La Corte Constitucional ha tumbado los artículos 33 y 140 Código Nacional de Policía que prohibían el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público, lo cual, a todas luces, significa un gran avance en materia de libertades y derechos en Colombia. Los artículos mencionados violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque el Estado no puede decirme que debo o no debo hacer en mi esfera privada.
El argumento base es: Si la sustancia consumida solo afecta mi cuerpo, el Estado no puede intervenir. Si la sustancia consumida tiene como consecuencia que se afecten otras personas en el Código de Policía hay otras disposiciones que permiten solucionar dicho fenómeno y detener, por ejemplo, las riñas. Pero, no se puede castigar el consumo, como excusa para frenar las riñas, cuando se entiende que no todo consumo es problemático, ni todo consumidor es adicto.
Lo que se había hecho hasta ahora era crear una política regresiva y represiva para luchar contra el narcotráfico, que en vez de perseguir al narcotraficante castigaba al consumidor y ciudadano del común. Llegando incluso a satanizar, en términos generales, lo que significa tomarse una cerveza. La norma decía, explica la magistrada Diana Fajardo, que cualquier consumo, cualquier sustancia y en cualquier cantidad, daría lugar a una medida correctiva.
“»Si alguno con una cerveza se descontrola, la Policía debe intervenir no porque haya consumido cerveza sino porque agredió a otra persona. Acá lo que se está protegiendo es que no haya alteraciones de la convivencia. Encontramos que no necesariamente el consumo genera esa alteración».
Lo que la Corte decidió es que el Estado debe perseguir los comportamientos violentos que se pueden generar en el espacio público como causa del consumo desmedido y no al consumo. Es castigar la conducta, no el consumo.
Así, la polémica se ha armado. Gran parte de la opinión pública se ha ido en contra de la Corte Constitucional. Todo tipo de personalidades han condenado la decisión, desde la candidata a la Alcaldía de Bogotá Claudia López, pasando por los alcaldes de Medellín y Bogotá y el propio senador Álvaro Uribe, quien ha propuesto irse en contra de estas decisiones. No señores, nadie debe irse en contra de la Corte Constitucional, quien ha tomado una decisión en derecho y en defensa de la Constitución.
He sido un defensor del papel de la Corte Constitucional en nuestro sistema político. Genera un contrapeso y equilibrio necesario, que a muchos incomoda; pero, que precisamente está pensada para eso. La Corte Constitucional, por naturaleza, es antidemocrática o, por lo menos, anti-mayoritaria, y eso la hace tan valiosa.
Quiero aprovechar la coyuntura para proponer diferenciar los parques y sus usos, de forma que se pueda reglamentar el uso del espacio público en Colombia. No todos los parques tienen la misma vocación, no todos los parques tienen el mismo público. Por ende, deberían ser sujetos de regulaciones distintas, para que puedan ser aprovechadas, dentro de la constitución, por los grupos sociales que en cada uno habitan.
Así, partimos de una idea y es: el Parque de El Poblado no ha sido tradicionalmente un espacio para la recreación de niños y familias, sino para el esparcimiento de jóvenes. ¿Por qué prohibir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en éste usando como excusa los niños? ¿Qué tal un picnic en familia donde un adulto se toma una cerveza o una copa de vino? ¿De qué forma este acto es una causa directa para dañar el espacio público y afectar la convivencia?
Ya no más. No pongamos más a los niños como excusa para cualquier debate político. Sobre todo, cuando así se evita leer el contexto real de las problemáticas. Más bien, regulemos el consumo de estas bebidas en zonas cercanas a centros educativos, como colegios o en parques que se han enfocado específicamente en la recreación infantil. Es impensable, entonces, que en un parque como el de El Poblado se prohíba sentarse a hablar, tomarse una cerveza y comerse una empanada.
¡Legalicen el espacio público! ¡legalicen la cerveza! ¡legalicen la empanada!
Postdata 1: El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a raíz del fallo dijo “¿cuántos barrios son sometidos por el poder criminal de la droga?”, omitiendo que el consumidor no tiene la culpa. La culpa es de los grupos narcotraficantes, a quienes hay que perseguir con toda la fuerza de la ley. Alcalde, menos espectáculo y más gobierno, que se le acabó el periodo y poquito logró.
Postdata 2: Desde la derecha radical sea propuesto salir a protestar. Mi mensaje: salgan, protesten, griten, pero en Colombia hay un equilibrio de poderes y las Altas Cortes se respetan.
