Dentro del Estado de derecho el respeto por las instituciones democráticas representa la prevalencia del imperio de la ley sobre las formas. El primer paso para la legitimidad de la lucha social es lograr la legalidad dentro de las instituciones veedoras de los procesos representativos, que permita garantizar unas elecciones con transparencia sobre la soberanía que recae a la decisión del pueblo en las urnas.
Esta semana el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó la detención del jefe de Estado venezolano. Reuniendo las voces de una organización que fue creada con la finalidad que estos actos antidemocráticos no se volvieran a gestar. La solución que todos queremos escuchar, pero que en términos judiciales carece de legitimidad. Venezuela desde 2019 no reconoce la jurisdicción contenciosa de la OEA. Por lo que dichas medidas son popularmente aceptadas, pero jurídicamente irrelevantes. Hay quienes sustentan que el presidente interino Juan Guaido reconoció la legitimidad en 2022 y esto obliga al Estado venezolano a reconocer la orden.
Sin embargo, el cumplimiento de dicha orden impone la lucha armamentista y la unión de los Estados para ejecutar la orden, millones de vidas expuestas a una lucha que corresponde a intereses políticos y económicos ajenos a quienes ponen los muertos.
Regresar la libertad a un pueblo cautivo convoca una serie de voluntades políticas, sociales y económicas de tal envergadura que hoy debe cuestionarnos ¿si América está dispuesto a pagar el precio? Las dictaduras latinoamericanas han sido derrocadas después de baños de sangre de propios y ajenos. Hoy la sociedad liquida propuesta de Bauman se encuentra fragmentada y lejana de todo aquello que suene a peligro.
Ojalá fuéramos esa sociedad generosa, valiente y dispuesta de mitades del siglo XX. La que sacrificaba sus vanidades por la lucha colectiva y el bienestar común. En cambio, mientras nuestras comodidades no se encuentren afectadas, vivimos del consumismo mediático, el apoyo austero y la critica constante.
Dentro del Estado de derecho el respeto por las instituciones democráticas representa la prevalencia del imperio de la ley sobre las formas. El primer paso para la legitimidad de la lucha social es lograr la legalidad dentro de las instituciones veedoras de los procesos representativos, que permita garantizar unas elecciones con transparencia sobre la soberanía que recae a la decisión del pueblo en las urnas.
Hoy, más que ayer deberíamos cuestionarnos el papel de los órganos de control en ejercicios de democracia y representación política. ¿es la voz del pueblo la que se representa en las elecciones populares o son los intereses gremiales los que prevalecen en el estado social de derecho en los países latinoamericanos?.
Maravilloso análisis del tema,me encantó leerlo ,
como siempre felicitaciones