La nueva gestión pública (NGP), como enfoque de administración pública contemporánea, busca no solo ser más eficiente, eficaz y mejorar las prestaciones de servicios sociales, además busca que los recursos que son para los colectivos humanos estén sometidos a la rendición de cuentas, a la trasparencia por parte de los administradores de turco, y para ello existen órganos de control.
Todo funcionario público, se rige por una normatividad, que busca que quienes tienen el honor de administrar recursos que les pertenecen a las comunidades, sean supervisados, evaluados, por los diversos dispositivos legales que se establecen para estos fines, la evaluación de la gestión pública, pretende entre otras cosas, la mirada externa de cómo hacemos las cosas, con el fin de mejorar la toma de decisiones, redefinir asuntos administrativos, con el propósito de optimizar los recursos y el cumplimientos de objetivos de gestión.
Para el caso de la inspección en la Universidad de Antioquia, la cual se basa en la ley 1740 de 2014, ella habilita al Ministerio de Educación a desarrollar una labor de inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación superior con el fin de “velar por la calidad y continuidad del servicio de educación superior”, podríamos decir más en concreto, para velar por el derecho a la educación superior como derecho fundamental. No hay aquí interferencia sobre la autonomía universitaria como lo esgrimen algunos locuaces y vociferantes defensores en abstracto de la citada autonomía. Se realiza la inspección y la búsqueda de medidas preventivas, en principio, para posibilitar la continuidad del derecho. Y, este se ve amenazado hoy ante la gravedad del déficit financiero de la universidad y la propuesta hecha por la actual administración de un recorte significativo del presupuesto en 100 mil millones de pesos para 2026, en contratación de cátedra, medida que afectaría a los profesores de esta modalidad, el sector más vulnerable del profesorado. Nos resistimos a pensar que las urgencias financieras signifiquen este recorte de las horas cátedra que precisamente han posibilitado que la universidad cumpla con sus funciones misionales, en medio del desfinanciamiento histórico que nadie niega. ¿Es la zozobra laboral de profesores y administrativos la mejor manera de garantizar “la continuidad con calidad del servicio de educación” y más que servicio, decimos, derecho fundamental?
En un diálogo con la Doctora Angelly Paola Martínez Ruiz, inspectora para la universidad designada por el Ministro de Educación, en un lugar público, y obedeciendo el llamado que se me hace, como columnista de temas de educación, de conocedor del sistema educativo de educación superior, como integrante además de la mesa en pro de la reforma a la ley 30 y, en especial, a los artículos 86 y 87, y en tanto conferencista y ex administrativo en la universidad, entre otras labores, se conversó sobre temas como: la estructura de desfinanciamiento de las universidades, las reformas a la ley 30, la crisis financiera de la Universidad expresada como crisis de liquidez y de capital de trabajo, y las posibles alternativas para enfrentar la crisis, pero sobretodo entender la función de su equipo de trabajo en la universidad. Una función esencialmente preventiva y de vigilancia dadas las difíciles condiciones que atraviesa nuestra Alma Máter y dada la necesidad de encontrar soluciones, salidas y posibilidades lo menos onerosas en términos de preservar la estabilidad de profesores y funcionarios vinculados a la institución y que son su gran capital intelectual y administrativo construido a lo largo de los años.
Es importante que los órganos de dirección de la universidad entiendan esta labor de inspección y vigilancia y su sentido preventivo. No hay que temer a ser examinados, si es que la trasparencia y moralidad pública rigen nuestras actuaciones. A ella y a su equipo se le deben brindar todas las facilidades en términos de información, documentación, respuesta a sus requerimientos para facilitar su labor. Que, de su trabajo de recopilación de información en los niveles financieros, administrativos y de prestación del servicio puedan salir planes y propuestas de mejoramiento para la garantía del derecho a la educación es un activo de su trabajo de inspección. La Universidad de Antioquia ante la multidimensionalidad de la crisis que la afecta, requiere, como lo he planteado en otros artículos de opinión, un Plan de Salvamento, que logre llevarla un mejor puerto. Plan de orden financiero, administrativo, de reformas normativas de fondo, de exploración de su sentido misional, de redimensionamiento de su crecimiento, estos y otros asuntos pueden ser abordados y construidos con la comunidad universitaria, aprovechando la misión de inspección y vigilancia del MEN.
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