Nos despertamos el lunes 28 de octubre con la noticia de un soldado muerto y tres civiles heridos por un ataque del ELN en Norte de Santander; un policía asesinado en Sucre (Cauca) a manos de las disidencias de las Farc; y en Anorí (Antioquia), un atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional. La Colombia de hoy, lejos de parecerse al país que soñamos al entrar en el siglo XXI, evoca aquella patria de los años 90, donde los atentados, asesinatos y tomas guerrilleras eran el pan de cada día.
Y no solo es un día. Hay que sumar, una y otra vez, el espacio que el gobierno de Petro —un exguerrillero indultado— les ha cedido a los terroristas en el territorio nacional, creyendo que con su retórica idealista se va a frenar el narcotráfico, la violencia y los disparos de fusil. Tan solo este año, según Indepaz, con corte al 27 de octubre de 2024, en Colombia han ocurrido 60 masacres que han dejado 204 víctimas.
La única propuesta de paz efectiva en Colombia se llama “mano dura contra la criminalidad”. Aquí, los actores de la violencia (ELN, Farc, Clan del Golfo, entre otros) utilizan las intenciones de diálogo de los gobiernos para frenar la ofensiva militar y policial en contra de sus estructuras ilegales, mientras ganan tiempo y espacio para reorganizarse territorialmente, y reinventar sus rentas criminales: narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y secuestros. En pocas palabras, cualquier intento de salida negociada al conflicto termina siendo, para ellos, una oportunidad para continuar delinquiendo y aumentar en número y letalidad.
Ya no se trata de ingenuidad, sino de una peligrosa ceguera, seguir dándoles oportunidades a los terroristas para ingresar al mundo de la legalidad. Aunque, en el caso de Petro, más que ingenuidad parece complicidad. Colombia no está para seguir concediéndoles espacios a estos mafiosos de mala muerte. A ellos hay que enfrentarlos con todo el peso institucional, que incluye a la Fuerza Pública y al sistema judicial, además de la decisión radical del Ejecutivo de erradicar este cáncer de una vez por todas.
Ya no hay lugar para los discursos suaves de la izquierda, ni convencen las mesas de diálogos. No necesitamos más líderes que nos vendan peroratas de paz y amor. Lo que se necesita es dotar al Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y a la Policía Nacional de todas las garantías necesarias para que ejerzan su labor constitucional, sin que el día de mañana cualquier bandido disfrazado de defensor de Derechos Humanos salga a bautizar a los violentos como “líderes sociales”.
A Colombia le hace falta una mano firme contra el terrorismo y presencia institucional en todo el territorio para dar garantías reales a los ciudadanos de que pueden ejercer sus libertades personales y económicas. ¡No más concesiones al terrorismo! ¡No volvamos a elegir gobiernos que defienden más a quienes infringen la Ley que a quienes la cumplimos!
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