En las montañas del suroeste antioqueño, hay un lugar donde la tierra aún huele a café recién tostado y las quebradas bajan cantando historias de abuelos. Ese lugar se llama Jericó. Pero lo que debería ser un territorio de paz y cosecha, hoy vive una historia amarga: la de once campesinos perseguidos por defender lo que para ellos no es un recurso, sino la vida misma.
Esta es una mini crónica de lo que ocurre cuando el capital se disfraza de progreso y el Estado se convierte en notario del despojo.
- La tierra que no se vende
En Jericó, la montaña no se mira con codicia, se mira con gratitud. Allí, las manos campesinas han sembrado alimentos por generaciones, cuidando el equilibrio sutil entre los cultivos, el agua y el monte. No hay teorías abstractas de sostenibilidad, hay saberes encarnados. Cómo leer el cielo para sembrar. Cómo guardar las semillas. Cómo agradecerle al río. Cómo compartir el saber con los vecinos.
Pero durante las últimas dos décadas, una amenaza con nombre y apellido ha querido cambiarlo todo: AngloGold Ashanti, una multinacional minera sudafricana que no ve en la montaña un hogar, sino un hueco por abrir y vaciar. Desde su lógica, el territorio es un conjunto de cifras bajo tierra: onzas de cobre y oro, porcentajes de rentabilidad, proyecciones extractivas. Nada de eso entiende de memoria, ni de comunidad, ni de dignidad.
La llegada de la empresa trajo consigo promesas, maquinarias, plataformas de exploración que aparecieron en silencio, sin concertación. Con capuchas. De noche. Las comunidades, alertas, respondieron con plantones, con cultura, con dignidad. Y fue entonces cuando empezó la otra minería: la judicial.
- Cuando la protesta se vuelve delito
Primero fue una querella contra más de ochenta líderes y campesinos. Luego, la Fiscalía transformó el derecho a la protesta en una escena criminal. A los once de Jericó los acusaron de secuestro y hurto, como si la dignidad pudiera ser juzgada con códigos penales. ¿Su crimen? Participar en una acción pacífica para impedir el paso de un vehículo de la empresa que habría ingresado sin autorización, solicitar explicaciones y ejercer el derecho constitucional a la protesta.
Pero en Colombia, defender el agua puede costar una imputación penal. Los fiscales no hablan desde el territorio: hablan desde escritorios lejanos, donde los mapas no tienen montañas sino zonas de explotación minera.
Incluso, una de las primeras querelladas fue una niña de 16 años. Otros, en su mayoría, son abuelos cultivadores que viven del café, el plátano, el maíz o las hortalizas. Ninguno tiene abogados de bufete. Pero todos tienen algo más peligroso para el poder político o económico: tienen un vínculo amoroso con su tierra y una comunidad dispuesta a no callar. Dispuesta a resistir con ellos.
- No es solo Jericó
Pero ¡ojo!, lo que ocurre en Jericó no es una excepción: es parte de una matriz que se repite en toda América Latina. Que se ha repetido por décadas –por no decir que ya forma parte de nuestra historia de despojo–. La criminalización de defensores ambientales es el precio de un modelo de desarrollo que sigue entendiendo el progreso como excavadora. Y el desarrollo, como desposesión.
AngloGold Ashanti es un símbolo global de ese modelo. Ha sido sancionada en Colombia y el mundo por violaciones a las normas ambientales y a los derechos humanos. En el Tolima, fue multada por captación ilegal de aguas. En Jericó, por instalar maquinaria sin licencia. En Ghana, fue denunciada por contaminación de fuentes hídricas y represión violenta. En la República Democrática del Congo y en Guinea, ha sido señalada por vínculos con abusos a poblaciones locales, represión a comunidades y uso excesivo de la fuerza.
Pero más que sanciones, vigilancia o control efectivo, lo que la empresa ha encontrado en la Antioquia gobernada por el uribismo es un ecosistema político favorable: alcaldes que miran hacia otro lado, líderes regionales cooptados por promesas de empleo, sectores de la extrema derecha que actúan como socios ideológicos del proyecto minero, e incluso un gobernador que ha nombrado en cargos estratégicos a personas con vínculos previos con la empresa, como ocurre con la actual gerente de Teleantioquia, quien fue durante años directiva de AngloGold Ashanti. En ese ajedrez de poder, los campesinos son tratados como peones que estorban.
- La montaña que canta
Y sin embargo, Jericó canta.
Canta en las misas de domingo, donde la iglesia recuerda que primero está la vida.
Canta en las casas, donde los jóvenes pintan murales de agua y resistencia, o en las camisetas que estampan en el parque principal.
Canta en las voces de los abogados populares que, sin trajes ni cámaras, acompañan a los once de Jericó porque creen que la justicia no puede estar secuestrada por el capital.
La ONU ya se ha pronunciado pidiendo garantías para los campesinos. También la Defensoría del Pueblo, y hasta el Presidente de la República ha mostrado su respaldo a los campesinos. Las organizaciones sociales y ambientales de todo el país han alzado la voz. Pero más allá de los comunicados, lo que hoy se necesita es que la sociedad entera entienda que no están juzgando a once campesinos, están intentando sentar en el banquillo a la naturaleza misma, a través de sus guardianes.
- ¿Quién defiende a los que nos defienden?
Este escrito es una pregunta abierta.
¿Qué justicia es esta que protege al que perfora y persigue al que siembra?
¿Qué desarrollo es ese que exige enmudecer la vida para extraer oro?
Lo de Jericó no es un caso judicial. Es una encrucijada civilizatoria.
Frente a ella, hay una certeza: los pueblos que defienden la tierra no están solos. No pueden estarlo. Porque cada vez que un campesino es judicializado por cuidar el agua, nos están diciendo a todos que el oro vale más que la vida. Y ante eso tenemos que reaccionar de forma solidaria.
Jericó nos convoca a elegir: o nos quedamos callados viendo cómo se entierra el país bajo el despojo, o nos ponemos del lado de los que todavía creen que una montaña viva vale más que todo el oro del mundo.
¿Usted qué quiere hacer?
¿De qué lado está?
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