sustancial. Así las cosas, desentonan algunas voces de ministros y ministras que insisten en mantener el texto del Acuerdo rechazado en las urnas, con mínima voluntad para modificarlo, hasta al punto de insistir en que todo dependería de los jefes guerrilleros en La Habana. No hace bien a la democracia ni a la imagen del Gobierno quien debería tener las riendas de la negociación, que en un gesto de menosprecio se deposite toda la responsabilidad en manos de las Farc. No debe ser así.
Pero más que los delegados del gobierno en cuestión, desentonan profundamente las voces que promueven la repetición del plebiscito, en un gesto de franco desconocimiento del procedimiento democrático. Ojalá estos desatinos se esfumen, pues nada dividiría más al país con profundas consecuencias para el futuro, que la Corte Constitucional hiciera eco de estas voces que pareciera estuvieran pensando más en otros intereses que en el del bien común y la unidad de Colombia.
