Fue una sorpresa tremenda, el acuerdo 300 se aprobó en el Concejo de la ciudad casi unánime, de nada sirvieron las críticas, ser tendencia en Twitter, ni siquiera empapelar la ciudad con el rostro del alcalde en montajes que criticaban estas medidas. Epm (y con él Emvarias y una parte de Isagen), Telemedellín, el Pascual Bravo, el ITM, el Col. Mayor y todas las empresas, los institutos y entidades descentralizadas del municipio pasan a ser ahora un grupo empresarial, sí, ahora los medellinenses, todos, son dueños de un holding, por lo menos así parece ser en la teoría.
El Concejo de Medellín, con 14 votos a favor y 5 en contra le firmó un cheque en blanco a Gaviria, lo hizo un súperalcalde, no heroico como el SúperCivico de Mockus de los 90s, sino uno tan peligro como lo hubiera soñado Godofredo Cínico Caspa. Le entregó el manejo de la ciudad a un alcalde que cuando terminaba su periodo como Gobernador de Antioquia empezó a trabajar en la venta de la Fábrica de Licores de Antioquia, la FLA, y si no lo recuerdan, estuvo muy cerca de lograrlo de no ser por la protesta ciudadana. Recién asumió su mandato como Alcalde de Medellín comienzó el trabajo de privatización de UNE y con ella, las acciones (mayoritarias) del municipio en EDATEL, en aquella oportunidad lo consiguió y ahora Tigo anuncia hasta la saciedad que ahora es uno con UNE, UNE-Millicom para ser más exactos. Un fantasma privatizador ya ronda a las empresas que durante casi 50 años nos han hecho sentir orgullosos a todos los medellinenses, la propia Alcaldía se vio obligada a cambiar el nombre de su cuenta oficial en Twitter por “EPM NO se venderá” y empezó por ese miedo una campaña de información sobre el acuerdo 300 bajo el hashtag #GobernarEsExplicar tratado de apaciguar los ánimos de una ciudadanía que, por lo menos en el plano virtual, parecía estar al borde de explotar contra la administración municipal.
El Concejo de la ciudad se vio desafiado por una parte de la ciudadanía, tuvo que sesionar con el pueblo a sus espaldas -no solo metafóricamente, sino también en la realidad hace poco-, y se vio tan denigrado, que estuvo a punto de ver como los concejales Juan Felipe Campuzano (Partido de la U) y Robert Bohórquez (Cambio Radical) se iban a los golpes mientras se lanzaban los improperios más propios del parlache que de cualquier otra cosa. Ya no le queda legitimidad al corporado municipal ante su ciudadanía, repito, por lo menos la que se ha expresado.
Ahora ya es deber de la ciudadanía vigilar, regular y conocer lo que se viene de ahora en más para la más innovadora del mundo, que más que honor ya se ha convertido en excusa gubernamental.
Si privatizan o no, eso ya es cosa del alcalde, si se dejan privatizar o no, eso ya es cosa de Medellín.
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