El Gobierno Nacional y las Farc lograron un nuevo acuerdo extremando sus posibilidades. La guerrilla llegó al límite de sus capacidades de negociación, así que pretender que vaya más allá es ser intolerante con un proceso cumplido según los parámetros de nuestra Constitución.
Es evidente que se cedió bastante y que se recogieron casi todas las iniciativas de los voceros del “no”. Creo que ya hay suficiente ilustración acerca de las riquezas del nuevo pacto, y por eso me detendré en la enumeración de algunos peligros originados en la dilación de su implementación.
Para empezar, ya se comprobó la fragilidad del cese de hostilidades, con el lamentable hecho que produjo la muerte de dos guerrilleros. Destaco la suerte de que no se hayan presentado incidentes igualmente graves. Puede haberlos en los lugares de preconcentración, aunque estén muy delimitados los protocolos del caso. Además, otros actores armados transitan por esos territorios, y no es descartable que propicien provocaciones.
Si en otros procesos ha habido situaciones críticas, aun cuando los escenarios han sido escogidos por las partes y asegurados, qué decir del carácter provisional de estos: una fuerza armada en tales condiciones es presa de la angustia, la incertidumbre y hasta la tentación de generar disidencias.
Además, la guerrilla debe tener certeza de la implementación de los acuerdos que garanticen su tránsito a la vida civil y en particular que la ley de indulto y amnistía será aprobada con rapidez, para superar los obstáculos judiciales que limitan su accionar como grupo en etapa de desarme y desmovilización. A ello se suma que existe la fortaleza y el compromiso de la comunidad internacional que no puede dejar de capitalizarse en estos momentos. Gobiernos y entidades están a la espera de la evolución de los acuerdos para concretar los apoyos ofrecidos.
Pero también existe el peligro de que algunos sectores opositores quieran llevar la implementación de los acuerdos hasta el comienzo de campaña electoral de 2017, para convertir en bandera electoral sus reparos al proceso y a las mismas Farc. De otro lado, se pueden retrasar los planes de ocupación institucional de los territorios que ocupaban las Farc; la tardanza en la ejecución de los programas de consolidación hace propicio que otros actores armados capitalicen este vacío.
Por estas y otras razones es urgente poner fin a los debates y acelerar los pasos siguientes, entre ellos la búsqueda de respaldo de la sociedad al nuevo acuerdo de paz. Los voceros del “no” que representan a pequeños sectores de víctimas deben entender que están bloqueando la posibilidad de concretar la reparación integral, la aplicación de justicia y las garantías de no repetición.
El gobierno debe focalizar más la atención en la mayoría de víctimas que están empeñadas en el logro de la paz, mientras que las Farc deben incrementar los actos de reconocimiento de hechos y perspectivas de reparación colectiva, como lo hicieron en La Chinita, barrio de Apartadó, y en Bojayá – Chocó.
A su vez el presidente Santos debe tomar las decisiones conducentes a la implementación inmediata del acuerdo, con la convicción de que los resultados del plebiscito se subsanaron, que existe un acuerdo más satisfactorio, y que el país no se puede “empantanar” en un eterno debate.
