Como concejal de Itagüí, ayer recibí un testimonio que me estremeció y me recordó por qué debemos hablar con valentía de un tema que muchos prefieren evadir. No es una anécdota inventada, ni un rumor de redes sociales: es una historia real, acompañada de datos oficiales de la administración municipal, que revela una realidad imposible de seguir ignorando.
El Testimonio que Nos Despierta
“Mi hija y su compañera del colegio Simón Bolívar estaban en la puerta principal tras el día de la antioqueñidad. Un indigente se les acercó pidiéndoles comida y dinero. Como le dijeron que no tenían, él les respondió que si habían visto lo que le hicieron al pelao que mataron, que él podía hacerles lo mismo. Las niñas llegaron llorando y temblando a la casa. Mi hija tiene 15 años y, aunque siempre la lleva y la recoge su papá, ahora tiene miedo de volver a estudiar y encontrarse con ese hombre”.
La madre concluyó con un llamado desgarrador: “Ya no estamos tranquilas. Esto se salió de control. Pedimos que revisen las cámaras, que identifiquen a ese hombre y nos den seguridad en Itagüí”.
Ese clamor es el reflejo del miedo cotidiano que viven muchas familias. Una niña de 15 años amenazada de muerte frente a su colegio. Una madre desesperada que solo pide lo básico: seguridad para su hija.
Mi Posición: Clara y Sin Ambigüedades
Cuando en el Concejo Municipal afirmé que había que “hacer lo que haya que hacer” y que no me importaba lo que pensaran ciertas veedurías, me refería a algo muy preciso: la obligación legal y constitucional que tiene la administración municipal de cumplir integralmente la normatividad vigente.
No se trata de una postura personal o emocional, sino de una exigencia sustentada en la ley:
- Ley 1641 de 2013: Política pública obligatoria para habitantes de calle.
- Ley 1566 de 2012: Atención integral al consumo de sustancias, incluso con internación involuntaria cuando hay riesgo para terceros.
- Código Nacional de Policía: Establece medidas correctivas frente a alteraciones de la convivencia.
- Constitución Política: Reconoce tanto el derecho a la dignidad como el derecho a la seguridad.
Los Datos Oficiales que Nos Dejan Mal Parados
El informe del segundo trimestre de 2025 de la Secretaría de la Familia confirma lo que ya sabemos en la calle: la respuesta institucional es insuficiente.
Programa: Apoyo y rehabilitación a personas en situación de calle y con adicciones
- Reconocimiento y vinculación de habitantes de calle: $203.309.600
- Atención directa: $400.000.000
- Total: $603.309.600
- Meta para 2025: 34 personas atendidas
- Avance al primer semestre: 48% (16 personas)
Programa de adicciones
- Presupuesto: $1.851.650.400
- Cupos programados: 85 personas
- Avance: 48% (41 personas)
La Pregunta Incómoda
¿De verdad alguien puede creer que con capacidad para atender a 34 habitantes de calle y a 85 personas con problemas de adicción en todo un año, se resolverá una problemática que golpea diariamente a miles de ciudadanos?
Mientras una niña llora en su casa porque fue amenazada frente a su colegio, las cifras oficiales demuestran que la atención es mínima.
El Desequilibrio en la Defensa de Derechos
En este debate democrático debemos señalar algo incómodo: algunas veedurías y organizaciones sociales se han enfocado exclusivamente en defender los derechos de los habitantes de calle, pero han guardado un silencio estruendoso frente a los derechos de quienes cumplen la ley, pagan impuestos y sostienen a este municipio.
Los Derechos que También Existen
- Derecho a la seguridad: que una niña estudie sin miedo.
- Derecho a la tranquilidad: que las familias no teman al enviar a sus hijos al colegio.
- Derecho al espacio público seguro: que la puerta de un colegio no sea zona de amenaza.
- Derecho especial de los niños a la protección: artículo 44 de la Constitución.
¿Dónde están los comunicados defendiendo a esta estudiante del Simón Bolívar? ¿Por qué no se moviliza la misma energía jurídica y mediática para proteger a una niña de 15 años?
La Realidad que No Podemos Ignorar
Este caso no es aislado. Representa lo que muchas familias viven a diario. Aquí ya no hablamos de percepciones: hay nombres, fechas y un lugar preciso.
No es criminalizar la pobreza. Es reconocer que existen comportamientos que alteran la convivencia y que la ley manda corregir.
Mi Propuesta: Integral y Equilibrada
Lo que propongo no es persecución, es responsabilidad.
Para habitantes de calle:
- Incrementar la meta anual de 34 a al menos 200 personas atendidas.
- Centros de atención especializados 24/7.
- Programas efectivos de desintoxicación y rehabilitación.
- Atención médica y psicológica continua.
- Programas de reinserción laboral y social.
Para la convivencia ciudadana:
- Aplicación real del Código Nacional de Policía.
- Medidas correctivas frente a alteraciones graves.
- Internación involuntaria cuando haya riesgo para terceros (Ley 1566).
- Coordinación permanente entre Policía, Fiscalía y Secretaría de Salud.
- Protocolos claros para casos como el de esta estudiante.
Un Llamado a la Responsabilidad
Los derechos no son excluyentes. Defender a los más vulnerables no puede significar abandonar a los demás. Una niña amenazada en la puerta de su colegio merece la misma indignación que cualquier otra vulneración de derechos.
Mi Compromiso
Como concejal de Itagüí, mi compromiso es firme:
- Exigir el cumplimiento integral de la ley.
- Defender todos los derechos, sin excepciones.
- Impulsar políticas equilibradas, humanas y responsables.
- No callar frente al miedo de las familias.
Reflexión Final
Los derechos humanos son universales. Una democracia justa no puede proteger a unos y desproteger a otros.
Cuando una madre me dice que su hija tiene miedo de volver al colegio porque fue amenazada de muerte, allí también se están violando derechos fundamentales.
Mi mensaje a la administración municipal es categórico: cumplan la ley completa. Atiendan a los habitantes de calle con dignidad y metas reales, pero garanticen también que nuestros niños puedan estudiar sin miedo.
Eso significa “hacer lo que haya que hacer”, dentro de la Constitución y la ley. Ese es mi compromiso y esa seguirá siendo mi lucha.
“Los derechos de una niña de 15 años son tan importantes como los de cualquier otra persona. En una democracia verdadera, todos los derechos importan y todos los ciudadanos merecen protección.”
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