Es un hecho: se acaba de conocer el nuevo acuerdo que se firma entre el Gobierno y las Farc, producto de las propuestas de los voceros del ‘No’ que fueron escuchadas en esta nueva negociación. No se sabe hasta qué punto habrán cambios trascendentales puesto que hay que analizarlo, pero sí se sabe que no todos estarán de acuerdo.

Una de las cuestiones más importantes en la política nacional es el tema del acuerdo entre el Gobierno y las Farc que fue rechazado en las urnas el pasado 2 de Octubre. Han sido 41 días desde que eso pasó y la actividad política en torno a este tema ha sido muy confrontada: luego de la evidente polarización que sufrió el país, debido a un margen de porcentaje muy chico entre el ‘Sí’ y el ‘No’; las alarmas se prendieron en torno a defender los intereses de, sea como sea, obtener un nuevo acuerdo. Aunque en Colombia todavía existe un porcentaje minoritario -al menos en las encuestas, que ya es sabido que no tienen mucha legitimidad últimamente- que prefiere la salida armada, uno de los puntos en común tanto de los voceros del Sí como los del No era llegar a un nuevo acuerdo que dirimiera los conflictos que han surgido entre ambos bandos.

Sin embargo, uno de los grandes problemas de este nuevo acuerdo es que en toda democracia siempre existirá al menos un disidente. Y muy probablemente aquí no será sólo uno. Esto ocurre porque en los temas que más fueron discutidos -es decir, en el tema del fondo de tierras, el de participación política y en el tema de la jurisdicción especial para la paz-, intentar darle cuantificación a un concepto ambiguo como justicia es algo que dependerá de cada quién. ¿Es necesaria la cárcel?, ¿cuántos años son necesarios?, ¿deben participar en política?, ¿cuántas curules se les debe otorgar?, ¿se deben redistribuir las tierras?, ¿cuántas hectáreas y cuáles se deben redistribuir?

Exigir un acuerdo es tener que responder obligatoriamente a esos interrogantes y, lo que se anticipa por el hecho de escoger una opción, es que quienes querían otras opciones salgan a las calles a manifestarse o realicen bloqueos políticos para impedir que dicho nuevo acuerdo salga a la luz y se ejecute.

¿Qué ha pasado desde el 2 de Octubre?

Una de las exigencias más grandes de ambos bandos fue el de la necesidad de una reunión entre voceros como Álvaro Uribe Vélez, Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez y Andrés Pastrana con los plenipotenciarios del Gobierno para proponer nuevas ideas. La fuerte división que generó el plebiscito en la población colombiana llevó a que se les exigieran propuestas para no dejar hundir lo que se había logrado con las Farc.

Días después del resultado electoral el senador Uribe, el expresidente Pastrana y el exprocurador Ordoñez fueron citados a la Casa de Nariño para entablar una conversación con el presidente Santos para definir los lineamientos de cómo serían las opciones para modificar los acuerdos. En ese entonces se pactó que se crearía una comisión integrada por miembros del Gobierno, de otros partidos y movimientos, y especialmente de los voceros del ‘No’.

Por su parte los miembros de las Farc estuvieron firmes en su idea de defender lo que ya estaba pactado. Con el paso de los días cambiaron su opinión y dejaron claro que aunque habían puntos sobre los cuales no volverían a dialogar, sí habría algunas otras cosas que se podían modificar. Todo pasó frente a la polémica que resultó ser la renuncia de Humberto de la Calle para ser el jefe negociador, que posteriormente Santos evitó.

Finalmente, comenzó a darse una conversación en la Habana de nuevo entre miembros del Gobierno y de las Farc para intentar modificar lo acordado sobre las exigencias del ‘No’.

Las exigencias del NO

Los puntos claves sobre la discusión siempre fueron aquellos que inmortalizaron la postura en contra: la defensa de la propiedad privada, la defensa contra la impunidad y la defensa de la democracia. Cosas así de ambiguas que se basaban en los puntos sobre la Reforma Rural Integral, la Participación Políticas y el punto de Víctimas.

En el punto de la Reforma Rural Integral el aparte que más suscitó discusión fue el del Fondo de Tierras. Se trata de una institución que crearía algo así como un «banco» de tierras provenientes, entre otras; de la expropiación, de la inoperancia o de la exclusión de la función social. Lo que fuera para ese entonces el pilar central de la necesaria reforma agraria que necesita el país desde hace décadas, como fondo para la redistribución de la riqueza y su debida documentación; fue considerado para muchos como un real mecanismo para limitar la propiedad privada. Aunque realmente sí lo sea, la cuestión se basa en determinar en este caso si es más importante la redistribución de las tierras o la producción de éstas sin necesidad de limitar la propiedad privada.

En el punto sobre Participación Política muchos estuvieron en contra de que se diera camino libre para que quienes fuesen condenados por delitos de lesa humanidad tuviesen la oportunidad de participar en política. Aunque el juez podría utilizar como pena accesoria la privación de los derechos políticos y por ende impedir un postulamiento, la idea era que en realidad esto sólo dependería de cada caso según el juez y no de una regla general que les impida ello. Algunos discutieron si era necesario que se les diera una garantía económica de participación al movimiento político que surgiría de las Farc, y otros adicionalmente cuestionaron el número de curules que era necesario entregar.

Finalmente, en el punto sobre Víctimas, la idea de que la pena por excelencia del sistema transicional fuera la reparadora -es decir, el desminado humanitario, la construcción de infraestructura, preservación del medio ambiente, entre otras- no fue muy aceptada, por lo que una de las mayores exigencias fue siempre la necesidad de los barrotes como pena represiva para estos delitos. La amnistía como tal se quiere, según ellos, implantar sólo en los soldados rasos y no en las cabecillas o en los de alto rango.

¿Y entonces?

No sabemos a cabalidad qué es lo que habrá cambiado porque hay que tomarse el tiempo de analizarlo. La idea de que se modifique sustancialmente el Fondo de Tierras, las garantías de participación política o las condiciones de la jurisdicción especial para la paz son un tema que no tendrá mucha aceptación en el público en general. Esto porque en realidad ya quedó demostrado que en Colombia la mitad del país que votó piensa diferente a la otra mitad, y que en realidad estos pensamientos son algunos muy distantes entre sí.

Es una necesidad tanto para las Farc como para el Gobierno obtener un acuerdo rápido. Esto, porque el período legislativo está a poco tiempo de terminar y porque se necesita implementar legalmente el marco general del nuevo acuerdo para antes de que pase más tiempo y comiencen las carreras presidenciales para el próximo mandato.

En caso de que no hayan cambios tan trascendentales en estos temas -que de hecho es lo más probable-, hará que los distintos voceros del ‘No’ consideren como maquillaje las nuevas propuestas, por lo que comenzarán de nuevo a bloquearlo desde el Congreso y desde las calles. En caso de que sí los haya -que es muy poco probable puesto que desconocería en realidad lo que las Farc desea, aunque falta ver- sólo hará que Colombia implemente en su totalidad un acuerdo que no es revolucionario: que no tiene reforma agraria, que no tiene un proceso de justicia transicional diferente a los anteriores y que no tiene una garantía necesaria para la participación política; todo siempre enmarcado en las exigencias de quienes obtuvieron la victoria en el plebiscito.