Hace algún tiempo ya, en estas mismas líneas comentábamos el peligro de no darnos cuenta que estamos perdiendo, al menos, una generación en manos de las mafias del crimen organizado. Una generación que esta abandonando las escuelas y colegios para dedicarse a actividades ilícitas alrededor del microtráfico de drogas, sicariato y extorsiones, donde en provincias como Esmeraldas ganan hasta 300 dólares a la semana. Es indispensable entender que las lógicas de la guerra por el control del territorio que mantienen diferentes bandas y organizaciones criminales, incluyen el reclutamiento de menores para engrosar sus ejércitos, como lo hemos visto en numerosos conflictos armados.
Uno de los pilares que sostiene el Estado moderno, es el monopolio legítimo de la violencia que se traduce en la capacidad de controlar el territorio nacional a través de las fuerzas del orden, la Policía o sus similares para el control interno y el ejército para defenderse de las amenazas extranjeras, generalmente otros países. Sin embargo, las lógicas instauradas por el crimen organizado han roto los paradigmas clásicos de concebir el Estado y la seguridad. Cada vez más seguido miramos con asombro las capacidades militares que despliegan los grupos de crimen organizado, y el crecimiento de sus ejércitos.
Esto nos ha llevado a guerras que responden a lógicas e intereses trans-nacionales pero que se disputan dentro de los territorios nacionales, por el control de rutas, puertos de embarque y zonas de producción de drogas. Por lo que bandas y pandillas locales se esfuerzan en crear grandes ejércitos al servicio de las mafias y grupos de crimen organizado. En este esfuerzo por cooptar miembros, ya no basta con la promesa del dinero, o el “poder” que suele ser efectiva para atraer jóvenes empobrecidos, empezamos a escuchar cada vez más casos de reclutamiento forzado a través de amenazas contra la vida e integridad de los jóvenes, pero también de sus familias; así como secuestros y casos de trata asociados también a esclavitud sexual.
Tampoco basta con el reproche, o con la culpa y criminalización. Suele ser cómodo opinar de las vidas o la crianza de estos jóvenes desde nuestras ciudades que parecen blindadas a estas formas de violencia, pero cada vez más vemos que no, que los coches bomba están en la capital, que el reclutamiento forzado de menores se da en Quito, a 30 minutos del centro financiero, cada vez más no podemos seguir pretendiendo que la violencia es una cosa aislada y lejana de nosotras ¿Qué hacemos con estas generaciones? ¿Hacia que modelo de país queremos avanzar? ¿Vamos a seguir atrincherándonos en espacios hiper vigilados y controlados para renunciar a la libertad de movilidad y de disfrute del espacio para no ver lo que pasa fuera de las murallas de nuestros condominios y clubes privados, mientras son los jóvenes más empobrecidos los que ponen el cuerpo y la vida en una guerra que no parece tener fin?.
Hay una elección presidencial a la puerta de la esquina, y en ella se enfrentan dos modelos de país, de los cuales también se desprende la responsabilidad de construir y reconstruir los proyectos de vida de estas generaciones. Esperemos estar a la altura de este momento, sino por nosotras, por las generaciones que vienen.
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