Si los organismos multilaterales fueran una serie de televisión, serían un drama interminable… y mal actuado. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) promete paz, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dice defender la democracia, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que rescata economías. Pero, cuando las cámaras se apagan, el guion es predecible: los países poderosos deciden, los demás obedecen, y el ciudadano promedio paga las consecuencias. El problema no es solo su ineficacia visible, sino la ausencia de mecanismos reales de control. ¿Quién fiscaliza a los que, en teoría, velan por el bienestar global? Nadie. Y ese vacío de responsabilidad convierte a estas instituciones en estructuras intocables que perpetúan un orden desigual.
La ONU, por ejemplo, es un símbolo de esta paradoja. Creada para garantizar la paz mundial, está atada a los intereses de cinco países con poder de veto en el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Mientras tanto, el resto del planeta asiste como espectador a decisiones donde su voz tiene poco peso. Esto no es una cuestión abstracta; tiene consecuencias directas y devastadoras. El bloqueo sistemático de resoluciones en conflictos como el de Siria o Palestina demuestra que, mientras las potencias tengan algo que proteger, las vidas humanas pasan a un segundo plano. La ONU no solo está paralizada por su estructura obsoleta, está secuestrada por quienes tienen el poder de decidir qué crisis importan y cuáles no.
Pero no se trata solo de política. La maquinaria burocrática que sostiene estos organismos consume una parte significativa de los recursos que deberían destinarse a las emergencias globales. Según datos del propio organismo, el presupuesto operativo de la ONU supera los 3.200 millones de dólares anuales, sin contar sus agencias especializadas. Buena parte de esos fondos se pierden en una red de oficinas, consultorías y procesos administrativos que poco aportan a soluciones reales. Este modelo, lejos de garantizar transparencia, convierte a la ONU en una estructura donde las decisiones más importantes se toman a puertas cerradas, lejos de cualquier escrutinio público.
La OEA, por su parte, no es más que una extensión de la política exterior estadounidense disfrazada de institución multilateral. Más del 50% de su presupuesto proviene de Washington, lo que condiciona inevitablemente su agenda. Los ejemplos sobran: en Bolivia, la OEA jugó un papel fundamental en la deslegitimación de las elecciones de 2019, facilitando un golpe de Estado disfrazado de transición democrática. Pero cuando se trata de los abusos de gobiernos aliados, como Colombia durante las protestas de 2021, la respuesta es tibia y tardía. No es casualidad: el que paga, manda. Mientras tanto, las democracias débiles en América Latina siguen a merced de intereses ajenos que poco tienen que ver con el bienestar de sus pueblos.
En el ámbito económico, el FMI es la cara más visible de un sistema diseñado para perpetuar la dependencia. Sus programas de “rescate” imponen políticas de ajuste que, lejos de resolver las crisis, las profundizan. Argentina es un ejemplo emblemático: el préstamo de 57.000 millones de dólares en 2018 no estabilizó su economía, solo la hipotecó por generaciones. Hoy, con una inflación desbordada y más del 40% de la población en situación de pobreza, el país vive las consecuencias de políticas diseñadas en oficinas lejanas, por burócratas que nunca enfrentan las realidades de las sociedades que intervienen. En lugar de soluciones estructurales, el FMI ofrece recetas estándar que ignoran las complejidades locales y agravan las desigualdades existentes.
Frente a este panorama, es fácil caer en el cinismo o en la tentación de pensar que estos organismos son irreformables. Pero esa postura ignora una verdad incómoda: el mundo sigue necesitando estructuras de cooperación internacional. El problema no es su existencia, sino la manera en que están diseñados. Y si no se transforman, el precio lo seguirán pagando los países más vulnerables. Reformar estos gigantes burocráticos no es una utopía, es una urgencia.
Un primer paso ineludible es eliminar el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. No es razonable que cinco países tengan el poder de bloquear decisiones que afectan al resto del planeta. Las resoluciones vinculantes deberían aprobarse por mayoría calificada, no por el capricho de unas cuantas potencias. Además, es imperativo establecer mecanismos de auditoría independientes que supervisen el uso de los recursos de estos organismos. ¿Por qué no crear un comité externo conformado por universidades, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes que analicen el destino de cada dólar invertido? La transparencia no puede depender de la voluntad interna; debe ser exigida desde fuera.
En el caso del FMI, es urgente redistribuir el poder de decisión. Las economías emergentes, que son las más afectadas por sus políticas, deberían tener un peso real en las decisiones. Actualmente, los países del G7 controlan más del 80% de los votos, lo que significa que las naciones endeudadas no tienen voz en las condiciones que se les imponen. Esta asimetría no solo es injusta, es ineficaz. Un FMI más equitativo permitiría diseñar programas de apoyo adaptados a las realidades locales, no simples recetas de austeridad.
Pero las soluciones no pasan solo por reformar lo que ya existe. También es necesario fortalecer los mecanismos regionales alternativos. América Latina, África y Asia tienen el derecho –y la responsabilidad– de crear sus propias instituciones de cooperación, capaces de responder a sus necesidades sin estar sometidas a los intereses de las grandes potencias. Iniciativas como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o el Banco del Sur son pasos en esa dirección, aunque todavía carecen del respaldo político y financiero necesario para ser una verdadera alternativa.
Es evidente que transformar estos organismos no es sencillo. Pero el verdadero peligro no está en el cambio, sino en mantener un sistema que ya ha demostrado ser incapaz de responder a los desafíos del siglo XXI. La paz mundial, la estabilidad económica y la defensa de los derechos humanos no pueden seguir siendo privilegios de unos pocos países que escriben las reglas según sus intereses. Es hora de exigir un sistema global más transparente, más democrático y, sobre todo, más responsable.
La pregunta no es si estos organismos pueden cambiar. La pregunta es cuánto tiempo más permitiremos que un grupo reducido de naciones decida el destino del mundo entero sin rendir cuentas a nadie. Porque mientras no toquemos las estructuras de poder, la cooperación internacional seguirá siendo un ideal vacío, y los costos de esa inacción los seguiremos pagando todos.
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