“En el contexto colombiano, se ha establecido una narrativa que plantea los incumplimientos del proceso de paz como una deuda del Estado, interpretada como una traición institucional o una falta de voluntad política. Sin embargo, al examinar con precisión lo acontecido desde la rúbrica de los Acuerdos de La Habana, se evidencia que dicha versión es, cuando menos, incompleta y, en el peor de los casos, deliberadamente engañosa. Efectivamente, se han producido incumplimientos. Sin embargo, estas medidas no han sido unilaterales. En algunos casos, estos han sido identificados con nombres específicos.”
El primer gran quiebre se produjo con la fractura interna de la antigua FARC. La determinación adoptada por figuras como Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, y Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, de desvincularse del proceso y constituir la denominada Segunda Marquetalia no fue fortuita ni una consecuencia inevitable; constituyó una ruptura deliberada con los términos acordados. En esencia, esto representó una renuncia al compromiso previamente establecido tanto con la nación como con las víctimas. Este episodio estableció un precedente grave, al sugerir la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz mientras se mantenía una actitud de preparación para el conflicto.
El segundo incumplimiento ha sido más profundo y doloroso, ya que ha implicado una renuencia sistemática a reconocer la totalidad de los crímenes cometidos. Durante años, Colombia ha recibido informaciones parciales, evasivas o calculadas sobre delitos de extrema gravedad, como el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual y el secuestro prolongado. No se trata únicamente de reconocer responsabilidades jurídicas, sino de asumir una verdad ética completa. En múltiples ocasiones, esta realidad ha demostrado ser evasiva.
El tercer aspecto que se desprende de lo anteriormente mencionado es, quizás, el más revelador del desfase entre el discurso y la realidad, la reparación a las víctimas. La entrega de bienes, recursos y activos para indemnizar a las partes afectadas por el conflicto ha sido inexistente. Las FARC no han entregado dinero ni ninguno de los bienes de procedencia ilícita que poseen. Mientras tanto, se estableció la narrativa de que el país debía avanzar hacia la reconciliación sin que existiera una correspondencia real en términos de justicia restaurativa. Sin embargo, hoy se observa un cambio discursivo que resulta inusual, ya que quienes anteriormente defendieron el proceso y a sus protagonistas sin reservas ahora buscan distanciarse, como si no hubieran sido parte activa de ese respaldo político.
Es en este contexto donde el progresismo colombiano, y específicamente figuras como Iván Cepeda Castro, buscan influir en la narrativa pública. Se mencionan fallas estructurales, incumplimientos estatales y contextos desfavorables. Es posible que estos puntos sean ciertos en alguna medida. Sin embargo, omitir las responsabilidades de quienes suscribieron el acuerdo y posteriormente no lo honraron constituye una tergiversación de los hechos históricos. Es preciso tener en cuenta que fue el hoy candidato a la presidencia, de la izquierda progresista colombiana, quien con abrazos, respaldos políticos y legitimaciones públicas impidió que se recapturaran y extraditaran para que pagaran por sus delitos. Es importante señalar que, durante años, se defendió la implementación del acuerdo como un proceso incuestionable, incluso frente a señales evidentes de desviación. Asimismo, no es posible elaborar una narrativa en la que los errores siempre sean atribuidos a terceros y las responsabilidades siempre recaigan en otros.
Resulta evidente que la victimización política de quienes anteriormente se han visto beneficiados de manera extraordinaria, garantizándoles participación en el Congreso, y que actualmente alegan exclusión o persecución, constituye un problema de mayor envergadura. Las curules asignadas no constituían un reconocimiento simbólico, sino que representaban un componente esencial de un modelo de transición diseñado para integrar a aquellos que habían dejado las armas en la vida democrática. No obstante, dicho modelo se fundamentaba en una condición implícita, a saber, el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Cuando este compromiso no se mantiene, no solo se compromete un acuerdo, sino también la confianza de la ciudadanía en futuros procesos de paz.
Colombia ha experimentado una situación de gran complejidad, con un alto costo en vidas, sufrimiento y ruptura social. Por lo tanto, no es posible aceptar una versión simplificada de los hechos sin realizar una evaluación crítica. Es preciso evitar la instrumentalización de las víctimas, ya sean líderes sociales o figuras histórico-políticas como Miguel Uribe Turbay, en debates coyunturales o como recurso retórico en campañas políticas. El país requiere de un registro histórico completo y no de una selección de eventos. Es necesario que se establezca la verdad, pero esta debe ser presentada en su totalidad y no de manera parcializada. Es fundamental mantener la coherencia en todo momento, ya que no se puede defender un proceso sin reservas durante años y, posteriormente, en tiempos electorales, actuar como si se hubiera sido un espectador crítico.
Es preciso comprender que la construcción de la paz no se limita a la simple firma de acuerdos, sino que su efectiva implementación es fundamental para garantizar su éxito. Asimismo, es importante destacar que el incumplimiento, independientemente de su origen, debe ser abordado con la misma seriedad y rigor. En contraste, la ausencia de dicha acción no se corresponde con la reconciliación, sino que se manifiesta como una complicidad disfrazada de discurso político. En la actualidad, Colombia se enfrenta al desafío de no dejarse influenciar por narraciones favorables. Cuando la política prevalece sobre la verdad, no solo se pone en riesgo la interpretación del pasado, sino también la capacidad de construir un futuro diferente.
A pesar de los intentos de Iván Cepeda Castro y sectores de la izquierda por distanciarse actualmente, el país no puede aceptar una amnesia conveniente. La cercanía política, la defensa irrestricta y el respaldo público a la antigua FARC no desaparecen por decreto discursivo ni por cálculo electoral. La historia reciente está documentada en hechos, pronunciamientos y decisiones. Resulta impropio de un análisis riguroso y profesional ignorar la responsabilidad política inherente al surgimiento de disidencias como la Segunda Marquetalia. Colombia requiere de un debate serio y constructivo sobre este tema. Ciertamente, dicha evasión constituye una seria amenaza para la confianza ciudadana, menoscabando cualquier auténtico esfuerzo por alcanzar la paz.
Colombia no puede permitirse el lujo de ignorar su historia o simplificar su memoria de acuerdo con intereses circunstanciales. Los ciudadanos se enfrentan a una decisión de gran importancia, que no debe tomarse a la ligera, ya que implica definir si el país avanza hacia un liderazgo sólido que garantice coherencia, legalidad y respeto por las víctimas, o si, por el contrario, se inclina por proyectos políticos que, en la práctica, han demostrado una ambigüedad frente a actores armados ilegales. La memoria se erige como un acto de responsabilidad democrática, no como un obstáculo. El sufragio, más que una expresión momentánea, constituye una determinación respecto al rumbo institucional y moral del país. En dicha elección se pone en juego mucho más que una contienda política; se define la confianza en las reglas y en la posibilidad real de construir un futuro sin incurrir en los mismos errores del pasado.
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