Los datos son ácidos, inquebrantables. No puedes jugar con un número, pues por más que lo intentes maquillar, siempre saldrá a la luz su implacable realidad.
He tenido una relación de amor y odio con las matemáticas. Estuve cerca de perder mi último año escolar por cuenta de esta materia. Tenía dos oportunidades para demostrar que había aprendido lo suficiente, si no lo lograba debía repetir todo un año, y quizás por unas décimas mi vida hubiese sido totalmente diferente. Después de la primera oportunidad empecé a sufrir un nerviosismo excesivo, había perdido el examen y a tan solo 8 décimas de tener mi título de bachillerato.
Recuerdo esto entendiendo que los datos son ácidos, inquebrantables. No puedes jugar con un número, pues por más que lo intentes maquillar, siempre saldrá a la luz su implacable realidad. Así como con mi examen de recuperación en el colegio, ocurre con el puntaje que obtuvo Colombia en el índice de libertad económica de la fundación Heritage, en una revisión a 100 puntos, Colombia obtuvo 59,2, que lo posicionó como el país 84 de una medición de 184, perdimos el examen.
Para llegar a ese puntaje, Heritage realiza una análisis multivariable. Por razones de extensión me enfocaré en la variable “derechos de propiedad” que obtuvo un puntaje de 45. Hay varias formas de interpretar estos derechos de propiedad, aquí se enfatizará respecto al uso del suelo. Para entenderlo mejor, asistí el 13 de febrero, a una serie de paneles en la universidad EAFIT organizados por el Instituto de Ciencia Política (ICP) para exponer la problemática de las nuevas regulaciones del uso del suelo con los actores afectados por el gobierno nacional. Para desglosar algunos conceptos claves desarrollados en el panel, es importante visibilizar cómo opera la cosmovisión de los reguladores en este asunto.
El ser humano es un cáncer
La racionalidad detrás de las regulaciones ambientales y los motivos ideológicos de quienes las promueven es la perspectiva ecologista, donde se critica el sistema capitalista por ser el causante de la crisis ambiental, sugiriendo que no hay conciliación posible entre el capitalismo y la ecología. Esta visión sostiene que la «lógica ecológica» es diametralmente opuesta a la «lógica capitalista», afirmando que «no se puede salvar la tierra en el marco del capitalismo»[1].
Los ecologistas argumentan que no se trata solo de mejorar el medio ambiente dentro del sistema existente, sino de cambiar radicalmente el sistema mismo. Este cambio implicaría transformar tanto los procesos de producción como la conciencia individual. La verdadera ecología, según esta corriente, demanda una lucha política que vaya a las raíces del sistema capitalista.
Afirma Horacio Giusto, crítico del ecologismo, que el rasgo común en los diferentes matices de este movimiento es la idea en la que “el ser humano le ha hecho tanto daño al planeta, que si no cambiamos el rumbo, acabaremos con nuestra especie junto con miles más de las que ya hemos extinguido”.
Esta premisa va desplazando gradualmente al ser humano en dignidad, y lo va colocando por detrás en la priorización de la escala de valores, pues ahora, el lugar ocupado por el ser humano, es ocupado por la tierra, por el medio ambiente. En tal lógica que el resultado de esta cosmovisión sea identificar al ser humano como un cáncer para sí mismo, para la tierra y todos los seres que la habitan.
Tensión política
Identifiqué en los panelistas un rechazo a la dicotomía «estar a favor de la minería es estar a favor de la muerte» y «estar en contra de la minería es estar a favor del agua y la vida». Esta polarización, que parece limitarse a una confrontación entre «vida, agua y medio ambiente» versus «muerte, recursos económicos y minería», fue lo que generó tensión entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente de la república.
Desde Támesis el reclamo del gobernador y varios alcaldes del suroeste antioqueño a primera vista parecía un asunto logístico, pero en realidad iba más allá de una petición de respeto en la participación de los alcaldes que faltaban por hablar en el evento del ministerio de agricultura y ambiente. La confrontación esta dada por la intromisión del gobierno nacional en decisiones de carácter local, uno de los panelistas en el evento del ICP lo denominó un “golpe de Estado” contra los alcaldes y concejos locales.
Tensión legal
En Colombia la constitución de 1991 reconoce la autonomía de las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) en materia de ordenamiento territorial y gestión de sus recursos. Sin embargo, las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) al ser impuestas por el gobierno nacional sin una consulta adecuada quitan poder político y administrativo a nivel local. Las APPA y otras nuevas figuras restringen el uso del suelo.
El conjunto de estas figuras, estudiados al detalle, afectan la estructura y funcionamiento de la administración pública, afirma la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Lo que viene
Es claro que no existe coordinación entre el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia y los municipios. Pero es solo lo visible, pues de implementarse este tipo de regulaciones, se generará un clima de desconfianza, que pone en riesgo las inversiones privadas que generan empleo, no solo en el suroeste antioqueño sino en cada una de las zonas donde se pretende implementar este tipo de regulación.
Cuando estaba a punto de perder el grado 11, me senté sin descanso a recuperar matemáticas en el último intento. No pude disfrutar la fiesta de promoción del 2016 con mis compañeros, quienes ya tenían su camino hacia la universidad. Ese episodio lo comparo con lo que vive Colombia hoy: en medio de malas decisiones, aún hay esperanza para exponer, denunciar y ayudar a quienes no ven que, tras el discurso de bienestar social, se esconde un sistema que despoja a las personas de sus tierras con eufemismos y tecnicismos.
Conclusión y alternativas
El socialismo no busca el bienestar social, sino imponer un modelo único desde Bogotá, ignorando la vocación productiva de las regiones y vulnerando la libertad de los empresarios del campo. Bajo la teoría de la elección pública, estas políticas centralizadas responden a incentivos perversos: maximizar el poder y control de unos pocos, generando ineficiencias, corrupción y clientelismo. Los costos de transacción se disparan, la incertidumbre jurídica crece y la inversión se desincentiva, perpetuando el subdesarrollo rural.
La solución no está en más regulaciones, sino en fortalecer la autonomía de las comunidades locales, respetar los derechos de propiedad y fomentar la inversión privada. Esto implica:
- Descentralización real: Transferir competencias y recursos a municipios y departamentos.
- Seguridad jurídica: Proteger los derechos de propiedad frente a decisiones arbitrarias.
- Incentivos a la inversión: Crear un entorno favorable para capitalizar tierras y generar empleo.
- Participación eficiente: Establecer consultas transparentes que no sean barreras burocráticas.
Debemos denunciar las políticas que, bajo el disfraz del bienestar social, concentran poder y control. La esperanza está en construir alternativas que promuevan la libertad económica, la autonomía territorial y el desarrollo sostenible, sin sacrificar los derechos individuales en nombre de un colectivismo que solo beneficia a unos pocos. Así como me esforcé por recuperar matemáticas, hoy debemos trabajar con esmero para que estas malas decisiones nos impidan construir un futuro próspero y libre para Colombia.
[1] Herbert, Marcuse. Ecología y Revolución.
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