Por: John Mario Muñoz Lopera
Marco Antonio Vélez Vélez
Transita en la plenaria del Senado de la República el Proyecto de ley 212 de 2024 que busca reformar los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en cuanto al tema de la financiación de las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas (ITTU). Ya fue aprobado en segundo debate y ahora pasará a la Cámara de Representantes. Es sabido que históricamente el movimiento universitario ha realizado acciones de movilización y propuestas para reformar la Ley 30 en dichos artículos y, en general, en pro de una reforma de fondo sobre la citada ley. Fue, sin duda, la más significativa, la movilización del año 2018 que promovió el incremento del crecimiento inercial de los recursos para las universidades públicas; dicha inercia abrió un monumental déficit que hoy se acerca a los 20 billones de pesos. En aquel momento se logró conquistar, gracias a la movilización socialización frente al gobierno Duque, un incremento en promedio de 4.2 puntos por encima del IPC, aumentando de una manera importante los fondos y la base presupuestal de las universidades. Las luchas históricas del profesorado y de los estudiantes habían dado cuenta de la insuficiencia del crecimiento inercial de la financiación; se aducía, con razón, que el crecimiento de la cobertura, de la planta profesoral, de la infraestructura, de los laboratorios, de los recursos para investigación, ameritaban el crecimiento de la base presupuestal más allá de la base inercial que es el IPC. El gobierno Petro, consciente de la garantía de la educación superior como derecho fundamental, propició en los años 2023 y 2024 aumentos de 9 y 11 puntos por encima del IPC en los recursos para las universidades públicas.
Las exigencias de financiación para la educación superior hoy no son las mismas que las de los años noventa, cuando se promulgó la Ley 30, puesto que, entre otras razones, se duplicó la población estudiantil, se incrementó la investigación y el número de grupos de investigación, el Decreto 1279 modificó la forma de remuneración de los profesores universitarios y apareció, como una exigencia para ampliar la cobertura hacia las regiones, el programa de regionalización en las grandes universidades públicas del país. Todo esto demandaba una nueva fórmula para calcular los recursos requeridos por universidades y la red ITTU. Durante mucho tiempo, ante la insuficiencia de recursos, las universidades debieron recurrir a generar recursos propios, lo que se conoce como autofinanciación; de hecho, en el caso de la Universidad de Antioquia, más del 50 % de sus recursos procede de dicha fuente: consultorías, asesorías, proyectos de extensión, se convirtieron en el mecanismo para suplir el déficit de recursos para el funcionamiento y la inversión. La informalización en la contratación de profesores fue otro de los efectos de la desfinanciación estructural, llegando a superar, para las universidades grandes, el 60 % de profesores contratados en la modalidad de cátedra.
El movimiento universitario, el SUE, las organizaciones estudiantiles y las representaciones profesorales han coincidido desde tiempo atrás en que la mejor forma de compensar el déficit de financiación de las universidades es por la vía del denominado en el Proyecto de ley 212, ICES, Índice de la Canasta Educativa de la Educación Superior, fórmula que recoge el incremento en las demandas de las instituciones dado su crecimiento en cobertura, en vinculaciones profesorales, crecimiento salarial, nueva infraestructura, nuevas sedes regionales. Así lo recoge el proyecto y enuncia, a su vez, que si este índice llegare a estar por debajo del IPC, regirá, en esa particular coyuntura, el IPC.
Es importante reseñar que en dicho contexto de la reforma de los Artículos 86 y 87, este último, específicamente, determina un aporte del Estado a la financiación de las universidades públicas hasta en un 70 % del crecimiento del PIB. En la discusión en el Senado se supo que algunos senadores de la oposición pugnaban porque este porcentaje se redujese al 30 %, mostrando una inusitada mezquindad frente al tema de los recursos para la educación superior, no siendo conscientes de que estos recursos adicionales van a posibilitar la garantía de la educación superior como derecho fundamental y que, por tanto, excluye toda cicatería.
Falta la mitad del camino para la aprobación de esta ley 212 que reforma la ley 30 del 1992, los tiempos son cortos, se tiene hasta el 20 de julio del próximo año, para su aprobación; ella debe pasar por dos debates en la cámara y conciliación en la plenaria, adicionalmente se estará en campaña electoral, que será una de las más complejas de los últimos tiempos. Si no existe un gran movimiento por la educación, en las calles, en los foros académicos, en el lobby político, podría pasar lo mismo, que con la ley estatutaria de la educación como derecho fundamental, donde ad portas de ser aprobada, la oposición le metió la mano, y cambio el sentido de la ley, lo que obligó a su retiro; debemos estar vigilantes, activos, en movilización con este reforma a los artículos 86 y 87, ya que de esta depende el futuro financiero de las universidades públicas y de las instituciones de educación superior.
El movimiento profesoral, el estudiantil, las representaciones profesorales, los gremios, deben estar alertas para que en la continuidad de la discusión en la Cámara de Representantes el proyecto mantenga su sentido y el espíritu de ampliar los recursos para las universidades públicas y la red ITTU; así mismo, mantener en perspectiva histórica una apuesta por reformar de fondo otros asuntos atinentes a la Ley 30 que no pudieron ser abordados en esta legislatura. Temas como la conformación de los consejos superiores universitarios, la gobernabilidad de dichas instituciones, la democracia universitaria, el carácter vinculante de las consultas a los estamentos, la vigilancia sobre el uso adecuado de los recursos, entre otros, quedan como un pendiente para una gran reforma de la estructura de la educación superior, y allí el movimiento universitario tiene una gran tarea frente al próximo gobierno.
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